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Justicia

Evalúan la efectividad del Registro de Ofensores Sexuales

Entidades que ofrecen servicio a las víctimas analizan la ley de 2004, mientras Justicia informa que trabajan en recomendaciones para fortalecerla

A 18 años de la aprobación de la Ley 266-2004, que creó el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, organizaciones feministas que promueven la prevención de la violencia evalúan la efectividad del estatuto, mientras el Departamento de Justicia informó que trabaja en recomendaciones para fortalecer la legislación.

En entrevista con EL VOCERO, Ilia Vázquez Gascot, gerente del Proyecto Cimarronas, de la organización de Taller Salud, destacó la necesidad de que el registro —cuya ley habilitadora reconoce que hay peligro de que la persona convicta reincida— esté en constante actualización.

“Usualmente, los ofensores sexuales van a estar ahí por período de diez años dependiendo de lo que diga el tribunal y esa persona a lo largo del tiempo, pues va a cambiar porque envejece, cambia su aspecto físico, recorte, tiene o no tatuajes, se hace nuevos tatuajes y toda esa información actualizada es importante para la comunidad, para poder identificar a la persona”, expresó Vázquez.

Señaló que en ocasiones la información incluida en el registro está incompleta y no especifica el delito que cometió la persona bajo el Código Penal.

De estas, 2,906 han sido convictas por delitos sexuales o tentativas de cometerlos, y 126 por abuso contra menores. Los datos muestran que 2,976 hombres y 56 mujeres han sido convictos por estos delitos.

Los pueblos con más ofensores sexuales, indican los datos publicados en el Registro, son San Juan con 254, Bayamón con 151, Carolina con 117 y Ponce con 104, y hay 198 desconocidos.

Además, los municipios con más personas convictas por abuso contra menores son Ponce con 10, Bayamón con 9, Caguas con ocho, y hay ocho desconocidos.

Pueden ser más

Los ofensores podrían ser muchos más, ya que en el registro se advierte que “las personas que han sido arrestadas o acusadas de un delito sexual o un delito que involucre a un niño como víctima, no están obligadas a registrarse a menos que la detención o los cargos criminales resulten en una convicción u orden del tribunal”.

Tanto Vázquez como la ginecóloga forense, Linda Laras, quien fundó el Centro Salud Justicia, que brinda servicio a las víctimas de agresión sexual, coincidieron en que son más los ofensores en la Isla, porque muchas veces los casos se negocian en los tribunales, el delito se degrada y la persona no cumple sentencia por el crimen que originó la acusación.

Vázquez entiende que “eso es una falla porque solamente va al registro aquella persona que tiene una convicción, pero sabemos que hay un montón de casos”.

En su plataforma digital, la Policía reporta que en 2020 se atendieron 704 casos de delitos sexuales de todo tipo, de los cuales 586 de las víctimas eran mujeres y 105 hombres.

Del total de casos atendidos, hubo 74 arrestos y solamente se radicaron cargos criminales en 45 de las querellas. No obstante, solo ocho terminaron en convicción, según los datos de la Uniformada.

Alza en los casos reportados

Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2022, la Policía reportó que han registrado 204 violaciones a la fuerza, un aumento de 36 (21.4%), cuando se compara con el 2021.

Durante este año, el Centro Salud Justicia ha atendido 159 casos, el 80% menores de 18 años. Laras confirmó que en los últimos cuatro años ha habido un alza en la cantidad de casos.

Exhortó a las personas que han pasado por una experiencia de violencia sexual a comunicarse a la línea de emergencia 787-337-3737, que opera 24/7.

“Muchas personas piensan que esto les pasa a otros y cuando ocurre, se sienten confundidas, en crisis, no saben qué hacer. Nuestra recomendación es que nos llamen, que incluso puede textear no tienen que hablar”, indicó.

Faltan servicios para las víctimas

Laras entiende que hacen falta más servicios para las víctimas, principalmente dirigidos a las personas adultas con discapacidad y diferentes necesidades.

Agregó que también hace falta que más personal en el área de la salud esté adiestrado para el manejo de la violencia sexual. “Debe haber más personas de la salud como testigo pericial en los tribunales”, sostuvo.

Indicó que siempre que reciben sobrevivientes de violencia buscan si la persona señalada está en el Registro de Ofensores.

“Como programa, siempre tratamos de que cuando vayan a juicio incluyan mínimamente ir al registro. Siempre exhortamos que eso se haga porque a veces las penas son mucho más cortas que el mismo tiempo de registro (de la agresión)”, aseveró.

Explicó que en ocasiones los ofensores se mudan a otro lugar, y aunque por ley tienen un periodo para reportar el cambio de dirección, hay casos en que no se cumple. Informó que han tenido casos en que el agresor aparece en un registro en Estados Unidos, pero no está registrado en Puerto Rico.

“Este sistema de registro ayuda, pero no podemos contar con el 100%, porque depende de que las personas entren los datos, de que la persona señalada se reporte; tiene muchos factores que pueden influenciar el que esté al día y no quiere decir que el sistema sea malo”, abundó Laras.

Reacciona Justicia

La administradora del Registro de Ofensores Sexuales, Coralys Cruz, indicó a este medio que el listado está diseñado para notificar a la comunidad sobre el paradero de las personas convictas por delitos sexuales, una vez estas se integran a la libre comunidad.

Cruz explicó que el registro incluye a las personas convictas por delitos sexuales en jurisdicciones fuera de Puerto Rico que luego se trasladan a la Isla para residir, estudiar o trabajar.

“El Registro de Ofensores Sexuales es una herramienta efectiva. Hemos estado trabajando en recomendaciones para fortalecer la legislación actual que lo regula”, planteó.

La funcionaria planteó que conforme a la Ley 266, el ofensor sexual tiene la obligación de actualizar su información personal constantemente y aseguró que Justicia “actualiza el registro diariamente”.

Añadió que la Policía y el Departamento de Corrección proveen a Justicia la información requerida sobre los ofensores sexuales para mantener el registro actualizado y completo.

Cruz informó que Justicia renovó en mayo el Registro de Ofensores Sexuales y lo incorporó al Registro Criminal Integrado (RCI), lo que permite tener más control y obtener información certera desde el inicio de estos casos.

Entiende que la determinación de Justicia refuerza “la seguridad de esta herramienta y su manejo” y puntualizó que el acceso ahora es más fácil y las imágenes más claras.

FUENTE: elvocero.com

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