Golpe judicial a Educación

ARECIBO - El juez Santiago Cordero Osorio emitió ayer una sentencia declaratoria de injunction permanente contra el Departamento de Educación (DE) para que detenga el cierre de nueve escuelas de la región de Arecibo y del municipio de Morovis. Se trata de seis planteles de la región educativa arecibeña contenidos en una demanda de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y de tres escuelas moroveñas cuyo caso fue consolidado con el primero. “Me da mucha tristeza. No hago esto con ninguna ligereza. Esto debe llegar al Tribunal Supremo a la brevedad posible para que se resuelva y me preocupa algo sobre la relación judicial. Este tribunal aprecia que no el Estado, el DE, ha actuado tal y como si estuviera embriagado al entender que esa Ley 85 le da un poder omnímodo. No le da un poder omnímodo absoluto”, sostuvo Cordero Osorio. El magistrado indicó que emitirá un dictum o sugerencia para exhortar que los demás tribunales fallen de la misma forma, pues hay demandas pendientes por escuelas en lista de cierre en las regiones de Mayagüez, San Juan, Caguas y Humacao. De hecho, ayer vencía el plazo que le había dado la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Centro Judicial de San Juan, al DE para que entregue el análisis sobre la evaluación de los cierres en esa región. Durante la vista judicial, que duró poco más de seis horas, Cordero Osorio prácticamente regañó al DE por no cumplir con la orden del tribunal del 1 de junio para entregar evidencia que sustentara el cierre de las referidas escuelas. En total, el DE busca cerrar 265 planteles antes de agosto. Asimismo, el juez expresó que había emitido una citación para la comparecencia de la secretaria de Educación, Julia Keleher, o de un representante autorizado, pero la funcionaria optó por lo último. La secretaria auxiliar de Transformación y Planificación y Rendimiento del DE, Yanira Raíces, confirmó que no leyó por completo la citación emitida por el tribunal. Tampoco llevó documentos sobre el cierre de escuelas a la vista por entender que podía someterlos posteriormente o que la representación legal del Estado la iba a ayudar con esa solicitud. Raíces comentó, sin ningún tipo de documentación a la mano, que algunos de los factores que influyeron en el cierre de los planteles fueron la infraestructura, el cupo de estudiantes, la disponibilidad de espacio, matrícula, programas académicos y que la escuela tuviera oportunidad de crecimiento. Indicó que la agencia creó un comité para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el cierre de las escuelas, pero que este colectivo no se reunió con los padres y las comunidades escolares antes de que se emitiera el comunicado de prensa en el que se anunciaba la nueva consolidación de planteles. Justificó la falta de acción del DE aseverando que la responsabilidad de notificar a la comunidad escolar recae sobre el director escolar. Mientras, la ayudante especial del DE en la región educativa de Arecibo, Paula Rodríguez, no supo contestar cuántas veces se reunió con Keleher en el proceso de análisis del cierre de las seis escuelas que ubican en Camuy, Vega Baja, Quebradillas, Hatillo, Lares y Arecibo. Reconoció que en el proceso de evaluación no se les dio puntuación a los planteles a base de los factores que se tomaron en cuenta para ser cerrados o permanecer abiertos. Desfile de testigos Durante la vista testificaron varios padres y maestros de las escuelas afectadas, quienes coincidieron en que el DE no les había notificado sobre el cierre de sus respectivos planteles y que se habían enterado por las redes sociales. Por ejemplo, Carlos Cardona Santiago, padre de dos estudiantes de la escuela Manuel Alonso Díaz, aseveró que se enteró del cierre del plantel por “rumores”, pero que ningún funcionario de la escuela o de Educación se reunió con él. Asimismo, Emeris Maldonado González, madre de una niña de seis años perteneciente al programa de educación especial de esa escuela, indicó que se enteró por las redes sociales. “Por poco me da un infarto porque mi nena es de educación especial... y es bien difícil adaptarla a una escuela. En esta escuela lo tenía todo”, añadió. La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, quien también testificó en la vista, celebró la decisión judicial. “Ha sido el sistema judicial quien finalmente escuchó los reclamos de los padres y estudiantes de Morovis, porque la secretaria de Educación, Julia Keleher, nunca atendió nuestra solicitud de una reunión, que hicimos oficialmente desde abril pasado”, dijo en un comunicado de prensa. Mientras, el DE indicó en declaraciones escritas que “las consolidaciones se hicieron a tenor con las disposiciones de la Ley 85-2018 y los poderes delegados a la secretaria de Educación. No estamos de acuerdo con la determinación y solicitaremos la revisión de la misma”. Por su parte, el abogado Rafael Nadal, representante legal de la Asociación de Maestros, destacó que la prueba presentada por Educación fue deficiente. “El departamento no tiene un procedimiento establecido, no notificó, no ha habido las visitas esperadas de sensibilidad, no hay un procedimiento que cumpla con el debido proceso de ley”, sostuvo.