Informe detalla supuesto esquema de corrupción en compra de pruebas para detectar coronavirus

Un informe realizado por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, sobre la millonaria transacción para comprar las pruebas para detectar el coronavirus, concluyó que, entre otras cosas, las acciones de los funcionarios revelan un claro esquema de corrupción pública fundado en el clientelismo político. Igualmente, el representante identificó posibles delitos, como conspiración, y recomienda que los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado sean señalados por la comisión de perjurio. “El informe que publicamos hoy concluye y reitera aspectos que hemos denunciado por años como el del germen del inversionismo político que promueve, como hemos atestiguado en todas las vistas de las pruebas COVID-19, nombramientos de funcionarios sin la preparación o experiencia necesaria simplemente porque pertenecen al partido en el poder y con el único fin de perpetuar la politización del gobierno, adelantar agendas partidistas y personales, así como la devolución de favores económicos a los donantes de campañas”, expresó Márquez Lebrón. El documento preparado por Márquez Lebrón, bajo el título de “Informe de la Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en torno a la Resolución de la Cámara 1741”-, concluye la posible comisión de delito por conspiración en el caso de los testimonios de Adil Rosa Rivera, Mariel Rivera Rivera, Mabel Cabeza y el doctor Segundo Rodríguez. Recomienda, además, que todos sean referidos a las agencias investigativas pertinentes. El informe del Portavoz del PIP en la Cámara concluye, además, “la ausencia intencional y negligente en sus funciones del pasado Secretario de Salud, el doctor Rafael Rodríguez, y las omisiones y negligencias de la entonces subsecretaria, Concepción Quiñones de Longo; y la falta en su función ministerial de la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris E. Santos, quien no veló por el cumplimiento responsable del proceso de compra o contrataciones de las agencias, no requirió informes ni estableció los controles necesarios”. También concluye que el administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar J. Chávez Piñero, “incumplió con la Ley de Compras y negligentemente ha ‘arrastrado los pies’ en la aprobación de un reglamento de compras”. Otro aspecto fundamental del informe de Márquez Lebrón, es la urgente necesidad de una reestructuración y reorganización del Departamento de Salud (DS) y la actualización de la Ley de Epidemias y la Ley Orgánica del DS. “Con una Ley Orgánica renovada y actualiza y con un DS exento de politización, no sería necesario en caso de emergencia, nombrar a un grupo externo que provoque confusiones sobre a quién le toca cuál responsabilidad al momento de atender una emergencia de manera efectiva”, concluyó Márquez Lebrón. Agregó que, “más importante aún, es la transformación del actual sistema de Salud mediante la implementación de un plan de salud universal, con pagador único, que elimine a los intermediarios al momento de brindar servicios de salud, que cobije a todas las personas por igual y que nadie quede sin cobertura. Un sistema de salud que trabaje con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, eliminando el lucro; que tenga la visión de la salud, como lo que es, un derecho humano”. A tales efectos Márquez Lebrón emplazó para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1253, de su autoría, para dichos fines. El jueves, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales, presentó un primer informe parcial sobre la investigación que ha realizado por las pasadas semanas sobre las compras de pruebas para detectar coronavirus. El documento incluyó referidos a las agencias de ley y orden estatales y federales de varios de los funcionarios y exfuncionarios que, de alguna forma, estuvieron involucrados en la transacción. Entre los referidos están el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD, José Burgos, y la ex secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, así como Adil Rosa, exsecretaria Auxiliar de Administración de Salud; Mariel Rivera Rivera, requisidora en Salud, y Diana Meléndez, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas de Salud. Los referidos serían a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y el Negociado Federal de Investigaciones, en el caso de Burgos. El informe reveló que Mabel Cabeza, exjefa de personal de Salud, tras su traslado a La Fortaleza, “pasó a ser la persona que dirigía los trabajos de la agencia desde La Fortaleza”. En cuanto al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del task force médico sobre el coronavirus, se concluyó que se extralimitó en sus poderes conferidos por la orden ejecutiva que creó al grupo médico al asumir “la posición de darle el visto bueno a una compra realizada con fondos públicos”, en alusión a la compra de $38 millones a Apex General Contractors.

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