Explican los vínculos de la firma de consultoría McKinsey con la matriz de LUMA Energy

Washington / San Juan - La compañía McKinsey & Co. –principal asesora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- tuvo como cliente a Quanta Services, una de las dos empresas matrices de LUMA Energy, mientras el ente fiscal pasaba juicio sobre el contrato que privatizó la administración del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico, según un documento judicial. Una declaración presentada en febrero de 2020 por un socio de McKinsey US –Dmitry Krivin- en el caso de bancarrota de las empresas PG&E Corporation y Pacific Gas & Electric Company incluyó a Quanta entre sus clientes. El documento fue presentado en la corte de bancarrota de San Francisco, California. Earl “Duke” Austin, principal funcionario ejecutivo de Quanta, indicó a El Nuevo Día que han utilizado a McKinsey en “varios proyectos”, principalmente sobre “datos de mercado y planificación de sucesión”. Pero, aseguró que no han encomendado a McKinsey tareas relacionadas con Puerto Rico. Tan temprano como en septiembre de 2017, según documentos de la JSF, McKinsey recibió por encomienda del ente fiscal trabajar con el proceso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), incluyendo los planes para privatizar los activos de la corporación pública. El proceso de licitación para transferir la red eléctrica a manos privadas estuvo a cargo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) del gobierno de Puerto Rico. La solicitud de credenciales se lanzó el 31 de octubre de 2018 y duró aproximadamente año y medio. El 22 de junio de 2020, luego de que dos empresas quedaran en carrera, la AAPP contrató a LUMA Energy, consorcio propiedad de Quanta y la empresa Canadian Utilities Limited, subsidiaria de ATCO. LUMA entró en funciones el 1 de junio de este año. La JSF confirmó a El Nuevo Día que colaboró con el proceso de privatización de la red eléctrica y, luego, revisó y aprobó el contrato “sobre la base de sus responsabilidades en virtud de su política de revisión de contratos”. No obstante, en la declaración a este diario, la JSF sostuvo que McKinsey le informó de su relación contractual con Quanta Services y “no ha proporcionado ningún servicio de consultoría relacionado con el proceso de selección de LUMA Energy como operador del sistema de transmisión y distribución de la AEE ni ha trabajado en la revisión de este contrato por parte de la JSF”. “De hecho, los materiales de las solicitudes de cualificaciones y de propuestas (RFQ y RFP, por sus siglas en inglés) para el proceso de selección de un operador para el sistema de transmisión y distribución de la AEE identificaron específicamente a McKinsey como parte restringida, lo que significa que McKinsey no podía participar directa o indirectamente en el proceso ni asesorar a ninguno de los licitadores”, agregó la declaración de la JSF. Con respecto a la relación con Quanta Services que detalla uno de sus empleados en el caso de PG&E Corporation y Pacific Gas, McKinsey indicó que no hace comentarios sobre si una empresa es o no su cliente. Al igual que la JSF, McKinsey afirmó que no participó del análisis del contrato con LUMA. “En nuestro trabajo con la JSF, McKinsey no asesoró en la selección o contratación de LUMA Energy con el gobierno de Puerto Rico”, agregó la principal empresa asesora de la JSF. La JSF afirmó, al mismo tiempo, que tiene “una sólida política y proceso de conflicto de intereses que se aplica a todos sus miembros, personal, contratistas y consultores”. Si bien McKinsey no habría participado del proceso de selección que resultó en la contratación de LUMA, lo cierto es que documentos de la JSF evidencian que la firma de consultoría fue la que preparó los planes para el proceso de APP en la AEE, implementado posteriormente por el gobierno, así como el proceso de radicación del Título III de la corporación pública. A diferencia de otras firmas que facturan por sus servicios en el Título III por hora, el oficial examinador Brady C. Williamson objetó la facturación de McKinsey, por esta basarse en proyectos realizados. Las observaciones de Williamson resultaron en criterios más específicos para que la firma de consultoría, que ha encarado diversas acciones punitivas por parte de agencias federales y el Síndico de Estados Unidos, facturara a la JSF. La JSF contrató a McKinsey para 2016 y encomendó a la firma consultora diversidad de proyectos para transformar diversas agencias del gobierno puertorriqueño. Desde su contratación hasta finales del 2019, la firma ya superaba sobre $50 millones en honorarios y solo entre febrero y mayo pasados, la firma facturó entre $1.2 millones y $1.4 millones por mes. Según los documentos de la JSF, entre el 8 y 12 de septiembre de 2017, McKinsey se comprometió a establecer el grupo de trabajo de Título III de la AEE y a desarrollar un plan para la transformación de la corporación pública. En la página 6 del acuerdo suscrito entre la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y Tyler Duvall, socio de McKinsey, se establece que la consultora debía preparar un plan para la AEE, incluyendo planes de estabilización, planes para la reestructuración de deuda en acuerdo con los acreedores, de ser posible y “planes detallados para la privatización/corporalización, respaldados por modelos de mercado y acercamientos al mercado”, lo que supone consultar a entidades que puedan estar interesadas en participar de los procesos. El acuerdo señala, además, que McKinsey también “conduciría un acercamiento limitado al mercado, en la medida que sea necesario, para identificar alternativas de privatización potenciales para la AEE”. Por los proyectos señalados en el acuerdo y relacionados a la AEE, McKinsey cobraría unos $740,000 al mes, lo que continuaría vigente mientras el Título III de la AEE estuviera vigente o la JSF lo entendiera necesario. Cuando El Nuevo Día solicitó a la JSF ofrecer el total que Puerto Rico ha pagado a McKinsey por sus servicios, una portavoz refirió a este diario a los contratos divulgados en su página de internet. Denuncias de conflictos En diversas instancias, McKinsey se ha enfrentado a denuncias de conflictos de intereses. Con respecto a su trabajo con la JSF, McKinsey fue criticada porque una de sus subsidiarias, MIO Partners Inc., tenía bonos del gobierno puertorriqueño, una revelación que hiciera en 2018 el periódico The New York Times y que motivó la legislación de la congresista demócrata Nydia Velázquez que busca prohibir los conflictos de intereses de empresas que participan en el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el proyecto de Velázquez en dos ocasiones, la vez más reciente en febrero. La semana pasada, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado aprobó la legislación con enmiendas. Tan reciente como el viernes pasado, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) impuso una multa de $18 millones a MIO por no tener controles adecuados para impedir que información privilegiada de los clientes asesorados por otras divisiones de la firma fuera utilizada para tomar decisiones de inversión para su beneficio. Entre esos clientes con los que no hubo los cuidados necesarios, según la SEC, figura Puerto Rico. De acuerdo a la SEC, McKinsey no habría divulgado sus intereses en por lo menos 11 procesos de bancarrota en los que prestó asesoría. La medida de Velázquez -que fue presentada en el Senado por el demócrata Robert Menéndez - busca llenar un hueco que dejó la ley Promesa, con el propósito de conocer cualquier conflicto de intereses en las contrataciones de la JSF. Tras divulgarse la relación de bonista de la subsidiaria de McKinsey con el gobierno de Puerto Rico, la empresa Luskin Stern –a petición del ente fiscal- llevó a cabo un estudio que concluyó que no hubo intercambio de información entre la principal contratista de la JSF y su subsidiaria. Pero, Luskin Stern determinó, además, que esas inversiones de MIO pueden percibirse como un conflicto de interés. La lista de denuncias en contra de McKinsey incluye haber trabajado “para una amplia gama de actores en la industria de los opioides” –como advirtieron senadores estadounidenses-, mientras al mismo tiempo asesoraban a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés), de la cual cobraron más de $140 millones a partir de 2008.