La reducción de $350 millones —impuesta en el presupuesto de Ricardo Rosselló— a las partidas que reciben los municipios desde las arcas del Gobierno central empieza a tener sus efectos. Al parecer, quienes más se afectarán por esta medida de ahorro son los empleados públicos de los ayuntamientos, pues, al verse cortos de flujo de efectivo, los alcaldes han decidido reducir la jornada laboral o no renovar contratos.
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Estragos crisis económica hacen que alcaldes tomen medidas drásticas
Ponce implantó una jornada de 20 horas semanales
Este es el caso de Vieques, cuyo ejecutivo, Víctor Emeric, decidió que los empleados solo trabajarán cinco horas al día. En Ponce, María Meléndez implementó una jornada de 20 horas semanales.
En Vega Alta, el alcalde Oscar Santiago no renovó el contrato de 40 personas para el próximo año. Por su parte, Carlos Molina, líder de Arecibo, aumentó la contribución del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales de 10.33 % a 11.83 %. Sin embargo, aumentó su sueldo de $5,112 a $8,000 mensuales. Molina también estableció en su ayuntamiento un sistema para cobrar a los ciudadanos por el recogido de basura. Su homólogo en Cabo Rojo, Roberto Ramírez, también cobrará por recoger los desperdicios sólidos, pero a través de un sistema de bolsas plásticas.
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