Federales investigan supuesta venta de influencias

Exfuncionarios de las administraciones de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, del actual gobernador Ricardo Rosselló, así como un congresista estadounidense, son investigados por las autoridades federales en el distrito sur de Nueva York por supuesta venta de influencias. Fuentes al tanto de la pesquisa informaron a EL VOCERO que hay un gran jurado sesionando sobre este alegado esquema en la jurisdicción neoyorquina. El caso está a cargo de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, cuyos fiscales ven el caso en Nueva York. De acuerdo con las fuentes la investigación está activa hace más de un año, pero se afianzó tras el paso del huracán María por la Isla, ante la preocupación de las autoridades en Washington por la asignación de miles de millones de dólares para la recuperación de Puerto Rico. “Hay funcionarios y congresistas de allá que están pendientes del dinero que se va a enviar para Puerto Rico y como saben de los actos de corrupción en Puerto Rico, les preocupa que el dinero no llegue a los que lo necesitan y hay mucha gente que lo que buscan son sus intereses personales. Y hay muchos proyectos que no se han desarrollado”, afirmó una de las fuentes. Otra de las fuentes indicó a este medio que la pesquisa trata sobre exfuncionarios que utilizan los contactos que obtuvieron cuando trabajaron para las administraciones de gobierno para proporcionar información privilegiada sobre proyectos gubernamentales a compañías con las que tienen contratos. Una fuente puso como ejemplo el segundo esquema por el que fue acusado el exempresario Anaudi Hernández, quien a través de personal de confianza de la Cámara obtenía información privilegiada de licitadores, a fin de que su empresa 3 Comm Global supiera lo que su competencia sometía para luego estimar o proponer una cantidad menor y llevarse el contrato. De igual forma, las fuentes indican que las autoridades federales indagan sobre la presunta venta de influencias por parte de exfuncionarios al compartir dinero con funcionarios actuales a cambio del otorgamiento de contratos. “Hay gente que da órdenes para que se beneficien sus amigos y a la larga estas personas siempre ‘muerden’... y hubo licitadores que se fueron a hablar con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI)”, acotó una fuente. Cobros en efectivo Según una de las fuentes, estas personas cobran sus gestiones en efectivo. “No verás un cheque para esos funcionarios. Los dueños de empresas van sacando el dinero en efectivo por partida”, agregó. Otra de las fuentes manifestó que el FBI cuenta con la cooperación de expertos y de personas de confianza de los investigados. “Esta investigación ha continuado con distintos informantes. El motivo original se ha ramificado a otras cosas”, comentó. “Como parte de estos esquemas hay personas que ocultan el dinero cobrado producto de estos esquemas hasta en Asia”, manifestó. “Los federales indagan en lo que están vendiendo estas personas a sus clientes, quieren saber exactamente las consideraciones y lo que hay detrás... la venta de influencias no es tan fácil de detectar y a veces los ángulos varían”, acotó. EL VOCERO supo que la Fiscalía federal de Puerto Rico se recusó del caso. Su portavoz de prensa, Lymarie Llovet, dijo a este diario que no podía ni confirmar ni negar la existencia de investigaciones. Este rotativo pidió una reacción de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia en Washington y su personal respondió que se debía contactar la Oficina de Integridad Pública. No obstante, al así hacerlo, esa dependencia refirió este medio nuevamente a Asuntos Públicos y esta a su vez a la Oficina de Asuntos Públicos de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York. Su portavoz de prensa, Dawn Dearden, indicó que “por política de la agencia no podían ni confirmar ni negar la existencia de una investigación”. Una de las fuentes enteradas de la investigación explicó que cuando el Departamento de Justicia federal hace una investigación de este tipo puede seleccionar cualquier otra jurisdicción. “Y escogieron a Nueva York”, dijo. No es la primera vez Esta no es la primera ocasión en que se realiza una pesquisa fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. En el caso contra el exsenador novoprogresista Héctor Martínez —convicto por soborno y sentenciado a cuatro años de cárcel— la investigación se inició en Nevada y posteriormente fue trasladada al distrito de Puerto Rico. Otra investigación por corrupción efectuada por la División de Integridad Pública en Washington fue la del exsenador novoprogresista Jorge de Castro Font, quien se declaró culpable de 20 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer extorsión. Fue sentenciado a cinco años de cárcel. Asimismo, Integridad Pública, junto a la Fiscalía federal del distrito de Puerto Rico, estuvo a cargo del caso contra el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien fue acusado por supuestas irregularidades en su campaña política para el cargo de comisionado residente. Acevedo Vilá fue encontrado no culpable por ese caso.

FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU