Hermetismo sobre "fantasmas"

Ha transcurrido una semana desde que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ejecutó órdenes de arrestos en relación a la pesquisa sobre presuntos empleados fantasmas en el Capitolio sin que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, se haya expresado sobre la polémica que inició en ese cuerpo legislativo con la salida del entonces representante novoprogresista Samuel Pagán y que más tarde salpicó al Senado. Legisladores de las minorías políticas en la Cámara y el Senado instaron ayer al presidente cameral a darle cara a la controversia ante el temor de que se deteriore aun más la imagen que tiene la Asamblea Legislativa ante la ciudadanía. Esto luego de que las autoridades federales arrestaran al director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz, y al contratista Isoel Sánchez y a su pareja —también contratista— Chrystal Robles Báez, allegados al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. El senador y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, señaló que los presidentes del Senado y la Cámara tienen la responsabilidad de aclarar todas las dudas respecto a las contrataciones que se hacen en los cuerpos legislativos. “A nosotros nos han preguntado insistentemente qué tiene que decir el PPD sobre la forma y manera en que Rivera Schatz condujo su conferencia de prensa (tras los arrestos). A nosotros no nos interesa eso porque eso es lo que quiere el presidente (del Senado), que entremos en la discusión de si le gritó o maltrató (a miembros de la prensa). Aquí el problema es que hay un esquema de corrupción, que los presidentes de los cuerpos legislativos tienen que hablar, que tienen que explicar y que no se pueden ir por la tangente de si gritó o faltó el respeto”, expresó Torres. Mientras, el representante popular Jesús Santa solicitó a los presidentes legislativos que aclaren “por qué han sucedido cosas que no tienen que suceder”. “Les corresponde a ellos hablar y esperaría que el presidente de la Cámara aclare la situación, porque el juego está dividido. El varón (Sánchez) tenía un contrato acá en el Senado y la pareja tiene uno en la Cámara donde hacían lo mismo, pero la investigación federal se ha concentrado en el Senado y hay un ayudante de confianza del presidente del Senado que ya fue acusado y que se alega estuvo en ese esquema”, dijo el legislador. Santa comentó que en la Cámara “han tratado de tapar un pecado” porque una situación similar podría estar ocurriendo en ese cuerpo legislativo. Los imputados enfrentan 18 cargos por conspirar para cometer fraude electrónico, 10 cargos sustantivos de fraude electrónico, un cargo por mal uso de fondos de una entidad que recibe subvenciones federales, robo de identidad agravado y lavado de dinero. El representante novoprogresista José Enrique “Quiquito” Meléndez, indicó que las acusaciones federales por supuestos empleados fantasmas son un tema “bien difícil” para todos los miembros de la Legislatura. “Esto afecta a todo el mundo en el gobierno y es triste que estemos pasando por una situación como esta cuando ya pensamos que cosas como estas no iban a volver a ocurrir”, comentó. Meléndez se negó opinar sobre el silencio del presidente cameral tras las acusaciones federales, aunque sí enfatizó que los arrestos son por “fraude” y no por “fantasmismo”. Ayer EL VOCERO intentó, a través de su oficial de prensa, obtener una reacción de Méndez a toda la controversia, pero las gestiones fueron infructulosas. Exigen transparencia Para el representante independentista Denis Márquez, ambos presidentes legislativos deberían ser “transparentes” en sus contrataciones como un elemento vital para lograr la buena imagen y confianza del pueblo en la Legislatura. “Me parece que todos los funcionarios de la Cámara, electos y todos los que tienen responsabilidad administrativa, deben contestar preguntas y aclarar contrataciones”, afirmó. La investigación sobre este caso inició en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, tras las denuncias que hizo el exasesor legislativo Luis Hiram Delgado Rivera en el programa televisivo Jay y sus Rayos X. El representante Samuel Pagán renunció a su escaño el pasado 29 de mayo de 2018 tras el escándalo por el otorgamiento de un contrato a International Legislative and Government Consulting Group (LGCG), empresa propiedad de Sánchez.