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17 de noviembre de 2022
LUMA

Justicia no encuentra ilegalidad en el contrato con LUMA

Fontanés Gómez aseguró que le pidió asesoramiento al secretario ante los cuestionamientos públicos que se han levantado

17 de noviembre de 2022 - 13:02

El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, concluyó que el contrato que firmó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) con el consorcio LUMA Energy no es contrario a la ley, la moral ni el orden público. Tampoco lo son las cláusulas sobre la terminación o cancelación de contrato, según su evaluación.

Emanuelli Hernández explicó que el análisis tomó como base si al firmar el contrato se violó la Ley 29-2009 de Alianzas Público Privadas, la Ley 120-208 para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, el Código Civil o los conceptos de la ley, la moral y el orden público, según están definidos en los estatutos vigentes.

En la carta enviada al director ejecutivo de Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanés Gómez, el titular de Justicia asegura que al revisar el contrato pudo concluir que no hay impedimento para que la AAPP ejerza su poder de fiscalización sobre LUMA.

Por su parte, Fontanés Gómez se mostró satisfecho con el análisis y afirmó que “la selección de LUMA como operador de transmisión y distribución representa un hito importante en la transformación del sistema eléctrico, y fue producto de un proceso de licitación competitivo que se llevó a cabo de acuerdo con los más altos estándares de rigurosidad y que contó con la participación de varias entidades gubernamentales, incluyendo la AAPP, la (Autoridad de Energía Eléctrica) AEE, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Junta de Supervisión Fiscal”.

A preguntas de EL VOCERO, Fontanés Gómez aseguró que le pidió asesoramiento al secretario “ante los cuestionamientos públicos que se han levantado, y para que el pueblo de Puerto Rico tenga la claridad y tranquilidad de que este contrato fue otorgado en estricto cumplimiento con el marco legal y regulatorio aplicable”.

De la respuesta de Emanuelli Hernández no se desprende la petición específica que Alianzas Público Privadas hizo sobre el alcance del contrato. No obstante, el secretario indicó que el tema ha generado “debates que, en ocasiones, pretenden desestabilizar los intentos de optimización del sistema energético en beneficio de la ciudadanía”.

“Por consiguiente, y luego de un estudio ponderado de su solicitud, entendemos preciso expresarnos en este momento histórico sobre algunos aspectos neurálgicos y noveles de esta consulta. Advertimos que nuestras expresiones son en ánimo de asistirle en el análisis”, expuso el secretario en el escrito de 55 páginas, de las que solo siete están dedicadas al análisis.

En estas siete páginas, en su mayoría se cita de manera extensa las expresiones de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain sobre los dos casos en los que se cuestiona la validez del contrato.

Recomendaciones de junta fiscal

En el recuento sobre la negociación, el secretario Emanuelli establece que la junta fiscal supervisó y participó activamente del proceso, haciendo recomendaciones que se incorporaron en la versión final del documento.

Sin embargo, no consta en la evaluación de Justicia que hayan analizado las alegaciones de conflicto de interés de la empresa McKinsey & Company —reseñadas por el New York Times y The Wall Street Journal— sobre cómo McKinsey mantuvo contratos con Quanta Services, una de las empresas matrices de LUMA, a la vez que recomendaba a la junta fiscal que le contratara como operador del sistema de transmisión y distribución.

Análisis “superficial”

Para el abogado Rolando Emanuelli, quien lleva los casos que retan la validez del contrato, el análisis del secretario de Justicia es “superficial e ingenuo” y considera que es parte de un “esfuerzo mediático”. Sostuvo que el funcionario prefirió mantener su trabajo a profundizar en lo sustantivo del documento.

“Pienso que en lo que se ha escrito va a quedar evidencia la fragilidad y la falta de rigurosidad del secretario cuando se confronten los señalamientos con el desbalance de las prestaciones que, por dar un ejemplo, ofrecen la oportunidad de rentas ocultas, lo que implica que LUMA puede robarse los fondos públicos haciendo contratos con sus empresas matrices y afiliadas. El contrato es leonino, se cae de la mata. No hay análisis allí de eso”, declaró.

El representante Luis Raúl Torres afirmó, por su lado, que hace un año le pidió al secretario que evaluara la legalidad del contrato y el funcionario se negó. Sobre los referidos por posibles violaciones de ética, negligencia y perjurio que hizo sobre varios funcionarios, informó que el secretario los exoneró a pesar de la evidencia.

“Cuando el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia necesita una opinión legal para validar una acción contraria a derecho o para justificar sus acciones gubernamentales, acude a su sastre jurídico, el secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli. No debe sorprenderle a nadie la opinión”, concluyó.

FUENTE: elvocero.com

17 de noviembre de 2022 - 13:02

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