Expectativa por el futuro de la legisladora

En lo que se desarrolla la discusión de si se activa o no un proceso para la expulsión de la legisladora novoprogresista María Milagros “Tata” Charbonier —acusada por cargos federales—. el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, le pidió la renuncia y la separó de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico. Charbonier, quien no resultó favorecida con los votos en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), en su aspiración para revalidar en la Legislatura, se declaró no culpable ayer tarde. Agarrada de la mano de su esposo Orlando Montes Rivera y acompañada por su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonier (ambos también acusados), la legisladora abandonó la Fiscalía federal cerca de las 5:00 de la tarde sin hacer expresiones. Su asistente legislativa Frances Acevedo es la cuarta acusada por el presunto esquema de fraude de fondos públicos. Los periodistas —que esperaron por Charbonier durante casi ocho horas— fueron mantenidos por oficiales federales en un punto distante de la salida de la Fiscalía, lo cual permitió que la legisladora y sus familiares abordaran un vehículo todoterreno blanco y abandonaran el lugar. Mientras tanto, al pedido público de renuncia que le hiciera el presidente de la Cámara se unieron representantes del Partido Popular Democrático (PPD) y el representante independentista Denis Márquez. “Como medida cautelar esta mañana (ayer) tomé la decisión de separar a la representante de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico. Aunque reconozco que a la representante le asiste el derecho constitucional de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal de justicia, estoy solicitando su renuncia inmediata al escaño que fue electa en el 2016”, expresó Méndez en declaraciones escritas. En la vista en su contra —en la cual Charbonier se identificó como abogada y no como legisladora— se declaró no culpable por los cargos de conspiración, robo de fondos federales, comisiones ilegales, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos dijo que recibió “entre sorpresa y tristeza” las imputaciones contra Charbonier, a pesar de las diferencias políticas y legislativas entre ambos. “Creo que los señalamientos en contra de la compañera son serios y muy directos. Me parece que su permanencia en el cargo —salvo que esté dispuesta a defenderse— es insostenible”, manifestó. Vega Ramos, al igual que sus compañeros en la delegación cameral del PPD, estudiaron en un caucus las posibles vías legales en que la Cámara puede actuar si la representante opta por no renunciar. “Usando precedentes anteriores en la Cámara lo que prosigue es la radicación del pliego acusatorio ante la Comisión de Ética para determinar si debe ser o no expulsada de la Cámara. He tenido mis diferencias políticas y legislativa con ella, pero hemos tenido que trabajar mucho y uno desarrolla una relación personal, lo recibimos con mucha tristeza”, expresó. De igual forma, el portavoz de la delegación del PPD, Rafael “Tatito” Hernández, señaló que lo más prudente es que Charbonier dimita al cargo voluntariamente. No obstante, hizo hincapié en que Méndez es la persona facultada para enviar el pliego acusatorio a la comisión cameral de Ética. “Nuestra delegación está lista para atender cualquier referido, si ese fuera el caso, pero lo que hemos escuchado hoy (ayer) del presidente nos hace pensar que no tiene la voluntad de cumplir con su responsabilidad”, sostuvo. En tanto, Márquez afirmó que la representante “no puede estar ni un día más en la Legislatura” e insistió en que el presidente cameral es quien tiene la responsabilidad de actuar. “Es su responsabilidad salvar lo poco que le queda a la Cámara de prestigio como institución. No puedes tener entre tus miembros a una persona acusada de utilizar empleados y dinero público de manera ilegal”, señaló. El historial legislativo de Charbonier en este cuatrienio incluye la creación del nuevo Código Civil, una pieza legislativa que ha recibido cuestionamientos por sectores de la sociedad civil. También está un proyecto de 2017 para fomentar la educación de acuerdo a creencias religiosas por medio del modelo Iglesia-Escuela. Igualmente, se ha caracterizado por sus posturas conservadoras sobre la prohibición de las terapias de conversión y la restricción del derecho al aborto.