José Bernardo Márquez emplaza al gobernador a que se exprese sobre las operaciones del Fondo de Mejoras Municipales

El representante de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que se exprese en torno al andamiaje legal que opera sobre el Fondo de Mejoras Municipales (FMM), cuyos desembolsos presuntamente están congelados por la dependencia que los administra: la Autoridad de Tierras. El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, fue quien reveló en febrero que había ordenado la paralización del desembolso del dinero tras encontrar una serie de irregularidades en el manejo del dinero de parte de la Autoridad de Tierras. No obstante, Márquez Reyes le está solicitando a Pierluisi evidencia de que, en efecto, el desembolso del dinero ha sido paralizado. Las operaciones del FMM, que se nutre de un por ciento del Impuesto de Ventas y Uso, han provocado sendas auditorías en la Autoridad de Tierras, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. “A conocimiento nuestro, no ha habido al momento una expresión oficial del Ejecutivo, del Departamento de Agricultura o de la Autoridad de Tierras confirmando la paralización de los desembolsos del fondo ni el alcance o duración de tal paralización. Así las cosas, solicitamos que nos confirmen dicha paralización cuanto antes”, indicó Márquez Reyes en una carta dirigida a Pierluisi y con copia a la secretaria de la Gobernación, Noelia García; al asesor legislativo Carlos Rivera Justiniano, al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y a la contralora Yesmín Valdivieso. Sin embargo, Márquez Reyes no incluyó a González Beiró ni a la dirección interina de la Autoridad de Tierras. “En la medida en que esos fondos están presupuestados y asignados por ley, congelarlos es inusual. Hacerlo requiere aceptar el problema constitucional, lo que difícilmente haga un jefe de agencia sin consultar con Fortaleza. Entendemos que el deber principal de intervenir con el barril y, en particular, con la Ley 173-2020, es del gobernador”, indicó Márquez Reyes a El Nuevo Día. El legislador de primer turno también solicitó a Pierluisi a que se exprese en torno al andamiaje legal que aplica al FMM. Justicia básicamente no ha querido asumir una postura sobre la constitucionalidad del FMM, pero la Oficina de la Contralora lo rechaza. Emanuelli, por un lado, indicó a Márquez Reyes a mediados de marzo que no opinaría sobre el asunto porque el secretario de la Cámara no le hizo la consulta, un paso supuestamente imprescindible, y porque en una carta circular de Justicia se indica que como requisito para que el titular de Justicia se exprese sobre una consulta tiene que entregarse una certificación haciendo constar que el asunto objeto de la consulta no se encuentra bajo la consideración de ningún tribunal de justicia o foro administrativo. Aunque el asunto no está planteado ante un tribunal, Emanuelli sí le indicó en la carta al legislador que este ha advertido que podría retar la constitucionalidad del fondo en un tribunal. Además, Justicia podría intervenir en el pleito, dijo su secretario. Márquez Reyes convocó a la prensa el 24 de febrero para anunciar que le estaba solicitando una opinión legal tanto a Emanuelli, como a la contralora sobre la constitucionalidad del esquema actual legal que gobierna la repartición del Fondo de Mejoras Municipales al amparo de la Ley 173-2020. En una carta dirigida a Márquez Reyes, Valdivieso le indicó que el esquema legal que rige cómo opera el Fondo de Mejoras Municipales es inconstitucional. El choque constitucional, según Márquez Reyes, estriba en que la Ley 173-2020 colocó en manos de la Autoridad de Tierras el manejo administrativo del Fondo de Mejoras Municipales, pero esto choca con el artículo IV, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico que le reconoce a la Rama Ejecutiva la facultad expresa de hacer valer las leyes. El choque se debe a que el dinero es asignado a entera discreción de los legisladores a través de la Autoridad de Tierras. La OCPR está recomendando que la Ley 173-2020 sea enmendada para eliminar la potestad que tienen los legisladores en cuanto a la disposición de este “barril de tocino”, lee el análisis. Márquez Reyes ha dicho que el esquema vigente actual choca con la opinión, que entiende sigue vigente, del 1989 emitida por el entonces secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, y también el esquema legal del Fondo de Mejoras Municipales choca con la decisión del Tribunal Supremo en el caso Noriega vs. Rafael Hernández Colón. En síntesis, el Tribunal Supremo determinó en un caso de 1994 que era inconstitucional el mecanismo del barril de tocino de entonces, que consistía en que cada cuerpo legislativo aprobaba una cantidad a ser repartida por el legislador, y que ese legislador en su entera discreción distribuía los fondos sin que existiera fiscalización alguna de un organismo gubernamental, ya que la entonces Administración de Servicios Municipales era solo un distribuidor de los fondos. Ese diseño ahora opera, pero en la Autoridad de Tierras por disposición de la Ley 173-2020, ya que se indica que las obras y mejoras a ser ejecutadas con el dinero serán determinadas administrativamente y sin legislación. En su opinión de 1989, Rivera Cruz indicó que el esquema del barril de tocino de entonces era “insostenible e impermisible”. Márquez Reyes y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, han radicado proyectos de ley para reformar cómo se distribuye el FMM