Férrea defensa de alcalde popular

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, salió en defensa del alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, luego de que fuera señalado por presuntas violaciones éticas por supuestamente haber cabildeado un proyecto en beneficio de una propiedad suya. El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Michael Abid Quiñones Irizarry, fue quien aseguró haber referido al alcalde a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para la investigación de este asunto. Además, emitió un referido al Departamento de Justicia y al Tribunal Supremo contra el ejecutivo municipal por presentarse como “licenciado” cuando supuestamente no está autorizado a ejercer la práctica de la abogacía en la Isla. “La Ley Número 17 de 10 junio de 1939, según enmendada, en su sección 4, es diáfana al disponer que un abogado o licenciado tiene que estar autorizado y admitido para representarse como tal. Por su parte, la sección 7 de esta ley dispone que ninguna persona que no sea abogado autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá anunciarse como abogado o licenciado. Esta práctica constituye delito según la propia Ley 17, y el alcalde de Cayey debe ser procesado”, insistió el legislador. En cuanto a la disputa por los terrenos, Quiñones Irizarry explicó que la Resolución Conjunta del Senado 279 —aprobada por ambos cuerpos legislativos, pero vetada por el gobernador Ricardo Rosselló— buscaba modificar los límites territoriales de los municipios de Cayey y Guayama. La modificación tenía como fin extender la jurisdicción del municipio de Cayey a través de la transferencia de varios sectores del barrio Carite, pertenecientes a Guayama. Confía en que “rectifiquen error” A través de las redes sociales, Rivera Schatz afirmó que “el alcalde Rolando Ortiz nunca nos hizo representaciones incorrectas, falsas o apartadas de la realidad. El alcalde no se presentó como abogado y tampoco ocultó que es dueño de un predio de terreno en ese barrio”. “Dicho terreno es de su propiedad desde mucho antes de ser alcalde de Cayey. Alguien indujo a error al compañero y amigo Abid Quiñones. Espero y confío que rectifiquen”, acotó. En expresiones escritas, el ejecutivo municipal, del Partido Popular Democrático, puntualizó que “las declaraciones del señor presidente del Senado hablan por sí solas”. El representante Quiñones Irizarry también imputa que presuntamente “el alcalde de Cayey, en su capacidad oficial, compareció ante la Asamblea Legislativa y la Oficina del Gobernador a abogar por la firma de esta medida que le daría un nuevo territorio al ayuntamiento que dirige. Pero, ocultó ilegalmente a la Asamblea Legislativa y a la Oficina del Gobernador que él tiene una propiedad en el barrio Carite de Guayama que pretendía pasarse a su municipio para darle servicios que aumentarán el valor de su propiedad y le daría ventaja a su personal”. Asimismo, afirmó mediante comunicado de prensa que “el alcalde de Cayey violó la Ley de Ética Gubernamental que en sus artículos 4.2 y 4.4 hacen ilegal que un servidor público utilice su cargo para obtener un beneficio personal o privado. El propio Rolando Ortiz dijo claramente que quería pasarse esos terrenos donde ubican su propiedad para darle servicios municipales con los fondos públicos del municipio de Cayey”.