FEMA y Casa Blanca imponen requisitos para fondos de mitigación

El gobierno de Puerto Rico llegó a un acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para recibir fondos de un programa alternativo de ayudas para asistir en la reconstrucción tras el paso de huracán María. En aras de participar de ese programa alternativo -conocido como la sección 428 de la ley federal de Asistencia en Emergencias y Alivio por Desastres Stafford- la administración Rosselló Nevares aceptó condiciones de Casa Blanca y FEMA, entre ellas crear una oficina que administre responsablemente las ayudas que lleguen. Las condiciones salieron a relucir el pasado viernes, luego de que -ante cuestionamientos de El Nuevo Día- FEMA dejara entrever a este diario que el gobierno puertorriqueño tardó 40 días en presentar una solicitud a esa agencia federal para tener acceso a fondos federales para proyectos permanentes bajo las secciones C, D, E, F y G de la ley federal Stafford. “El gobernador de Puerto Rico solicitó fondos de Asistencia Pública (PA, en inglés) para las categorías A y B el 20 de septiembre y para las categorías C-G el 30 de octubre”, indicó a El Nuevo Día un portavoz de FEMA al subrayar que la autorización de tales fondos se concede “a petición del gobernador” de cada estado. En el caso de Texas, golpeado por el huracán Harvey, la Casa Blanca autorizó fondos para proyectos permanentes unos 10 días después del paso del huracán. De acuerdo con la declaración de desastre enmendada el pasado 2 de noviembre, Trump autorizó que Puerto Rico reciba fondos permanentes a través de la sección 428 de la ley Stafford para proyectos de recuperación grandes, debido al “extraordinario impacto” que tuvo el huracán María en la isla y a la carga de sobre $120,000 millones “sujeta un proceso de reestructuración en corte”. Según el documento, Rosselló Nevares habría optado por solicitar ayuda para Puerto Rico a través de la sección 428 de la ley Stafford el pasado 30 de octubre. La declaración enmendada de Puerto Rico indica que el gobierno tendrá que cumplir con tres condiciones para recibir fondos federales tras el paso del huracán. En primera instancia, el gobierno tendrá que crear una autoridad para la supervisión de las subvenciones (“grants”) que reciba, “con respaldo de terceros independientes” para que actúe como el recipiente de fondos asignados a través de los programas de Asistencia Pública y Mitigación para asegurar “el manejo responsable, mejorado, con un control centralizado y de supervisión sobre la distribución de las subvenciones de FEMA”. Rosselló Nevares también aceptó que todos los fondos para los proyectos bajo la sección 428 deberán tener estimados validados por “terceros independientes” cuando se trate de límites que excedan los parámetros que establecerá FEMA y que todos los fondos que se asignen para proyectos de mitigación deben tener como prioridad la protección “de las inversiones federales en la infraestructura pública de Puerto Rico”. Más restricciones fiscales Las nuevas condiciones que ha aceptado Puerto Rico se producen al tiempo que el Congreso estadounidense busca asegurar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pueda insertarse en la supervisión de los fondos de recuperación que se asignen a la isla. De igual forma, las condiciones que aceptó Rosselló Nevares con FEMA supondrían otra línea de restricciones fiscales sin que se conozca el rol que jugará la Agencia de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). A principios de año, Rosselló Nevares concedió poderes casi absolutos a la AAFAF para asegurar el uso de fondos y el cumplimiento de los objetivos fiscales que requiere la JSF. Sin embargo, desde el azote del huracán María, la AAFAF prácticamente ha sido relegada a un segundo plano, cosa que explicó el representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino, durante la reunión de la JSF el pasado 31 de octubre. Entonces, Sobrino sostuvo que la AAFAF no tenía inherencia en buena parte de las decisiones vinculadas al proceso de desastre debido a la activación del estado de emergencia por el huracán. La receta después de Sandy En el 2013, con la expectativa de que los estados de Nueva York y Nueva Jersey pudieran recuperarse de los estragos del huracán Sandy de manera más rápida, el presidente Barack Obama impulsó la sección 428 de la ley Stafford. Según un análisis del Servicio de Investigación Congresional (CRS, en inglés), entre otras cosas, la sección 428 abre la puerta para que FEMA asigne dinero para proyectos permanentes en una jurisdicción que atraviesa por un desastre, partiendo de estimados de costos de esa iniciativa. Los proyectos se clasifican entre pequeños o grandes según las cuantías límites que establece FEMA. En el caso de la 428, varios documentos de FEMA y de firmas como Ernst & Young, advierten que el proceso de auditorías bajo esa sección puede ser tan riguroso como los métodos que se siguen bajo los programas regulares de la agencia, e incluso, establece que FEMA necesita clarificar sus procedimientos internos para que los participantes no incurran en el mal gasto de fondos federales y en procesos de recobro, a futuro.