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Las autoridades en Puerto Rico no tienen certeza de cuán profundo puede ser el problema de las sustancias químicas nocivas en el agua potable —Sustancias Perfluoradas y Polifluoradas (PFAS, en inglés)— que se deben eliminar a su punto más bajo, según estableció la nueva reglamentación la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA).
La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, aseguró que no había ninguna directriz sobre la detección de estas sustancias y por lo tanto se desconoce si están presentes en el agua que bebe la población.
“Al no tener ese requisito de reglamentación de monitoreo, no puedo dar detalles de si ha habido presencia o no, porque realmente, no es parte de la reglamentación actual… no puedo dar detalles de algo que no tengo… eso será parte de lo que se establezca próximamente por parte de la EPA. Tan pronto ellos así lo establezcan, nosotros seguiremos la reglamentación en ese momento”, declaró la funcionaria en entrevista con EL VOCERO.
Las PFAS son sustancias difíciles de eliminar del agua, que no se degradan en el medioambiente y pueden provocar una amplia gama de problemas de salud —como bajo peso al nacer y cáncer de riñón— según advirtió la EPA, cuando informó que limitarán “para siempre” los estándares para que ni siquiera puedan ser detectables en el agua, o de lo contrario se estaría en incumplimiento.
Según la EPA, las PFAS son un grupo de compuestos muy extendidos y peligrosos, y es costoso el proceso para eliminarlos del agua.
Estas sustancias químicas se han utilizado desde la década de 1940 en productos de consumo y en la industria; por ejemplo, en sartenes antiadherentes, envases para alimentos y espuma contra incendios. Aunque se han eliminado casi por completo en Estados Unidos, todavía quedan algunos de estos contaminantes.
El ingeniero Carl Soderberg, secretario del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático y exdirector de la División del Caribe de la EPA, indicó que no tenía conocimiento de que se hayan tomado muestras para determinar la presencia de estos químicos en el agua de Puerto Rico.
Sin embargo, sostuvo que la Isla “no es distinta a los Estados Unidos en términos de que estos contaminantes se encuentran, no solamente en el agua, sino también en suelo”, por lo que entiende que “lo más seguro” es que sí estén presentes.
El problema es que se requiere equipo especializado para detectar los contaminantes, para lo cual los laboratorios tendrán que hacer grandes inversiones. Tan solo un instrumento para detectar las PFAS cuesta $80 mil, según estimados a los que Soderberg ha tenido acceso.
“No solamente la EPA lo va a controlar en el agua potable —ya propuso una norma federal de calidad de agua para eso— sino también está teniendo un enfoque multidisciplinario y lo va a incluir en el inventario federal de tóxicos (ERI, en inglés), lo va a incluir también en las descargas de aguas usadas de las plantas de tratamiento —tanto industriales como de acueductos— y tengo entendido que también lo van a tratar de controlar a través del programa de manejo de desperdicios peligrosos”, explicó.
A su juicio, estas medidas van a impactar positivamente la salud.
Según Soderberg, cuando la EPA establece este tipo de normas o reglamentos conceden un periodo de por lo menos 3 años para cumplir.
Sin cifra de víctimas del ciberataque
La presidenta de Acueductos informó que luego de dos semanas y media de que ciberatacantes tuvieron acceso a la información de la corporación pública, no tienen “el número preciso” de clientes y empleados afectados con el jaqueo, como tampoco quiénes son los responsables.
Aunque, inicialmente se indicó que la información de clientes y empleados no había quedado expuesta, ayer la funcionaria confirmó que los atacantes tuvieron acceso a expedientes que contienen el nombre y apellidos de los abonados, combinado con uno o varios de los siguientes datos: número de seguro social, licencia de conducir, tarjeta electoral, pasaporte u otra identificación personal.
Para mitigar la exposición de datos, pondrán a disposición de los clientes un monitoreo de crédito gratuito por un año.
“Vamos a estar diciendo en las próximas semanas cómo es que se va a estar implementando para que aquellos clientes y empleados que quieran acogerse a este servicio puedan hacerlo, además de que seguimos recalcando en la necesidad del cambio de contraseñas, que sean complejas, que puedan dar cierto grado de seguridad y que las cambien constantemente, que monitoreen sus cuentas, que si ven algo inusual en el movimiento de sus cuentas particulares puedan denunciarlo de inmediato a la agencia que corresponda”, abundó a EL VOCERO.
Pagán señaló ayer que no habían podido determinar si el protocolo base de Acueductos para la protección de los datos estaba al día, a pesar de que el 15 de marzo —cuando se registró el ataque y se exigió un tipo de recompensa para liberar la información— Arnaldo Jiménez Acevedo, vicepresidente de planificación estratégica de la AAA, alegó que el sistema era robusto y que se autoprotegió como parte de los procesos establecidos.
“Desde el día cero estamos trabajando de la mano con (el Puerto Rico Intervention and Technology Service) PRITS, todos los protocolos que se establecieron de parte de PRITS. Paulatinamente, según vamos actualizando o activando plataformas en la autoridad, se hace también de la mano con personal de PRITS estableciendo los protocolos de seguridad que ellos requieren”, señaló la presidenta de Acueductos.
Agregó que trabajan en colaboración con las autoridades federales y se investiga a los autores como parte de una organización criminal.
FUENTE: elvocero.com
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