Investigan a 82 policías por violencia de género

En los pasados 11 meses, 82 agentes del Negociado de la Policía –75 varones y siete mujeres– presuntamente han incurrido en incidentes de violencia de género, según las estadísticas oficiales de la Uniformada. Algunos de estos han sido suspendidos y otros han sido referidos a talleres sobre el manejo de emociones y control del coraje. Pero, al cierre de esta edición, la Policía no había precisado las acciones disciplinarias que se han tomado contra los agentes involucrados en estos incidentes. “Es un mensaje terrible a las víctimas, porque son menos herramientas que ellas tienen disponibles para salir y buscar ayuda”, señaló Vilmarie Rivera, directora de la Red de Albergues. “Si hay tanta cantidad de policías que está teniendo este tipo de conducta, quiere decir que lo que se está haciendo no está funcionando. Es un asunto de protocolos y estadísticas, más allá de adiestramientos. Requiere hacer una retrospección de cómo se está manejando el asunto”, subrayó Rivera. Los señalamientos contra 82 agentes de enero a noviembre de este año representa una reducción de 12 casos en comparación con el mismo período para el año 2017. Mientras, al 30 de noviembre del 2018, un total de 1,744 policías habían sido referidos a la División de Psicología y Trabajo Social de la dependencia. De estos, 144 casos –la cifra incluye tanto a agresores como víctimas– están relacionados con la violencia machista. En el 2018, la violencia machista ha cobrado la vida de 23 mujeres y tres hombres. “Siempre ha habido una preocupación con las estadísticas de la Policía, especialmente con los casos de violencia doméstica. No hay estadísticas fiables en estos momentos”, argumentó la licenciada Johanna Pinette, coordinadora del proyecto Mujer, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Procesos paralelos El Negociado de Investigaciones en Asuntos Antidiscriminatorios es el ente sobre el cual recae la responsabilidad de investigar a nivel administrativo los casos de violencia de género contra miembros de la Policía, explicó su director, el teniente Juan D. Ruiz Acevedo. La Superintendencia en Investigaciones Criminales –que tiene bajo su organigrama una División de Violencia Doméstica– se encarga, no obstante, de procesar a los imputadosanivel criminal. “La querella criminal y la administrativa se pueden llevar a cabo paralelamente. Claro está, ahora mismo el acuerdo de la Policía establece que si el agresor no quiere declarar en el proceso administrativo mientras tiene un proceso criminal pendiente, lo puede hacer”, explicó. “Puede ser que en un caso criminal salga bien, pero administrativamente puede ser expulsado”, agregó el director del Negociado de Investigaciones en Asuntos Antidiscriminatorios. Entre el 2015 y el 2018, la Oficina de Asuntos Legales ha ejecutado 55 suspensiones sumarias de empleo y sueldo a agentes de la Policía por violaciones a la Ley 54 contra la Violencia Doméstica. “Recopilamos la prueba y, entonces, una vez culminamos con la investigación, hacemos un informe para la división legal, que son los que hacen las recomendaciones”, dijo Ruiz Acevedo. El teniente explicó que cuando se recibe la querella contra un oficial, automáticamente se procede a desarmarlo y se refiera a la División de Psicología y Trabajo Social, encargada de certificar si el o la oficial están aptos para realizar el trabajo y recuperar el arma de reglamento. Para Ruiz Acevedo, la reducción de 12 casos que reflejan las estadísticas de agentes presuntamente involucrados en incidentes de violencia de género en el 2018 es el resultado de los cambios que han hecho como parte de la Reforma de la Policía. “Los procesos que se han integrado han sido efectivos”, dijo el teniente. En lo que va del año, tres agentes de la Policía han asesinado a sus parejas o exparejas. Ninguno de estos oficiales había sido referido a la División de Psicología y Trabajo Social por incidentes previos de violencia machista ni por otra condición emocional, confirmó la Policía durante una vista a principios de este mes ante el juez federal Gustavo Gelpí, quien supervisa la Reforma de la Uniformada. El incidente fatal más reciente que involucra a un policía se registró el pasado 23 de noviembre, cuando el agente Luis Daniel Negrón privó de la vida a su pareja, Pilar Hernández. Otro asesinato se reportó el pasado 8 de septiembre en Quebradillas, cuando el oficial Jonathan Vargas Semidey asesinó a su esposa. Asimismo, la Policía reportó el pasado 3 de julio que uno de sus miembros, Carlos Cruz Martínez, usó su arma de reglamento para asesinar a su pareja, Milagros Ivette Ortiz, y luego se suicidó en el barrio Haya de Lajas. Por su parte, la teniente Aida Irizarry Díaz fue asesinada a puñaladas por su pareja, Héctor Rosado, quien no pertenecía a la Policía. ¿Retrasos en la prevención? Aunque la Policía detalló en la reciente vista judicial en el Tribunal Federal los esfuerzos dirigidos a atender la violencia de género dentro de la agencia, solo 2,907 de los cerca de 10,500 agentes en la Uniformada han recibido el adiestramiento preparado en colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para responder a los casos de violencia de género. La Orden General 600-627, titulada “Investigación de Incidentes de Violencia Doméstica”, ordenó –a finales del 2016– la confección de un adiestramiento para el personal del Negociado de la Policía. El adiestramiento se comenzó a ofrecer en marzo de 2017 y en casi dos años solo ha sido otorgado a poco más de una cuarta parte de los agentes policíacos. “Ellos nos dicen que para el 29 de mayo de 2019 esperan que el 100% de la Policía esté adiestrado”, señaló Pinette. Varias organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las mujeres se reunieron el lunes de la semana pasada con personal de la Policía para discutir el alza en los incidentes de violencia de género, así como el desempeño de la Uniformada. “Sé que varias compañeras han hecho el acercamiento para ponerse a la disposición de llevar a cabo estos adiestramientos”, dijo Pinette. La Policía también brinda ocho horas de adiestramiento sobre los aspectos biosicosociales de la violencia de género, el cual es otorgado por la División de Psicología de la agencia. Los agentes, además, reciben otras ocho horas de adiestramiento, pero dirigidas a los aspectos legales. Durante el 2018, los talleres los han brindado los instructores de las áreas policíacas. Al mes de agosto, se habían impactado 6,350 agentes y 1,408 supervisores. Mientras, a los policías con historial de violencia de género se les brindan seis módulos dirigidos a trabajar en el desarrollo de destrezas para el manejo de emociones, control del coraje, conducta agresiva y comunicación asertiva. “He tenido casos donde se recoge la querella a insistencia de la víctima, porque se le cuestiona si quiere seguir con la denuncia”, planteó Pinette. Necesitan más recursos Como parte de las estrategias, la Policía prevé expandir los servicios de la División de Psicología y abarcar otras áreas como la investigación, por lo que presentaron ante el juez Gelpí la posibilidad de ampliar los contratos de los psicólogos de la agencia de 100 a 120 horas mensuales. También han peticionado contratar cinco psicólogos adicionales: tres para cubrir las áreas policíacas de Aibonito, Utuado y Fajardo, y dos para que se dediquen a la investigación y consultoría organizacional, según el informe presentado ante Gelpí. En el 2011, el Departamento de Justicia federal advirtió que existía evidencia de que los agentes de la Policía no atendían adecuadamente las alegaciones de violencia doméstica. Señaló también fallas en la recopilación de datos sobre estos temas, así como una respuesta inadecuada a los incidentes cometidos por sus miembros. El documento destaca que entre el 2005 y el 2010, la Policía recibió 1,459 querellas civiles de violencia machista contra agentes. De las querellas resueltas durante este período, los investigadores administrativos recomendaron medidas disciplinarias y acciones correctivas en 1,018 casos. Igualmente, identificaron 98 agentes que fueronarrestados más de una vez por cargos de violencia doméstica entre el 2007 y 2010. Muchos de ellos, al momento del informe, permanecían activos.