Justin Peterson reclama el fin de la Junta de Supervisión Fiscal

El directivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Justin Peterson, indicó anoche que el fin de la bancarrota sienta las bases para que el organismo termine sus funciones y los oficiales electos de la isla recuperen sus poderes “soberanos” al tiempo en que insistió en completar la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Peterson recurrió a su cuenta de Twitter minutos después de que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, develó el plan fiscal 2022, un nuevo mapa de gestión gubernamental que promete aumentos salariales para miles de empleados públicos, incluye fondos para el retiro de los policías, así como los pagos que el gobierno hará a diversos grupos de acreedores como resultado de la confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central. Haciéndose eco de los beneficios que ahora tendría el gobierno tras la reestructuración, Peterson –quien fue nombrado a la JSF por el expresidente Donald Trump- indicó que se creaban las condiciones para que la JSF termine sus funciones. Un llamado parecido hizo esta semana el experto en Finanzas, Antonio Weiss, figura clave en la creación de la ley federal Promesa, al indicar que es hora de que el Congreso estadounidense revise el estatuto y devuelva “el poder al pueblo de Puerto Rico y sus funcionarios electos”. En una columna publicada en este diario, Weiss -ex consejero del secretario del Tesoro de Estados Unidos- indicó que el PDA aprobado por la jueza Laura Taylor Swain “es técnicamente sólido”, pero será necesario que se adopte una postura de “realismo contundente”, al igual que inversiones estratégicas, para evitar que el gobierno puertorriqueño regrese a un cuadro deficitario y una segunda quiebra. “Así se cierra un capítulo de cinco años en la mayor y más compleja reestructuración municipal de la historia de Estados Unidos, una saga que se desarrolló mientras Puerto Rico se enfrentaba a huracanes y terremotos devastadores, a un presidente (Trump) que bloqueó $20,000 millones de ayudas para desastres, a protestas que derrocaron al gobierno de la isla y, finalmente, a la embestida de la pandemia COVID-19″, indicó Weiss. Weiss indicó que si bien los logros de la JSF en materia de reestructuración “son reales”, estos “no garantizan que la deuda de la isla sea realmente sostenible a largo plazo”. La AEE es “la peor entidad administrada” de todos los tiempos Desde que Peterson se integró a la JSF hace unos dos años, ha criticado el funcionamiento del organismo, tanto por la contratación de consultores como por las directrices operacionales impuestas al gobierno territorial. De igual forma, el estratega en Comunicaciones y cabildero, cuya firma DCI Group asesoró antes a varios de los grupos de acreedores que tenían bonos de Puerto Rico y participaron de las negociaciones que dieron pie al PDA del gobierno central, insistió en completar la reestructuración del gobierno central y aquella de la AEE. “Ahora es (la AEE), que no ha pagado el servicio a la deuda por más de siete años. La AEE podría ser la peor entidad administrada de todos los tiempos”, dijo Peterson al agregar que la corporación pública es “una completa desgracia y un pobre servicio” al pueblo de Puerto Rico. La ley federal Promesa establece que la JSF terminará sus funciones una vez reestructure la deuda pública del territorio estadounidense y pueda tomar prestado a tasas razonables y el gobierno opere con un presupuesto balanceado por cuatro años consecutivos. Aun cuando tales condiciones se cumplan y el organismo termine sus funciones según establece Promesa o incluso, si el Congreso legislara el fin del organismo, la salida de la JSF no supone su desaparición. Ello, porque el PDA del gobierno central, así como otras reestructuraciones como la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) requieren al gobierno puertorriqueño cumplir con directrices que permanecerán vigentes por al menos dos décadas. A manera de ejemplo, el PDA del gobierno central establece que ninguna legislatura puertorriqueña podrá, a futuro, legislar nada que pueda representar algún cambio a la reestructuración endosada por el tribunal.