Inicia el juicio federal por fraude de $9 millones al Municipio de Mayagüez

Dos de siete acusados por un fraude de $9 millones al Municipio de Mayagüez enfrentarán juicio desde hoy, lunes, en el Tribunal federal de Hato Rey. Según el expediente del caso, hasta esta mañana estaban programados para enfrentar juicio el exjuez y exasesor legal Arnaldo J. Irizarry y el exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development (MEDI) Alejandro Riera Fernandez. Con ambos, el exasesor financiero estadounidense Joseph Kirkland también iba a enfrentar juicio, pero su defensa informó el viernes a la juez Aida Delgado que decidió declararse culpable. De acuerdo con la moción, el abogado de Kirkland indicó que su cliente tomó la decisión de aceptar una oferta de la fiscalía federal para llegar a un acuerdo luego de revisar el más reciente descubrimiento de prueba. La jueza ordenó que el acusado llegue a su sala judicial hoy y presente el acuerdo con la fiscalía para juramentar su cambio de alegación a una de culpable, antes de que comenzar el juicio contra el resto. De esa manera, Kirkland se sumó a los cuatro acusados que previamente habían cambiado su alegación original para aceptar su culpa de los cargos en su contra: su hermano Stephen Kirkland, Eugenio García Jiménez, Roberto Mejill Tellado y Steve Minger. ¿De qué se les acusa y cómo fue el fraude? En marzo de 2021, un gran jurado federal emitió un pliego de 33 cargos criminales contra los siete acusados por participar en un presunto esquema para defraudar al Municipio de Mayagüez por $9 millones. El pliego acusatorio alegó que García Jiménez, quien era asesor financiero del municipio e incorporador de la empresa municipal Mayagüez Economic Development (MEDI), representó al municipio que colocaría $9 millones en inversiones de alto rendimiento. Sin embargo, no lo hizo y, de inmediato, con la supuesta ayuda de los hermanos Kirkland y de Minger, transfirió ese dinero a otras cuentas a través de una red de entidades corporativas. Casi la totalidad de los $9 millones provenían de resoluciones conjuntas de la Asamblea Legislativa para reparaciones y mejoras al Centro de Trauma de Mayagüez. García Jiménez abrió una cuenta de inversiones el 31 de marzo de 2016, pero desde el 1 de abril de ese año comenzó a mover parte de ese dinero, sin que presuntamente la administración municipal estuviera al tanto de esas transacciones. Según la acusación, Joseph Kirkland usó toda la cartera como garantía contra futuros préstamos y compró $8,999,276.72 en varios valores del Tesoro de los Estados Unidos. “Para el 9 de junio de 2016 se transfirió toda la cartera de inversiones de MEDI”, señala la acusación. Según la fiscalía, parte del dinero se movió a cuentas bancarias corporativas y personales de los acusados quienes, supuestamente utilizaron parte del dinero en gastos como, la compra de embarcaciones, joyas, ropa, matrículas escolares, restaurantes, servicios públicos, pago de tarjetas de crédito e hipotecas, decoración y mejoras al hogar. Entre esos gastos destaca la construcción de una piscina de $12,000 a Mejill Tellado y compras hechas por García Jiménez por $15,396 a la tienda del diseñador Ermenegildo Zegna en Nueva York. A pesar de esos movimientos de dinero, el 6 de noviembre de 2017 García Jiménez “le representó fraudulentamente al alcalde de Mayagüez que MEDI invirtió los $ 9,000,000 y obtuvo un 18% de interés sobre el mismo, e instó al alcalde de Mayagüez a dejar la inversión por tres a cinco años ya que generaría $ 87,300.00 mensuales”. En abril de 2018 supuestamente le hizo creer que la inversión estaba intacta y lista para ser reinvertida y generar intereses. ¿A quiénes acusó el gran jurado federal en este caso? Eugenio García Jiménez - Entre el 2013 y 2014 fue consultor administrativo del Municipio de Trujillo Alto. En el 2014 empezó a asesorar al Municipio de Mayagüez, primero con contratos bajo su nombre y luego bajo la corporación Eugenio Garcia JR. & Associates, LLC. Tiene varias corporaciones activas e inactivas en el registro de corporaciones de Puerto Rico y también en Panamá. En diciembre del año pasado la Comisión de Bolsa y Valores lo acusó por las presuntas representaciones falsas de inversiones que hizo al Municipio de Mayagüez. Roberto Mejill Tellado - socio de Eugenio García Jiménez en las compañías Tega Holding y Premier Investment and Financial Services Group. En 2004 fue candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) para la alcaldía de Guánica. Él y su corporación, RWM Consultants, ha tenido millones en contratos gubernamentales y municipales de asesoría y recaudación. En el cuatrienio pasado fue asesor legislativo de la Comisión Conjunta sobre Informes del Contralor mientras su corporación tenía contratos con el Senado. Alejandro Riera Fernández - se desempeñó como director ejecutivo de Mayagüez Economic Development (MEDI). Durante el cuatrienio del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá llegó a ocupar el cargo de director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, y entre 2013 y 2016 también tuvo varios contratos de asesoría con la Superintendencia del Capitolio. Es presidente de la corporación Centros Urbanos de Puerto Rico. Arnaldo J. Irizarry Irizarry - abogado en la práctica privada que mantuvo contratos con el Municipio de Mayagüez hasta junio de 2019. Según datos de la rama judicial, fue designado juez municipal en enero de 1990 y en 1992 fue designado juez de distrito, pero renunció en junio de 1997. En enero de 2005 fue nombrado al cargo de Juez Superior al que renunció en mayo de 2010. Stephen y Joseph Kirkland - hermanos residentes fuera de Puerto Rico. Stephen firmaba en las cuentas como presidente de M.A.G. Holdings, una de las corporaciones registradas en Puerto Rico por Eugenio García Jiménez. Mientras, Joseph figuraba como asesor financiero de Union Bank Investment Services (UBIS) donde se abrió la primera cuenta utilizada en el supuesto esquema de fraude. La portavoz del FBI, Limary Cruz Rubio, rechazó confirmar si alguno de estos acusados tiene convicciones anteriores. Steve Minger - residente fuera de Puerto Rico que, según la acusación se representó a sí mismo como ejecutivo de varias de las entidades corporativas usadas para presuntamente defraudar al Municipio de Mayagüez y abrió varias cuentas bancarias que recibieron dinero de los $9 millones del ayuntamiento.