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AEE

Incierto el cargo a clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica

El Plan de Ajuste de Deuda para la reestructuración no incluye el dato

El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que presentó el viernes en la noche la Junta de Control Fiscal (JCF), falló en dejar en blanco y negro lo más importante: cuánto tendrán que pagar los abonados para sufragar ese acuerdo, coincidieron ayer dos analistas sobre temas de la reestructuración.

Mientras, el Grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE la emprendió contra el ente fiscal en una moción en que argumentó que la JCF terminó repentinamente la mediación con ellos y otros acreedores al negarse a “cualquier cambio sustancial en su posición sobre la base de datos divulgados tardíamente” y alegó que el proceso para llegar a un PAD-AEE fue “profundamente viciado”, “absurdamente complejo” y “altamente represivo”.

Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, dijo que está claro que los clientes de la AEE enfrentarán por un mínimo de 35 años y un máximo de 50, dos cargos distintos, que no es lo mismo que dos aumentos, ya que cada cargo puede subir con el paso de los años.

Alertó que no es correcto establecer que hay un promedio de 50% de reducción de la deuda porque para acreedores como los prestamistas de petróleo o Fuel Lenders la reducción es menos de un 16%.

En el documento no se incluyen posibles escenarios para litigios que están pendientes y que podrían requerir de otra fuente de pago. Estos aspectos llevan al Frente a concluir que la propuesta siguen siendo “insostenible” porque el país no está en condiciones de ofrecer aumentos en las facturas para pagar las deudas.

“Puerto Rico es la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos y la segunda que más paga electricidad. Los dos problemas o barreras de los comercios según ha dicho la Cámara de Comercio y otras asociaciones es el tema de los permisos y el costo de la energía. Lo vimos con el hospital San Jorge, un hospital histórico en la atención a niños que se fue a la quiebra y ¿cuál es una de sus principales deudas?, la energía… no es confirmable”, aseguró Prados.

La abogada alertó también que mientras más cara la factura, la gente en sus hogares comenzará a disminuir su consumo. En el caso de los negocios tendrían que reducir o encarecer también los servicios o cerrar. En ambas situaciones, no habría los recaudos proyectados.

Pero enfatizó que eso no está escrito en piedra, por lo que aseguró que es momento de que las personas salgan a oponerse.

Por su parte, el abogado especialista en procesos de quiebra, John Mudd, también criticó que no haya más claridad sobre las cifras que recaerán sobre los abonados y aunque no calificó la propuesta del PAD-AEE con ningún adjetivo, sí pronosticó que su confirmación podría extenderse más allá de la fecha que ya la jueza estableció en verano del 2023.

“El punto más importante es cuánto nos van a espetar (de aumento) y eso no está decidido. La parte donde está cuánto es el cargo dice: ‘to be determined’. Si tienes un acuerdo solamente con un 13% de los acreedores y con los demás no tienes acuerdo, puede ser que te digan ‘no tienes que pagar nada o bien poquito’, o puede ser que te digan ‘tienes que pagar 100%’ y tendrías que recaudar un montón de chavos”, puntualizó al tiempo en que prevé que, luego de la decisión que tome la jueza Swain es muy probable que inicien casos de apelación, alargando aún más el proceso.

Asimismo, dijo que es importante un detalle que pareciera haber pasado por desapercibido: el nuevo cargo fijo que se cobrará implicaría que las personas que tienen placas solares y que en vez de comprarle le venden energía a la AEE, también les va a afectar.

Precisamente, Prados señaló que el PAD-AEE es incompatible con la transición a 100% energía renovable debido a que lo que se recaude por medio de los dos nuevos cargos propuestos irán a pagar la deuda y no a mejorar el sistema e incorporar esas fuentes de generación.

Justin Peterson, uno de los integrantes de la Junta, se alineó por completo y sin reparos del lado de los bonistas y aseguró que votó en contra del PAD-AEE por entender que trata a esos acreedores “injustamente” y usa como base un análisis financiero “producido para resolver” y “pagar lo menos posible”.

“El enfoque unilateral de la Junta de Supervisión para la mediación fue decepcionante. Impidió un acuerdo global con todos los bonistas que estaban a su alcance. Mientras siga siendo miembro de la Junta de Supervisión, continuaré defendiendo los derechos de tenedores de bonos que han sido maltratados a lo largo de este proceso”, dijo en comunicado de prensa.

El asesor financiero del grupo Ad Hoc de Bonistas, Stephen Spencer, de la firma Houlihan Lokey, dijo que “la decisión de la Junta de presentar un plan altamente coercitivo que carece de un respaldo significativo de los acreedores y no tiene posibilidad de ser confirmado solo servirá para extender la bancarrota de casi seis años de la AEE, garantizar que el servicio de electricidad siga siendo poco confiable y generar costos más altos para la gente de Puerto Rico”. El grupo posee cerca del 50% de los $8,300 millones de bonos en circulación emitidos por la AEE.

La JCF a su vez respondió que no está de acuerdo con el análisis de asequibilidad de los bonistas y su caracterización del PAD-AEE.

“La Junta de Supervisión se mantiene abierta a continuar las conversaciones con los acreedores con el objetivo de lograr acuerdos consensuados que apoyen un Plan de Ajuste sostenible para la AEE”, reaccionó el ente fiscal a preguntas de EL VOCERO.

Mientras, la jueza Swain reiteró que hasta ahora –aunque tiene ante sí varias propuestas para posponer- la fecha límite para presentar las oposiciones al PAD-AEE es el 3 de febrero y la vista pública para discutir el plan sería el 28 de febrero a las 9:30 a.m.

FUENTE: elvocero.com

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