La Asociación de Alcaldes exige mayores garras contra la corrupción

A raíz de la declaración de culpabilidad por actos de corrupción del ahora exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, exigió este miércoles a la Asamblea Legislativa la aprobación de varios proyectos que tienen como objetivo proveerle fuerza adicional al Código Municipal para combatir la corrupción. “Desde la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reiteramos nuestro más firme rechazo al uso de fondos públicos para cualquier otro propósito que no sea ofrecer servicios a las comunidades. A todos los servidores públicos del municipio, les exhortamos a continuar cumpliendo su obligación de ofrecer servicios a la población. Nadie está por encima de la ley. Esta situación pone de manifiesto la importancia de ser más estrictos en el manejo de la administración pública, y nosotros en la Asociación hemos cumplido con nuestra obligación de hacer recomendaciones y presentar alternativas”, señaló el también alcalde de Villalba. Destacó que en febrero se presentaron las ponencias en favor de los Proyectos de la Cámara 1113, 1116 y 1117, que proponen enmiendas al Código Municipal en las áreas de contratación de desperdicios sólidos. “Como parte de ese proceso también nos reunimos con la mayoría de los decanos de los Departamentos de Administración Pública de las Universidades de Puerto Rico, con la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental. Luego de dichas reuniones y escuchar sus recomendaciones analizamos proponer enmiendas al Código Municipal”, señaló el alcalde. Hasta el momento siete alcaldes han sido acusados en la esfera federa por actos de corrupción y se han visto obligado a renunciar a sus cargos, incluso algunos de ellos ya aceptaron culpabalidad. Estos son Félix “el Cano” Delgado (Cataño), Ángel Pérez (Guaynabo), Eduardo Cintrón (Guayama), Javier García Pérez (Aguas Buenas), Reinaldo “Rey” Vargas (Humacao) y José Luis Cruz Cruz (Trujillo Alto). El antecesor de García Pérez, Luis Arroyo Chiqués, también fue convicto por corrupción. Se le sentenció a 24 meses de prisión y dos años de probatoria por conspiración para cometer soborno. Permanecen bajo investigación de las autoridades estatales, el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y el de Santa Isabel, Enrique “Quique” Questell. “El país exige firmeza absoluta en el manejo de los casos de corrupción pública y ante la realidad prevaleciente nuestra política en la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico es continuar proponiendo ideas y soluciones. Es importante señalar además que la ciudadanía debe ejercer con mayor fuerza su participación en los procesos municipales, tanto en las vistas públicas como en el requerimiento de información. Se ha postulado que la democracia no es solamente votar en primarias o elecciones, es un ejercicio de todos los días, para procurar la transparencia gubernamental”, destacó el presidente de la Asociación de Alcaldes. De inmediato, enumeró los renglones que deben atenderse mediante legislación para establecer garras adicionales contra la corrupción. - Mayor rigor en los procesos de subastas y compras para que se pueda eliminar el espacio de posible corrupción. - Que haya subastas públicas en el manejo de desperdicios sólidos. - Reducir las cuantías para requerir compras sin subastas. - Llevar a un mínimo las compras de emergencia para establecer límites claros. - Adiestrar continuamente a todos los que participan de los procesos de compra que se trate de un requisito del puesto. - Asegurarse de que los servidores públicos municipales de todos los niveles y rangos cumplan con la educación continua requerida. - Imponer sanciones disciplinarias progresivas a los servidores públicos municipales que no cumplan con las horas de educación continua en materia de ética que establece la Oficina de Ética Gubernamental. - Incluir lenguaje específico de cumplimiento en toda contratación municipal sobre las leyes aplicables. Que no se trate de un mero tramite burocrático. - Activar el reclutamiento cumpliendo con el principio de mérito de forma estricta y no cosmética. - Las personas que participen en el Comité de Transición de los municipios no podrán ser contratistas posteriormente. - Reevaluar los posibles conflictos de intereses en las corporaciones de desarrollo municipal. - Repasar los informes de auditoría que ha realizado la Oficina del Contralor y los señalamientos destacados y sobre todo aquellos repetidos para evitarlos y corregirlos. - Considerar la posibilidad de volver a reactivar la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, luego de estudiar la razón y circunstancias por la cual fue eliminada. - Establecer prohibiciones de contratación con aportadores a campañas políticas, con posterioridad a unas elecciones generales o especiales. De manera que la aportación sea genuina y exclusiva con el único propósito de apoyar al candidato y no por lo que pueda recibir posteriormente. - Establecer más controles en el proceso de permisos, tasaciones, inspecciones, ventas, embargos y en los respectivos sistemas mecanizados.