Juez se reserva fallo sobre la vacunación obligatoria de covid-19

Luego de escuchar los argumentos de las partes, el juez del Tribunal de San Juan, Alfonso Martínez, se reservó su fallo sobre si acogerá o no la petición de cientos de familias que buscan detener la orden ejecutiva que pretende obligar a la vacunación contra el covid-19 tanto a los estudiantes mayores de 12 años como a los empleados gubernamentales. Los demandantes solicitaron una orden de interdicto y una sentencia declaratoria al alegar que se les violan sus derechos constitucionales. “El tribunal va a sopesar esa prueba, va a considerar los argumentos de naturaleza jurisdiccional que se han presentado y se han discutido en el día de hoy (ayer)”, afirmó el juez. La orden ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi establece que los empleados públicos deberán vacunarse contra el coronavirus o entregar una declaración citando las razones religiosas o médicas que justifiquen no inocularse. Los que opten por no vacunarse deberán, además, entregar una prueba negativa de covid-19 todas las semanas. Ya el Departamento de Salud había establecido el mismo requisito para todos los estudiantes mayores de 12 años que se supone regresen a las aulas este mes. Alegan violación de derechos La licenciada Cynthia Torres, una de las abogadas de los demandantes, expuso que “los individuos que están aquí sufriendo las violaciones a sus derechos están reclamando la Cláusula de Supremacía porque el Estado le está violando el derecho de la opción de rechazarla (la vacuna) y eso hay que decirlo públicamente. El problema aquí es que han querido leer la ley federal tanto (el presidente Joe) Biden como los abogados de Biden, que están analizando lugares en donde hay omisión de expresiones en la ley… Ahora mismo todos los tribunales que han atendido este tema han sido específicamente entidades pequeñas donde el juez ha tenido que resolver el asunto particular”. Torres planteó que tres cuartas partes de Estados Unidos tienen mandatos en contra de la vacuna contra el covid-19. Indicó que los datos internacionales demuestran que la incidencia de infección del coronavirus en los niños es menor. Mencionó un estudio de la Universidad Johns Hopkins que reflejó que en un grupo de 48,000 niños monitoreados hasta agosto de 2020 se encontró cero muertes por covid-19. Mientras, el abogado Adrián Díaz, otro de los representantes legales de los demandantes, comentó que más de 500 familias quieren ser parte en el pleito legal. “La gente aquí sigue hablando de productos y productos y cuando usted tome la decisión de cuidar su cuerpo no depende de una vacuna, porque el ser humano no vino al mundo para depender de un producto de una farmacéutica”, dijo. “Hay personas de riesgo que están bien identificadas y hay una población que no es de riesgo, pero tenemos derechos constitucionales y están atacando para que los niños no estudien y muchos de nuestros clientes no tengan trabajo mañana porque no hay taller de trabajo para ellos si no están vacunados y el Estado deja toda esta población indefensa, sin justificación”, acotó el letrado. Por su parte, las abogadas del gobernador y del secretario de Salud, Ada Marie Sánchez Torres y Tania Libertad Fernández, solicitaron la desestimación del caso. Argumentaron que los demandantes no presentaron un reclamo que los haga acreedores de remedio alguno y que carecen de legitimación activa. “Se previene a este ilustrado tribunal que, de conceder el remedio solicitado por los demandantes, las repercusiones serían catastróficas pues nos exponemos como país a un crecimiento exponencial de contagios con covid-19; cientos de miles de personas hospitalizadas; muertes innecesarias e incluso hasta el colapso de nuestro sistema de salud”, reza la moción de desestimación. Durante la audiencia, los demandantes presentaron los testimonios de la pediatra infectóloga María Carrasco y del epidemiólogo Rafael Iriarte. Mientras, los demandados presentaron el testimonio de la doctora Iris Cardona, principal oficial médico y directora del Programa de Vacunación del Departamento de Salud. Carrasco consideró a preguntas de la abogada Atabey Lamela, otra representante legal de los demandantes, que no es un peligro inminente enviar a los niños a la escuela sin el requisito de la vacunación. Planteó que el enfoque debe ser la prevención y que la carga viral en los menores es mínima. Por su parte, a preguntas de la abogada Fernández, Carrasco dijo que no tiene pacientes a su cargo en los hospitales y que en este momento es solo consultora. De otro lado, ante los cuestionamientos de Díaz, el doctor Iriarte señaló que los riesgos de niños no vacunados de contraer el covid-19 son bajos. A preguntas de la abogada Fernández, Iriarte dijo que ha dedicado su vida profesional a la docencia y que continuó practicando la medicina de forma parcial hasta hace dos años, cuando decidió retirarse. Defienden la inoculación Entretanto, Cardona afirmó que la vacunación es una de las intervenciones más importantes en la historia de la medicina y que es una de las herramientas más importares durante la pandemia de covid-19. “(La vacuna) protege a los que se vacunan… como herramienta de prevención es buena y necesaria”, afirmó. La funcionaria precisó que unos 27,000 menores han sido contagiados con covid-19.