Gobernador identifica empleados "ilegales"

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer el inicio del programa de transición voluntaria de servidores públicos al sector privado, la posible remoción de 840 empleados “atornillados” por la pasada administración, y la puesta en vigor del aumento del salario mínimo en el gobierno, iniciativa que favorecerá solo al 2.8% de los trabajadores. A esto se suma el traslado de 100 empleados públicos al Departamento de Hacienda. Este personal será notificado hoy del traslado, marcando así las primeras transacciones de trabajadores que se dan bajo la Ley 8 de 2017, que habilita el modelo del empleador único. “Estas cuatro iniciativas se están ejecutando. Ya no es solo legislación y son iniciativas que van a la construcción de ese nuevo gobierno que queremos. La flexibilidad de mover el recurso humano y la transición voluntaria nos permite reducir la nómina y seguir las consolidaciones, mientras hacemos justicia salarial”. Aumento en salario mínimo Rosselló Nevares precisó que el aumento del salario mínimo lo están anunciando como un hecho puesto que las agencias ya certificaron que están en cumplimiento con ese compromiso de la administración. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra Gutiérrez, señaló que 3,218 empleados se beneficiarán con el alza del salario mínimo, de $7.25 a $8.25 la hora. En el gobierno central hay 115,000 empleados. Rosselló Nevares indicó que este aumento es un primer paso en el área de justicia salarial. Indicó que, en la medida en que se vayan superando las limitaciones fiscales, podrán ir examinando otras escalas salariales. “Cuando se pasó PROMESA se dijo que cualquier iniciativa que tuviera impacto fiscal, en contra de la sana administración y los principios de reducción de gastos en PROMESA, podría ser reevaluada... Para septiembre del año pasado dijimos que todos los que se habían atornillado en ese proceso, pues, los íbamos a evaluar”, sostuvo el gobernador. Señaló que no se trata de una movida partidista, en contra de funcionarios nombrados por una administración anterior con distinta ideología, sino de una acción para evitar el gasto público en contrataciones ilegales. Los ahorros que se generen con este “desatornillamiento” de empleados públicos se unirán a los que se generen con la iniciativa de transición voluntaria al sector privado. Transición voluntaria El gobernador indicó que este programa comenzará a mediados de septiembre. La idea es proveerles a los empleados públicos que quieran moverse al sector privado un proceso de transición efectivo al pagarles un año de salario y algunos beneficios, a partir del momento en que dejen de ejercer labores para el gobierno. Las plazas de los empleados que se vayan serían congeladas, generando ahorros para el gobierno a partir del año fiscal 2019. Las solicitudes para acogerse a este programa estarán abiertas hasta abril del 2018. Empleador único El gobernador también anunció que hoy comenzarán las notificaciones a los primeros 100 empleados que serán trasladados bajo el sistema del empleador único que estableció su administración. Estos trabajadores irán al Departamento de Hacienda, para reforzar principalmente las colecturías. Este aumento en la cantidad de servidores públicos en Hacienda está contemplado en el Plan Fiscal certificado. De hecho, el documento habla de un alza de entre 200 y 300 empleados para mejorar la captación de impuestos. La expectativa es que comiencen un entrenamiento el 1 de septiembre en las oficinas centrales de la agencia y, luego, pasen a las oficinas a las que serán asignados, todas cercanas al lugar donde residen.