Juez federal fija plazo para hacer alegación de culpabilidad en caso contra socio de J.R. Asphalt

El juez federal Francisco Besosa estableció hoy, martes, un plazo para que Mario Villegas Vargas, socio de la empresa J.R. Asphalt, informe al tribunal si hará alegación de culpabilidad. La orden, que surgió al cabo de una vista de status en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan, fijó para el 11 de julio la fecha límite para que Villegas Vargas avise si aceptará su culpa por los tres cargos que emitió un gran jurado en su contra. Tan pronto se llamó el caso, la licenciada Kendys Pimentel Soto, abogada de Villegas Vargas, y el fiscal federal Nicholas Warren Cannon solicitaron acercarse al estrado para hablar con el juez fuera del récord judicial. Desde el área del público de la sala se pudo escuchar que tocaron el tema del mecanismo judicial “change of plea”, que se activa cuando un acusado procede a cambiar su alegación inicial de no culpable para declarar que acepta culpa por alguna o todas de las denuncias que pesan en su contra. Sin embargo, no fue posible saber si las partes hablaron o no de que estén llevando a cabo alguna negociación para llegar a un acuerdo. Después de la conferencia frente al estrado, volvieron al récord judicial. En ese momento, Besosa pautó la próxima vista de status para el 14 de julio. “Si hubiera alguna moción que se va a radicar de supresión (de evidencia) o de cambio a alegación de culpabilidad, se debe radicar para el 11 de julio”, dispuso Besosa. Afuera de la sala, la licenciada Pimentel declinó hacer comentarios del caso. La corta vista de hoy surge luego que en la audiencia pasada el juez concediera un mes para que la defensa terminara de revisar la prueba contra su cliente que le entregó el Ministerio Público. Villegas Vargas enfrenta cargos por conspiración para recibir comisiones ilegales, soborno y el uso del comercio interestatal en un acto criminal. Después que se declarara culpable el entonces alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado, por cargos vinculados al esquema de corrupción, Villegas Vargas fue arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Gurabo en la madrugada del 2 de diciembre. Unos días después, el 8 de diciembre, se hizo público el acuerdo del codueño de J.R. Asphalt, Raymond Raymond Rodríguez Santos, con la fiscalía federal mediante el cual se declaró culpable. Según la acusación contra Villegas Vargas, supuestamente le otorgó pagos en efectivo y obsequios de lujo al exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado, con la intención de ser favorecido ilegalmente con contratos gubernamentales para su empresa. La acusación alega que el esquema acordado por el acusado y el exalcalde incluía reuniones entre ambos en varios lugares del municipio para obsequiar al exfuncionario los sobornos en efectivo o a manera de relojes lujosos Rolex, a cambio de que el municipio le otorgara contratos a J.R. Asphalt. Con relación al esquema de fraude J.R. Asphalt y a otro similar de la empresa de Waste Collection, ya se han declarado culpables los exalcaldes de Cataño; de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués; y de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez. Mientras, han sido acusados el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero, de Aguas Buenas Javier García Pérez, de Humacao Reinaldo “Rey” Vargas, así como Radamés Benitez Cardona, quien era ayudante ejecutivo del actual alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz. El Nuevo Día supo que Cruz Curz, quien había cooperado previamente con las autoridades federales, ha estado en negociaciones con el Ministerio Público. Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha negado que haya llegado a algún acuerdo con los dueños de esas compañías. A preguntas de la prensa, en mayo pasado, el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, admitió que había más alcaldes bajo investigación. Cuando le preguntaron sobre cuántos eran, contestó que “suficientes”. Al tiempo en que transcurre el proceso criminal contra Villegas Vargas, los socios de J.R. Asphalt enfrentan, al menos desde agosto de 2021, en una demanda civil en el tribunal estatal para liquidar los bienes de esa compañía. La liquidación permitiría saldar las deudas y repartir el sobrante de las ganancias entre ambos dueños. Como parte del proceso civil, Villegas Vargas ha alegado que Rodríguez Santos lo ha mantenido a oscuras sobre las transacciones de la compañía, al punto de que desvió $1.5 millones a cuentas secretas. Rodríguez Santos también firmó una resolución corporativa para remover la necesidad de firma de Villegas Vargas en los documentos o transacciones bancarias.