Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de enero de 2018
Puerto Rico

Gran Jurado acusa a empresario por venta de helicóptero al gobierno

La acusación incluye cinco cargos, por el contrabando de mercancía de Estados Unidos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

12 de enero de 2018 - 11:49

A dos años de que las autoridades federales allanaron las instalaciones de la empresa Ecolift, ubicadas en el aeropuerto de Isla Grande en Miramar, su propietario Ernesto Di Gregorio, fue acusado por un Gran Jurado por un esquema de fraude en la venta de helicópteros al gobierno de Puerto Rico.

La acusación incluye cinco cargos, por el contrabando de mercancía de Estados Unidos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

El allanamiento fue efectuado en septiembre de 2015 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus sigla se inglés).

De acuerdo al expediente del Tribunal Federal, Di Gregorio fue arrestado el 28 de agosto del pasado año.

Fuentes de EL VOCERO indicaron que las autoridades federales mantuvieron el pliego acusatorio sellado todo este tiempo, en espera de que el empresario cooperara.

Según las fuentes de este medio, hay otras personas involucradas en el esquema de fraude electrónico, contrabando y fraude de piezas de naves aéreas.

La acusación fue desellada anoche.

El empresario compareció a la vista de fianza ante el magistrado federal Marcos López, quien le concedió dejarlo en libertad bajo fianza, por una cantidad que no fue especificada en la minuta del caso.

Di Gregorio se declaró no culpable por este caso. Es representado por la abogada y exfiscal federal, Sonia Torres Pabón.

El caso está a cargo del fiscal Edward Veronda. La acusación alega que entre el 13 de febrero de 2014 al 17 de septiembre de 2014, el acusado diseñó un esquema de fraude para defraudar al gobierno de Puerto Rico en la venta del helicóptero Bell, modelo 429, a la Policía, a fin de obtener dinero mediante representación fraudulenta.

El pliego acusatorio señala que para el 13 de febrero de 2013, la "Persona A" del área de venta y mercadeo de la empresa Bell Helicopter, propuso un acuerdo de venta de cuatro helicópteros a Di Gregorio. En marzo de 2013 el acusado presentó una propuesta a la Policía de Puerto Rico y a la Administración de Servicios Generales (ASG) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 22 de mayo de 2013 el acusado envió una propuesta a la Policía de Puerto Rico y a la ASG.

El 22 de mayo de 2013 el acusado envió un correo electrónico a un oficial de la "Institución Financiera A", para adquirir cuatro helicóptero para la empresa Ecolift por $31,969,708.

La compra se concretó el 13 de julio de 2013. El precio final fue por $21,602,205.

El 16 de agosto de 2013, Di Gregorio -Ecolift- firmó un acuerdo con la ASG para la venta de los cuatro helicópteros Bell, incluyendo equipo y accesorios de avión, por un total de $32,210,748. Este incluía la venta de dos helicópteros Bell, modelo 429, a un costo de $6,111,000 cada uno.

Incluía, además, equipo y accesorios que se les instalaron a los helicópteros de la Policía.

De acuerdo al documento, la venta incluía un helicóptero Bell, modelo 407.

A su vez, incluyó un helicóptero Bell modelo 429, por $6,294,330, y un cargo adicional de $2,912,962, por equipo y accesorios para la Policía.

Los equipos, al ser instalados por Ecolift, incluían un compresor para limpiar las turbinas y motor, entre otros.

El contrato de venta con fecha de 16 de agosto de 2013, establecía que todas las modificaciones debían estar certificadas y aprobadas por la agencia federal de aviación (FAA, por sus siglas en ingles). La acusación indica que en diciembre de 2014, el acusado entregó al Gobierno de Puerto Rico las cuatro naves.

Sin embargo, en vez de entregar un helicóptero Bell de 2014, modelo 429, le entregó al gobierno un helicóptero, modelo 429, pero del 2013, con el número de registro n165pD, con la serie 57163.

Este cambio de nave le representó al acusado y a Ecolift una ganancia de $183,330.

Se alega que el empresario tampoco instaló en los helicópteros el equipo que había acordado en el contrato. Este incumplimiento le representó al acusado ganancias fraudulentas de $168,790.

La acusación señala que algunas modificaciones críticas instaladas en el helicóptero, modelo 429, del 2013, incluían las regulaciones de la FAA.

Estas modificaciones críticas de la nave le representaron al acusado ganancias de aproximada $1,857,847. Esto provocó que la FAA negara el registro del helicóptero modelo 429, de 2013, como uno para propósitos civiles.

El pliego acusatorio incluye cinco cargos de contrabando de mercancía de Estados Unidos al Servicio Bolivariano del Gobierno de Venezuela. La mercancía incluye contrabando de equipo hidráulico, entre otros.

FUENTE: el vocero.com

12 de enero de 2018 - 11:49

Deja tu comentario

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter