Esperan por aseguradoras para reconstruir iglesias

A cinco años y medio del paso del huracán María, la pugna sobre el papel de las aseguradoras luego de desastres sigue vivo. Al punto de que ayer conllevó un intercambio de posturas entre el gobernador Pedro Pierluisi -quien no ve la necesidad de cambios en las leyes para obligar pagos con rapidez a los asegurados- y el pastor Otoniel Font -quien aseguró que sí urgen cambios porque hay miles de casos en controversia. Según el gobernador, para las reclamaciones en disputa ante las aseguradoras ya “hay procesos de resolución”. Dijo que desde la Fortaleza no prevé un proyecto de ley para una regulación más fuerte a las empresas de seguros, porque a su juicio, la Oficina del Comisionado de Seguros tiene la facultad de multar cuando entienda que las empresas no han actuado de buena fe. Mencionó que en todo caso sería esa la oficina desde donde debe venir cualquier cambio o recomendación por tratarse de un asunto “muy técnico” que no se puede tratar a la ligera. “El comisionado de seguros está atendiendo las querellas ante su consideración diligentemente y tomará cartas en el asunto”, expresó el primer ejecutivo en conferencia de prensa. “Esto no es un área para estar improvisando ni reaccionando, es un área muy técnica. Es el comisionado de seguro el experto en la materia… Cualquier cambio se tiene que hacer juiciosamente, no meramente reaccionando al momento”, agregó. Por su parte, Font aseguró que una controversia con su seguro fue precisamente la razón para que no pudiesen adelantar las obras de reconstrucción de la iglesia Fuente de Agua Viva. Además, indicó que había “un montón de gente en mi iglesia que todavía tiene un montón de reclamaciones del seguro”. “Con respeto al señor gobernador… si vamos a tener una agencia como el Comisionado de Seguro, no le podemos dar tan solo la capacidad de que ponga una multa ficticia de $10,000. El comisionado tiene que tener la capacidad de él ir a ajustar y no depender de los ajustadores de seguros. De no tan solo penalizar y de poner una multa que después no se pueda cobrar. Si vamos a tener servidores públicos con un poder, hay que dar verdadero poder para que hagan el trabajo y defiendan al pueblo”, declaró el pastor. Luego, en un aparte con los medios, el gobernador insistió en que “realmente el comisionado de seguros es el experto en la materia y él es el que tiene que propulsar legislación en esta área o recomendarla”. Sin embargo, no se comprometió a que vaya adoptar algún cambio en ese sentido, sino que apenas se limitó a decir que va a “considerar” cualquier recomendación. En septiembre de 2018, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), bajo la dirección de su hijo Michael Pierluisi, presentó una demanda de clase en representación de los asegurados en contra de unas 14 compañías de seguros por la demora en el pago de las reclamaciones relacionadas con los daños ocasionados por el huracán María. En ese momento, Pierluisi dijo que a un año del huracán María era inaceptable que miles de consumidores no hayan recibido el pago de sus reclamaciones a las aseguradoras. El comisionado de seguros no respondió ayer los pedidos de entrevista o comentarios de este medio. Tampoco ofreció información actualizada de pugnas pendientes al día de hoy con las aseguradoras tras el paso de María. El pastor mencionó que todavía evalúa la posibilidad de demandar a la empresa y al agente a cargo de su póliza, máxime cuando otras pólizas similares, pero de menor cuantía, sí se las pagaron. “La diferencia es que una era de $300,000 y esta era de $800,000”, precisó. Acto simbólico Las expresiones surgieron durante un acto simbólico de colocación de la primera piedra para levantar nuevamente la iglesia que recibió una obligación del programa de asistencia pública para obras permanentes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) de $32.5 millones. Esa cifra solo cubriría las obras para el templo y no incluyen los trabajos en la torre aledaña que se trabajarán con otros fondos. Se espera que una vez tengan los permisos municipales -que están gestionando- la obra tome entre 18 a 30 meses en completarse. Manuel Laboy, director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), indicó que las iglesias se consideran “críticas” en términos de los servicios que ofrecen a la comunidad después de un desastre y por eso pueden recibir fondos de FEMA. “La reconstrucción de Puerto Rico es un esfuerzo que se está llevando a cabo a través de toda nuestra Isla y por medio de todos los sectores que impactan la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas... Las iglesias proveen servicios que son parte integral de nuestro desarrollo socioeconómico, por lo que su reconstrucción es también importante para Puerto Rico”, sostuvo el gobernador al tiempo en que negó que su presencia en el lugar respondiera a un esfuerzo de asegurar votos de cara a las próximas elecciones. Mientras, Font dijo que luego del huracán lo único que quedó en pie fue la cocina y que contrató un chef que durante semanas ofreció hasta mil almuerzos. Se informó que unas 1,780 iglesias o instituciones de base de fe cuentan con fondos obligados por FEMA que ascienden a $480 millones. Durante la conferencia estuvo presente el exgobernador popular Alejandro García Padilla, a quien Font le agradeció su orientación sobre los fondos disponibles a los que podía acceder, que de otra manera no se hubiera enterado porque yo “nunca estoy pendiente a cosas de eso”.