Puerto Rico 20 diciembre 2017

Junta fiscal tendrá la última palabra

Se pide explícitamente que el gobierno defina sus prioridades en coordinación con la junta fiscal y da la última palabra a ese ente

La medida suplementaria con una asignación de hasta $81,000 millones a ser repartida entre Puerto Rico, Islas Vírgenes, Texas, Florida, Luisiana -que fueron afectados por los huracanes María, Irma y Harvey- y California -donde ocurrieron devastadores incendios forestales- incluye una sección de “requisitos” diseñados específicamente para Puerto Rico como parte de los controles ejercidos por el Congreso y Casa Blanca en cuanto al uso de los fondos multimillonarios.

El gobernador debe someter, en un término de seis meses después de aprobada la medida, un informe al Congreso en el cual detalle sus prioridades conforme a la evaluación de daños de las viviendas, la infraestructura pública –incluyendo la red eléctrica–, los servicios de salud y asuntos ambientales como el manejo de desperdicios sólidos. También debe incluir sus prioridades económicas en torno a la expansión industrial y a la capacitación de la fuerza laboral, según la medida.

Ese plan debe ser trabajado en coordinación con los oficiales a cargo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), el Departamento de Energía y el Tesoro federal. Además, se pide explícitamente que el gobierno defina sus prioridades en coordinación con la junta fiscal y da la última palabra a ese ente, que tendrá la obligación de revisar y certificar la propuesta del gobernador para el uso de los fondos.

“El paquete de ayuda suplementaria presentado por el Congreso tiene aspectos de política pública que dificultan nuestro apoyo, como por ejemplo el lenguaje que establece que la Junta de Supervisión Fiscal debe certificar un plan de recuperación. Estamos en desacuerdo con esta disposición”, reaccionó el gobernador en declaraciones escritas a EL VOCERO.

Rosselló insistió en que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), que crea la junta federal, le designa velar por la estabilidad fiscal y el desarrollo económico de la Isla. “Eso no supone ejercer las funciones que le corresponden al gobierno electo democráticamente por los puertorriqueños”, comentó Rosselló.

Asimismo, el primer ejecutivo opinó que el paquete de ayuda suplementaria para las jurisdicciones devastadas por desastres naturales “es un avance en la dirección correcta, pero lamentablemente la medida no atiende todas las necesidades de Puerto Rico, como el precipicio fiscal de Medicaid”.

Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, refutó que se haya incluido ese lenguaje en la medida, pues impone a Puerto Rico restricciones adicionales a las que exige de cualquier otro territorio o estado. “Aunque ese lenguaje vino de la Casa Blanca, de la petición oficial que hizo la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, por siglas en inglés), creo que a Puerto Rico se le debe tratar igual que al resto de las jurisdicciones: que sea el inspector general quien audite los contratos. No creo que se le debe tratar diferente”, opinó en entrevista telefónica con este diario.

La OMB -adscrita a la Oficina del Presidente- había enviado el 17 de noviembre una carta al Congreso en la que recomendaba que se incluyera lenguaje similar para Puerto Rico. “La administración trabajará estrechamente con Puerto Rico para desarrollar un plan para la reconstrucción, el cual informará la solicitud futura de fondos de recuperación a largo plazo”, firmó el director, Mick Mulvaney.

Los controles en el manejo de esos fondos se incluyeron también luego que la directora ejecutiva de la junta fiscal, Natalie Jaresko, solicitó al Congreso que condicione cualquier asignación de fondos federales para la recuperación de Puerto Rico a que el dinero esté sujeto al dominio de ese ente.

Sin precisar los fondos para la Isla

Aunque todavía no se sabe cuánto de la cantidad global de $81,000 millones se destinará a Puerto Rico, la comisionada anticipó que será una cantidad multimillonaria. Dijo que está todavía trabajando lenguaje para esa medida, que debe pasar para aprobación del Senado entre hoy y mañana.

La versión cameral contiene $12,100 millones asignados al Cuerpo de Ingenieros para reparar infraestructura y mitigar desastres futuros; $28,600 millones para el Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo fondos para FEMA; $21,700 millones para el Departamento de Energía para proveer asistencia técnica y ayudar a la reparación del sistema eléctrico y $13,500 millones para el Community Development Block Grant (CDBG) a ser utilizados en vivienda, negocios e infraestructura.

Se permite también a Puerto Rico y a sus municipios acceder a préstamos por desastres, cuya asignación asciende a $4,000 millones. Esta cantidad se une a los $4,900 millones asignados previamente.

Asimismo, se concede a las jurisdicciones afectadas por los desastres naturales flexibilidad en la Ley Robert T. Stafford para usar el dinero no solo para reparar lo dañado, sino para construcciones nuevas y se permite un pareo de fondos de hasta 90%.

Fuente: elvocero.com

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