Justicia no les cree a los implicados en la pesquisa del chat

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, no creyó la versión de líderes del Plan para Puerto Rico (PPPR) quienes afirmaban que desconocían que Rafael Ramos Sáenz era juez cuando intercambiaban con él información electoral y del programa de gobierno. Sus más de tres décadas en el ejercicio de la abogacía, que incluyen una carrera como fiscal, le indicaron que los mensajes, la camaradería en el trato y las imágenes plasmadas en los dos chats que tenía el PPPR, así como otra prueba evaluada, no eran compatibles con esa argumentación. “Los fiscales no podemos ser tan ignorantes de creer lo que nadie más creería”, señaló Vázquez Garced al comentar que ajustó esa conocida expresión del juez Raúl Serrano Geyls sobre el trabajo judicial a las inferencias que sus fiscales tenían que hacer respecto a los hechos que tenían ante sí. Tras ese análisis, Vázquez Garced hizo ayer un referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en el que incluyó a los dos principales colaboradores del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en La Fortaleza. La secretaria de Justicia recomendó a la OPFEI la designación de un fiscal especial contra el exjuez Ramos Sáenz y favoreció que se investigue como posibles coautores ante la presumible comisión de delitos al secretario de la Gobernación, William Villafañe Ramos, y a la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García Rodríguez. En ese referido incluyó también a la directora de transformación y eficiencia de la oficina del secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román; a la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Waleska Maldonado Claudio, y al subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz. Los hechos sobre los que Justicia entiende que hay causa probable para pensar que hubo comisión de delitos penales y electorales están relacionados con el intercambio de las conversaciones que hubo en los chats #TeamP3R- coffe break y P3R-estructura gerencial que recogía a miembros y colaboradores del equipo del Plan para Puerto Rico, entre los que estaba el entonces juez Ramos Sáenz, y que tenían la encomienda de preparar la plataforma de gobierno del hoy gobernador. En su informe investigativo, Justicia sostiene que contra Ramos Sáenz existe causa probable para creer que pudo cometer los delitos de enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, malversación de fondos públicos y dar promesa de rendir determinado veredicto o decisión. Además, fue referido por la posible comisión de 20 violaciones al Código Electoral del Siglo XXI. En tanto, el referido a la OPFEI señala que, contra la secretaria asociada de la Gobernación, existe causa probable para creer que pudo haber violado el Artículo 292 del Código Penal, que es influir indebidamente en la adjudicación. Esto está relacionado con las controversias electorales que Ramos Sáenz consultóa través del chat. Según la secretaria, a esta funcionaria también se le refirió por la posibilidad de haber cometido perjurio “por una información que ella brindó y surge de los documentos que se examinaron que la información puede haberse brindado bajo juramento de manera incorrecta o con conocimiento de su falsedad”. También fue referida por presuntamente influir indebidamente en los nombramientos de Ramos Sáenz, primero como juez superior y luego como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). García Rodríguez también fue referida a la OPFEI y ante las autoridades federales por la posibilidad de que haya incurrido en intimidación con el aparente propósito de obstaculizar esta investigación, explicó la secretaria en entrevista con El Nuevo Día. “Ella intervino en una situación en la que no debió haber intervenido, y yo lo tomé, y cualquier persona en mi posición la hubiese tomado, como un intento de intimidar a la secretaria de Justicia para no hacer la investigación y entorpecerla y obstruirla”, abundó Vázquez Garced. La secretaria rechazó especificar en qué consistió esa presunta intimidación, pero mencionó que estaba relacionada con un familiar. Sobre los otros cuatro funcionarios referidos, Justicia sostiene que existe causa probable para creer que cometieron violaciones al código electoral y al Artículo 292 del Código Penal. En el caso de Villafañe Ramos, aclaró que su referido está relacionado con la instrucción que le dio a Ramos Sáenz a través del chat para que se comunicara con la entonces comisionada alterna del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, o con el comisionado electoral Aníbal Vega Borges. “Aunque (su mensaje) es posterior a la (publicación de la) resolución, nosotros, en el descargo de nuestras funciones, tenemos que incluirlo en el informe para que sea el FEI el que determine si forma parte de la comisión de algún delito”, indicó la titular de Justicia. El referido de Justicia a la OPFEI es específicamente sobre el exjuez porque, debido a su cargo, cualquier investigación penal en su contra es de la jurisdicción exclusiva de esa oficina. Las demás personas implicadas no eran funcionarios al momento de sus comunicaciones a través de WhatsApp o no caían bajo la categoría de funcionario que investigaría un fiscal especial independiente, según lo establece la ley. No obstante, la Ley de la OPFEI otorga jurisdicción a esa oficina sobre presuntos coautores en la comisión de delito por parte de un funcionario que sí es de la jurisdicción del fiscal especial. Según Vázquez Garced, el exjuez Ramos Sáenz entró al grupo del PPPR a través de Arroyo Muñiz y fue García Rodríguez quien lo incluyó en el chat en el que se discutían asuntos electorales y del programa de gobierno. Cada uno de los chats tenía más de 50 participantes y varios de ellos estaban en ambos. Entre esos participantes, figuraba más de una decena de abogados. La secretaria dijo ayer que refirieron a 15 abogados al Tribunal Supremo para que evalúe si cometieron violaciones a los cánones de ética al estar en un chat donde participaba un juez o porque conversaron directamente con él. Entre los referidos al Supremo se encuentra el procurador general Luis Román Negrón, quien continúa en sus funciones en el Departamento de Justicia. Vázquez Garced reconoció que le “preocupó muchísimo” cuando supo que el procurador era integrante del chat, pero afirmó que Román Negrón “casi no tiene participación en el chat” y que su interacción no fue de la naturaleza investigada. Según la secretaria, el procurador cooperó en esta investigación. “Tengo que reconocer la integridad y la honestidad del licenciado Román”, dijo. El procurador general es el funcionario encargado de llevar ante el Tribunal Supremo los casos de abogados que incurren en faltas éticas. En este caso, Vázquez Garced dijo que existen dos remedios para salvar el conflicto: uno, que el Tribunal Supremo designe directamente a alguien para presentar estos casos o, dos, que el Departamento designe un procurador auxiliar interino. Precisó que le corresponderá al Tribunal tomar esa determinación. Resistencia La secretaria señaló que en el transcurso de la investigación hubo intransigencia por parte de funcionarios públicos que se negaban a asistir al Departamento en las fechas citadas, que no querían contestar algunas preguntas o rechazaban facilitar información a las fiscales Mibari Rivera Sanfiorenzo y Yanira Liciaga, quienes estaban a cargo de la investigación de este caso. “Fue bien difícil, al principio hubo mucha resistencia. Hubo mucha agresividad, hubo muchas faltas de respeto. Hubo mucha gente que pensaba que estaban por encima de la ley”, dijo la titular de Justicia. Vázquez Garced indicó que esa resistencia la tuvieron algunos funcionarios hasta principios de abril cuando accedieron a someterse a las entrevistas o peticiones de las fiscales. “Nos vimos en varias ocasiones a punto de buscar órdenes (judiciales) contra funcionarios públicos que no querían cooperar y eso no lo podemos permitir”, aseveró Vázquez Garced. “Tienen que respetar al Departamento de Justicia... Ese tipo de actitud es totalmente inaceptable”, añadió. Mientras que el exjuez, quien fue citado en dos ocasiones, se amparó en su derecho a guardar silencio, dijo la funcionaria. Vázquez Garced argumentó que no sintió presión de La Fortaleza durante el transcurso de esta investigación que tocaba a funcionarios tan cercanos al gobernador. “Desde que esta investigación comenzó, la posición del señor gobernador era que se llegara hasta las últimas consecuencias, que hiciera mi trabajo”, dijo Vázquez Garced. Arguyó que no sintió que Rosselló Nevares le enviara un mensaje a favor de los funcionarios cuando expresaba que los implicados le aseguraron que desconocían que RamosSáenz era juez y por mantenerlos en sus cargos. No fue hasta ayer, tras Justicia informar su determinación, que Villafañe renunció a su puesto y los otros cuatro funcionarios referidos al FEI fueron destituidos por Rosselló. Esta investigación comenzó por una denuncia del senador popular Aníbal José Torres, quien ayer señaló que está complacido con la investigación aunque advirtió que “constituye un capítulo triste en la historia de la administración pública puertorriqueña y muestra cómo hay instituciones asediadas por las acciones ilegales de un grupo nutrido de personas”. El reportero Javier Colón Dávila colaboró con esta historia.