Gobernadora sobre fiscalizador de LUMA de Pierluisi: "El tiempo me dio la razón"

HUMACAO (CyberNews) – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón reaccionó el martes a la contratación del exsecretario auxiliar de Asuntos Energéticos de la Fortaleza, Francisco Berrios Portela por parte de Quanta Services -una de las compañías matrices de LUMA Energy-. “Se supone que la Ley de Ética Gubernamental le hubiera impedido eso. Hay que ver bajo qué concepto se le dio una dispensa, si es que hay una dispensa para hacer esa función, a menos que no sea que él no era un zar de energía y que era un ayudante más, porque si la plaza era de un ayudante más en La Fortaleza de política pública y no de agente fiscalizador, como el caso nuestro que es por Orden Ejecutiva, que es el ingeniero Josué Colón, evidentemente eso habla de por qué se permitió que esta compañía hiciera lo que le dio la gana. Con esto, imaginate, quién te supervisa. Las dos personas que te supervisaban, una es Alianzas Público Privadas, y el otro, un ayudante, no hicieron su trabajo y ahora terminan trabajando con ellos. Yo creo que eso, el tiempo lamentablemente me dio la razón”. Según informes de prensa (NotiCel), la Oficina de Ética Gubernamental le aprobó la dispensa a Berrios Portela para que trabajara en Quanta Services. Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes (PPD), Héctor Ferrer Santiago, denunció la actuación del director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, de convertir a la agencia “en un escudo protector para la falta de transparencia, el amiguismo y los conflictos de interés en el gobierno”. “Mientras el pueblo sufre apagones y subidas en la factura, el exsecretario de Asuntos Energéticos de La Fortaleza, ahora trabaja con la matriz de LUMA, avalado por la Oficina de Ética Gubernamental. Osea, el mismo que desde el gobierno tomó decisiones que beneficiaban a LUMA, ahora cobra un cheque de ellos con la bendición de la OEG. Aquí no hay casualidades. Esto pone en evidencia que LUMA y el PNP son pitcher y catcher”, indicó Ferrer Santiago en declaraciones escritas. El legislador cuestionó cómo la OEG avala un esquema en el que un funcionario con poder de decisión en el gobierno, de repente, pase a ser empleado de la misma empresa a la que le tocaba fiscalizar. “LUMA y el PNP son lo mismo, y hacen lo que les da la gana, porque saben que tienen quien los proteja”, sentenció Ferrer Santiago. El legislador destacó que la OEG ha demostrado una conducta turbia en escándalos que afectan la confianza en el servicio público, permitiendo que los funcionarios pasen, “sin problema alguno”, del gobierno a la empresa privada, y a la inversa; creando así un sistema “donde las puertas giratorias son la norma y no la excepción”. Ferrer Santiago aseguró que no se trata de un caso aislado. La semana pasada el PPD denunció cómo el secretario de Gobernación, Francisco Domenech, mantiene vínculos con los cabilderos de los bonos de la AEE, y su matrimonio “concentra un poder sin precedentes dentro del gobierno”. “Esto no es casualidad ni un descuido. La OEG, en vez de fiscalizar, se ha convertido en la agencia que les abre la puerta trasera a los funcionarios para que se burlen del País. Aquí no hay dudas. Existen conflictos de interés claros, y la OEG se hace de la vista larga. Luis Pérez Vargas ha convertido la Oficina de Ética en la agencia que normaliza la impunidad”, afirmó el representante. Ferrer Santiago también cuestionó el “nuevo esquema” de la OEG para “ocultar los informes financieros de los servidores públicos”, una decisión que calificó como “un atentado directo contra la transparencia y la rendición de cuentas”. Hasta hace poco, estos informes eran accesibles al público, permitiendo identificar posibles irregularidades y conflictos de interés. Ahora, bajo la dirección de Pérez Vargas, la información desaparece sin justificación, lo que deja a la ciudadanía y a la prensa sin herramientas para fiscalizar. “Cuando una agencia que se supone que vele por la ética se dedica a encubrir a los funcionarios, en vez de fiscalizarlos, estamos en problemas. Aquí la única transparencia que existe es la del descaro con el que operan. La OEG se ha convertido en la gran tapadera del gobierno, y el pueblo merece respuestas”, concluyó Ferrer Santiago. El legislador reiteró la importancia de aprobar los proyectos de ley PC 257 y PC 263, que buscan una reingeniería del aparato anticorrupción para garantizar que las agencias sean más eficientes, menos burocráticas y que realmente cumplan su deber de proteger el interés público. “No podemos continuar con agencias ineficientes, burocráticas y que, en lugar de velar por la ética, terminan limitando la fiscalización. La OEG debe ser parte de este rediseño, repensando su estructura, y que esas funciones preventivas estén en manos de un ente eficiente y transparente”, finalizó Ferrer Santiago.