Junta fiscal anuncia nuevo acuerdo de deuda

La Junta de Control Fiscal anunció los términos de un acuerdo de reestructuración de la deuda con ciertos tenedores de bonos, lo que describieron como un gran avance para lograr un Plan de Ajuste para resolver $35,000 millones en reclamaciones relacionadas y no relacionadas con la deuda. El ente indicó que los términos del acuerdo con bonistas de Obligaciones Generales (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) reflejan las negociaciones con los acreedores incluidos en el acuerdo de reestructuración que el organismo había alcanzado el año pasado. “Logramos un acuerdo justo, sostenible y consensuado que pone a Puerto Rico en un camino hacia la recuperación y es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota de las personas y los negocios de Puerto Rico”, dijo el presidente de la junta, David Skeel. El nuevo acuerdo reduce $18,800 millones de la deuda de Puerto Rico en poder de los tenedores de bono de OG y AEP en un 61%, a $7,400 millones. Además, reduce el total de pagos del servicio de la deuda en un 62%, de $90,400 millones en el marco de los acuerdos de deuda contractual originales previos a Promesa a $34,100 millones bajo el nuevo acuerdo, incluidos el principal y los intereses de los bonos de Cofina. El acuerdo también provee a los bonistas de OG y AEP $7,400 millones en bonos y $7,000 millones en efectivo, lo que quita el peso de una deuda insostenible a futuras generaciones. Por último, incluye un Instrumento de Valoración Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) que brinda un valor incremental a los bonistas de OG y AEP solo si la economía de Puerto Rico se crece más de lo proyectado en el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico en 2020. El acuerdo reduce los pagos máximos anuales del servicio de la deuda a $1,150 millones para bonos de interés actual, en comparación con los pagos de hasta $4,200 millones sin la reestructuración. El servicio de la deuda anual en el acuerdo previo a la pandemia fue de unos $1,500 millones, mientras que el nuevo acuerdo liberaría más de $300 millones adicionales al año para los servicios que ofrece el gobierno. Es decir, los pagos anuales suman a $34,100 millones a lo largo de la vida de la deuda bajo el nuevo acuerdo, una reducción de 62% en comparación a los $90,400 millones que Puerto Rico tendría que pagar bajo los acuerdos originales de deuda contractual previo a Promesa. Sin Promesa, 30 centavos de cada dólar de los impuestos y honorarios que el gobierno cobra al pueblo de Puerto Rico irían a los acreedores. Este nuevo acuerdo reduce aún más los pagos anuales a menos de 8 centavos de cada dólar de lo que el gobierno recauda. Reacciona el gobernador El gobernador Pedro Pierluisi expresó que los términos del nuevo acuerdo “son positivos para Puerto Rico. Más aún, estoy convencido de que el acuerdo es sostenible y podrá ser cumplido sin poner en riesgo los servicios esenciales del gobierno”. “Culminar el proceso de restructuración de la deuda de Puerto Rico es una prioridad de mi administración. Dejar atrás la quiebra del gobierno es un paso fundamental para la recuperación y para el desarrollo económico de Puerto Rico. Con ello acabará la incertidumbre que representa este proceso, así como los gastos de restructuración que ha tenido que incurrir el gobierno”, agregó. A pesar de apoyar los términos, Pierluisi adelantó que el gobierno de Puerto Rico no estará suscribiendo el PSA anunciado. “Estoy seguro de que el Tribunal presidido por la Jueza federal Laura Taylor Swain puede aprobar un Plan de Ajuste que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal”. Los miembros de la junta fiscal aprobaron el acuerdo por unanimidad. Los tenedores de más de $11,700 millones de bonos apoyan el acuerdo, incluidos los inversionistas municipales tradicionales y las aseguradoras (monolines) Assured Guaranty Corp., Syncora Guarantee, Inc. y National Public Finance Guarantee Corp. La mediación continúa con los tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados, reclamos generales no asegurados, las aseguradoras de bonos (monolines) con reclamos de recuperación, y los acreedores que tienen otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico.