La administración de Pedro Pierluisi buscará más concesiones presupuestarias de la Junta Fiscal

Aunque continuarán en negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal(JSF), el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, informó que el gobierno se allanará al ajuste presupuestario de $100 millones que hizo el organismo de cara al próximo año fiscal. Sin embargo, Blanco subrayó que la administración de Pedro Pierluisi continuará abogando por apoyar financieramente a los municipios y buscará cómo allegar fondos adicionales a la Universidad de Puerto Rico(UPR). En entrevista con El Nuevo Día, Blanco sostuvo que, tanto el Ejecutivo como la Legislatura, comparten el objetivo de apoyar financieramente a los municipios, pues estos complementan los servicios que ofrece el gobierno central. Mientras, Blanco indicó que, en los próximos días, la administración procurará hacer ajustes en los distintos programas y agencias, pero dentro del mismo presupuesto recomendado por la JSF en aras de asignar recursos a algunas de las iniciativas que impulsa el gobernador Pierluisi y que fueron rechazadas por el organismo fiscal. “Lo vemos como un paso más en el proceso de presupuesto… Tenemos un próximo turno al bate”, dijo Blanco, al hacer referencia a los cambios efectuados por la JSF al presupuesto recomendado para el año fiscal 2023. “Sabemos que contamos con la Legislatura porque los municipios también son un tema de interés para ellos, y contamos con ese apoyo, tanto de delegaciones de mayoría como de minoría”, aseveró Blanco, al tiempo que anticipaba que el Ejecutivo y la Legislatura cerrarán filas para apoyar a los ayuntamientos, en especial, aquellos sin una base contributiva sólida para financiar sus operaciones. El 22 de abril, en una carta de unas 29 páginas, el presidente de la JSF, David Skeel, informó a Pierluisi que el organismo rechazaba el presupuesto recomendado para el año fiscal 2023, pues este se excedía en unos $100 millones de las proyecciones de recaudos. A su vez, la JSF explicó que el presupuesto recomendado no cumplía con la ley federal Promesa porque el gobierno solicitaba fondos sin justificar adecuadamente su uso porque reclamaba asignaciones ya cubiertas o se pedía dinero adicional sin que el programa o dependencia gubernamental pusiera en marcha los cambios que se le han requerido en los planes fiscales y que redundarían en ahorros que podrían utilizarse en otros fines. Blanco se mostró un tanto sorprendido con la determinación de la JSF, en especial porque, a diferencia de otros años, en esta ocasión, hizo cambios o rechazó pedidos en prácticamente todas las agencias del gobierno central. Empero, el funcionario se mostró optimista en que las negociaciones y, sobre todo, el proceso legislativo resultará en un presupuesto balanceado y certificado por la JSF, tal como sucedió el año pasado. Al rechazar el presupuesto recomendado, la JSF fijó el programa de gastos con cargo al Fondo General y leyes especiales en unos $12,473 millones. En esa cifra, se incluyen unos $168 millones en honorarios correspondientes al proceso de Título III todavía en curso o relacionados con la implementación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central. La tijera de la Junta La misiva de Skeel incluye decenas de cambios, algunos de millones de dólares, pero muchos de los rechazos de la JSF a los pedidos de Pierluisi son de apenas miles de dólares. Entre las agencias que no recibieron todas las asignaciones presupuestarias solicitadas por Pierluisi, figuran el Departamento de Seguridad Pública(DSP), y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), al igual que programas como Salud Correccional y dependencias autónomas como la Comisión Estatal de Elecciones. De igual forma, el gobierno solicitó unos $30 millones para pagar liquidaciones de empleados públicos, pero la JSF concluyó que no era necesaria tal asignación. Ello, por entender que el dinero que no se utilice en nómina por concepto de puestos vacantes puede usarse para ese fin. La JSF tampoco aceptó que el gobierno central aporte unos $44 millones adicionales a los municipios para compensar las reducciones al Fondo de Equiparación que reciben los municipios. Y, en lugar de autorizar otros $164 millones para cubrir la aportación de los municipios al plan Vital, la JSF solo autorizó $35 millones. Sobre todo, en lugar de otorgar $69 millones en fondos adicionales a la UPR, el organismo fiscal solo aprobó $40 millones. Al asignar los fondos a la UPR, empero, la JSF colocó la partida bajo la custodia de la OGP, y esta no será desembolsada hasta que el centro docente cierre en definitiva su plan de pensiones y dé paso a un plan de aportaciones al retiro como ahora poseen el resto de los empleados públicos. En el lado opuesto, la JSF asignó $5 millones a iniciativas de prevención en agencias como la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), a la Corporación para las Artes Musicales y el Programa de Empleo y Desarrollo Vocacional. Asimismo, la JSF mantuvo el subsidio de $178 millones a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que el gobierno buscaba eliminar. Victorias en el proceso Según Blanco, si la JSF optó por acoger las peticiones de fondos adicionales a diversos programas, a las agencias vinculadas a la cultura y el arte y dependencias como la UPR, ello es fruto de “las victorias” que el gobierno ha conseguido en los pasados meses, a medida que negociaba con el organismo y se conocía con certeza el saldo de la renegociación de la deuda. El funcionario sostuvo que, si bien en el caso de la UPR la JSF no autorizó el presupuesto de $619 millones con cargo al Fondo General que se asignó, el organismo adjudicó $40 millones adicionales, elevando la asignación a $591 millones. Además, en esa lista de “victorias”, Blanco incluyó la aprobación de unos $191 millones en aumentos salariales a empleados públicos. “Creo que la primera gran victoria ha sido la revisión de los salarios y poder lograr aumentos en el gobierno, algo que ni siquiera era parte de la conversación hace cinco años”, dijo Blanco. “Eso, acompañado de la reforma al servicio civil permitirá al gobierno recobrar su rol como patrono competitivo, si queremos un gobierno que funcione y dé buen servicio”. Blanco se mostró optimista en que las conversaciones con la JSF antes que el presupuesto recomendado se presente formalmente a la Legislatura permitan dirigir fondos de un programa a otro en las agencias más afectadas. El presupuesto recomendado para el año fiscal 2023 es el primero que incluye el servicio de la deuda luego que la jueza Laura Taylor Swain confirmara el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central. Según Blanco, a partir de julio próximo, se dedicarán unos $771 millones para el pago de la deuda pública. Pero, en ese presupuesto, también se incluirán las aportaciones que el gobierno hará al fideicomiso de pensiones. “Estamos contribuyendo a un fideicomiso que es una garantía para el pago de las pensiones, lo que significa que, en dos o tres administraciones futuras, si enfrentasen problemas, estas van a tener una reserva disponible para esa obligación. Eso da una tranquilidad tanto al servidor público como a nuestra economía porque ya no será necesario hacer malabares para conseguir estos fondos”, agregó el funcionario. Agregó que, por primera vez, Puerto Rico vuelve a contar con fondos para el mantenimiento de carreteras, partida que también se eliminó antes de la quiebra, y con otros $300 millones para mejoras capitales o para parear los fondos federales de reconstrucción. Blanco y los demás componentes del equipo fiscal de Pierluisi tienen hasta el 2 de mayo para presentar el presupuesto revisado a la JSF. Luego, el ente fiscal tiene hasta el 10 de mayo para enviar el presupuesto a la Legislatura, rama que debe aprobar las resoluciones de presupuesto en o antes del 30 de junio. Si ese ejercicio cumple con las exigencias de la Junta, entonces el organismo certificaría el segundo presupuesto después de la reestructuración de la deuda del gobierno central.