Exigen la salida de la junta

Legisladores del PPD sostienen que el gobierno debe representarse a sí mismo en los casos de quiebra

Si la Junta Federal de Control Fiscal quedara inoperante, ya sea por la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston que declaró inconstitucional la designación de sus miembros o por el vencimiento de dichos nombramientos en agosto próximo, la administración de Ricardo Rosselló no tendría trazada la ruta a seguir o cuáles serían sus propuestas para enmendar la ley Promesa, opinaron ayer dos miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara.

Los representantes populares Luis Vega Ramos y Javier Aponte Dalmau pidieron al gobernador que avale una propuesta enmienda, apoyada por legisladores populares y novoprogresistas, para que el gobierno pueda representarse en los casos de quiebra que se diluciden en los tribunales sin la intervención de la junta fiscal. Sus expresiones surgen a horas de que los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal visiten la Isla para evaluar el impacto de la ley Promesa, firmada por el entonces presidente Barack Obama en junio de 2016.

El sábado pasado Rosselló dijo a la prensa que recibiría a los miembros del comité federal en La Fortaleza y que allí haría sus recomendaciones para enmendar Promesa. Indicó que recomendará que se aclare el lenguaje de la ley para que la junta fiscal no se pueda meter en asuntos operaciones y de política pública del gobierno.

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