Fiscalía federal defiende acusaciones contra banquero por intentar sobornar al gobernador Pedro Pierluisi

La fiscalía federal defendió los cargos radicados en contra del banquero Julio Herrera Velutini por, presuntamente, tratar de sobornar al gobernador Pedro Pierluisi para que la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF) detuviera una intervención con su banco. La defensa de Herrera Velutini, quien también está acusado por otro esquema de soborno con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, solicitó al Tribunal federal, este mes, la desestimación de tres cargos relacionados a un supuesto intento de sobornar a Pierluisi para beneficiar a Bancrédito International Bank & Trust, Corp. En la moción de sus abogados, el banquero recalcó que sus contribuciones para las campañas electorales de Vázquez Garced y Pierlusi fueron “legales”, pero que el Ministerio Público ha intentado “criminalizarlas”. Al solicitar la desestimación de los cargos cinco y seis de la acusación contra Herrera Velutini, la defensa relató que el Ministerio Público “apuntó a Herrera a través de una operación encubierta” para producir “alegaciones que no son mejores que sus reclamos relacionados con las supuestas contribuciones a la gobernadora Vázquez y, en consecuencia, deben desestimarse en su totalidad”. Denunció que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) “interfirió por años” con las operaciones de su banco, incluyendo “la intervención clandestina y la subversión de relaciones privilegiadas con los abogados del banco que estaban negociando con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico”. La defensa alegó que, “reconociendo que Herrera no incurrió en actividad criminal con la gobernadora Vázquez”, el “FBI finalmente recurrió a participar en una operación encubierta de cinco meses, al encargar a Joseph Fuentes, un informante confidente quien incurrió en crímenes relacionados a campañas” electorales. En agosto del año pasado, Fuentes fue sentenciado a un año y dos meses de prisión por participar en un esquema para ocultar las identidades de contribuyentes a la campaña de Pierluisi a través de un comité de acción política, conocido como el “PAC Salvemos a Puerto Rico” Ese caso dejó al descubierto que Fuentes fungió como cooperador encubierto de las autoridades, aunque intentó obstruir la pesquisa al filtrar su contenido a otros imputados. En su moción, la defensa de Herrera Velutini resaltó la “mala conducta” de Fuentes como informante del FBI. “El hecho de que Fuentes se haya involucrado repetidamente en esta conducta, pero que siga siendo el eje de las afirmaciones del Ministerio Público, pone en tela de juicio la totalidad de las alegaciones planteadas en la acusación”, argumentó la moción de la defensa de Herrera Velutini, firmada por las abogadas Sonia I. Torres Pabón y Lilly Ann Sanchez, y los abogados Marc E. Kasowitz, Jason M. Short y Robin Rathmell. Los abogados denunciaron que el FBI “diseñó” la operación que llevó a Fuentes “a hacerse pasar por una persona con acceso al gobernador Pierluisi y hacer propuestas repetidas y no solicitadas a representantes del banco” con “falsa representación de que podía asistir al banco en las negociaciones con OCIF”. “Al hacerlo, Fuentes solicitó contribuciones no para el gobernador Pierluisi, sino a un comité de gastos independiente (un ‘Super PAC’) que Fuentes controlaba”, indicaron los abogados de la defensa. “Como pasó con esfuerzos anteriores, la operación encubierta de cinco meses del FBI finalmente falló”, agregó. “Aún así, el Ministerio Público presentó los cargos contra Herrera”. Según su moción, el cargo número cinco contra Herrera Velutini lo acusa de participar en una conspiración con el asesor político John Blakeman y la entonces presidenta de Bancrédito, Frances Díaz, para “ofrecer y recibir un soborno al gobernador Pierluisi”, en la forma de una contribución de campaña, a cambio de que usara su influencia para “asegurar un resultado favorable” en la investigación de OCIF contra su banco. Los cargos seis y siete, relacionados a fraude electrónico, dependen de que se pruebe el cargo número cinco. Los abogados de la defensa sostienen que “el pliego acusatorio falla en alegar un acuerdo de ‘quid pro quo’ entre el banquero y el gobernador Pierluisi”, quien aseguró en agosto del 2022 que desconocía las acciones ilegales de Fuentes. Plantearon que Pierluisi, como el único oficial público del esquema de soborno y fraude, era “la única persona que pudo haber manifestado el entendimiento mutuo requerido para el intercambio de dinero por el favor”, pero el gobernador “estaba completamente ajeno a las acciones y representaciones de Fuentes”. Asimismo, señalaron, la acusación no alega que Fuentes “alguna vez conociera o al menos hablara con Herrera o que Herrera alguna vez solicitara que algo de valor se le proveyera al gobernador Pierluisi”. Además, en la misma moción, la defensa del banquero planteó que las contribuciones de campaña “están protegidas constitucionalmente como libertad de expresión”. Mientras, argumentaron que los precedentes judiciales han establecido que para probar un esquema de soborno con contribuciones de campañas se requiere probar que fue con un “acuerdo explícito y contemporáneo, entre el donante y el oficial público”, y que la acción fue controlada por la contribución. La moción cita el contenido de comunicaciones, en distintos momentos de 2021, entre Fuentes, Blakeman y Díaz, así como de Díaz con Herrera Velutini. Los abogados argumentaron que ninguna de sus comunicaciones prueba alguna violación de ley y ofrecieron explicaciones para cada una, incluyendo su frustración con OCIF. Las “alegaciones en los cargos 5 a 7 constituyen una mera recitación de una cronología de eventos, diseñada por el FBI y, en gran parte, dirigida por personas distintas a Herrera o al gobernador Pierluisi, que culminó en una donación de campaña completamente legal”, expuso la defensa. Según el pliego acusatorio, la donación de Herrera Velutini al PAC fue de $25,000. Fiscalía federal pide que el jurado decida Por su parte, la fiscalía federal solicitó que se desestime la moción de la defensa y argumentó de deber ser un jurado quien decida el caso. Las “alegaciones del pliego acusatorio establecen un esquema de soborno ‘quid pro quo’ explícito”, sostuvo una moción firmada por el fiscal federal Ryan R. Crosswell, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Indicó que los tres cargos exponen “suficientes hechos esenciales para las ofensas alegadas”. Además, apuntó que precedentes judiciales establecen que los sobornos “necesitan tener términos explícitos, pero no tienen que ser planteados expresamente”. Pero, aún así, Crosswell aseguró que, en este caso, los cargos “alegan que los términos del soborno fueron tanto explícitos como expresos”. Ante el argumento de que Herrera Velutini “nunca llegó a un acuerdo con ningún funcionario público ‘para pagar o recibir un soborno’”, el fiscal recordó que el texto del cargo 5 del pliego “lo acusa de conspirar con otros para sobornar a un funcionario público, sin este llegar a un acuerdo directamente con el propio funcionario público”. Según el fiscal, Herrera Velutini reta las alegaciones “ofreciendo explicaciones alternativas e inocentes, pero el Primer Circuito (de Apelaciones) ha amonestado a sus tribunales de distrito para que no participen en tal análisis de párrafo por párrafo de las acusaciones para decidir sobre mociones para desestimar”. “Herrera es libre de presentarse a sí mismo como una víctima desafortunada de las circunstancias, pero debe hacerlo ante un jurado”, expuso Crosswell. “Herrera está equivocado en derecho y se equivoca en los hechos. El Ministerio Público solicita respetuosamente que se deniegue su moción de desestimación”, añadió. Previamente, Herrera Velutini y el coacusado Mark Rossini se habían unido a la solicitud de desestimación de los cargos 1, 2 y 4 que comparten con Vázquez Garced. Antes del supuesto intento de soborno a través de la campaña electoral de Pierluisi, la acusación alega que Herrera Velutini hizo contribuciones a la campaña primarista de la entonces gobernadora para que reemplazara a la persona a cargo de OCIF por alguien que terminara con la intervención por alegadas irregulares en Bancrédito.