La Autoridad de Energía Eléctrica está en riesgo de privatización

Nueva York - Si el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda (RSA, en inglés) en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fracasa, la corporación pública podría experimentar un proceso de privatización acelerado ante la urgencia de hacer mejoras a su infraestructura y la presión por cumplir con requisitos ambientales que ha postergado a través de los años. De acuerdo con el analista Matt Fabian, de Municipal Market Analytics, si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechaza el RSA y radica una petición de auxilio bajo el Título III de la ley federal PROMESA, la AEE se convertirá en una corporación pública en ruta a su desintegración sin posibilidades de acceder a nuevo capital. “Puerto Rico estará forzado a moverse de un único y monopolístico proveedor de energía a uno probablemente en favor de múltiples entidades privatizadas con más fuentes diversificadas de electricidad”, indicó Fabian, en un reporte publicado esta semana y que discutió en un foro con periodistas, coordinado por la Escuela Graduada de Periodismo de la Universidad de la ciudad de Nueva York (CUNY). Fecha límite Según Fabian, quien cree que el RSA parece tener los días contados, la lucha que se ha desatado entre ciertos congresistas y senadores estadounidenses y la JSF por causa del acuerdo deja a la luz múltiples contradicciones. Además, el impasse entre los miembros de la JSF por el pacto podría resultar en la salida de algunos de sus integrantes. Esto, según Fabian, si el organismo federal con poderes por encima del gobierno electo de la isla no accede a los pedidos de congresistas, como el presidente del comité de Recursos Naturales, Rob Bishop, quien dejó entrever esa posibilidad en una carta enviada a la JSF hace una semana. El acuerdo de la AEE puede darse por terminado si ocurren diversos eventos. Entre ellos, si la AEE no allega la liquidez que negoció con los acreedores, si la transacción no se ha lanzado al mercado en la fecha establecida (el próximo 28 de junio) o si la JSF no aprueba el acuerdo. Según la extensión más reciente a dicho contrato, la fecha límite para que la JSF de su visto bueno al acuerdo vence hoy, a menos que los acreedores concedan tiempo adicional. Mar de Contradicciones De acuerdo con Fabian, aunque algunos líderes republicanos urgen a la JSF a aprobar el acuerdo, porque se negoció antes de la vigencia de PROMESA y atendería los reclamos de los bonistas, el repago de la deuda de la AEE es un problema menor en relación a los serios problemas operacionales que encara la AEE. Tales escollos operacionales aparecen detallados en el plan fiscal de la AEE. La corporación pública debe invertir unos $4,000 millones para compensar la infraestructura energética más obsoleta e ineficiente de Estados Unidos, y para evitar nuevas multas de los reguladores ambientales está obligado a cumplir con asuntos como los estándares de emisiones de mercurio y tóxicos al aire por generatrices eléctricas (MATS, por sus siglas en inglés). En contraste, dijo Fabian, el llamado de líderes demócratas -entre ellos, los congresistas Nydia Velázquez y Raúl Grijalva- a laJSF para poner fin al RSA, podría afectar a los sindicatos de la AEE, pues sus derechos adquiridos podrían modificarse en un proceso de privatización. De otra parte, las contradicciones en torno a los méritos del RSA, el único acuerdo que pudo pactar el gobierno en un momento en el que no contaba con la ley federal PROMESA o con un mecanismo legal para renegociar la deuda de la AEE, también quedan a la luz al examinar los propios planes fiscales que ha aprobado la JSF. Por ejemplo, el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR) que certificó la JSF en marzo pasado, contempla que la economía llegaría a terreno positivo luego de los primeros tres años del período de ajuste fiscal. En contraste, el plan fiscal de la AEE contempla que la tarifa de electricidad aumente en los años fiscales 2018 a 2026, en buena parte, para cumplir con el RSA de la AEE. Dicha proyección, según fuentes de este diario, implicaría que los abonados de la AEE irán de pagar unos 21 centavos el kilovatio hora (kvh) a casi 23 centavos a partir del año entrante y a sobre 28 centavos a partir del 2022. De ser el caso, cada dólar que los abonados paguen a la AEE en su factura de la luz, implicará menos dinero en la economía y por ende, en los recaudos que necesita el Gobierno central para cubrir sus operaciones. De igual forma, partiendo de lo pactado en el RSA, la AEE dedicaría más dinero a sus bonistas que el servicio a la deuda aprobado en el plan fiscal del Gobierno central y que promedia unos $800 millones al cabo de 10 años. Tres años de negociaciones El RSA de la AEE ha sido extendido en 16 ocasiones por el grupo Ad Hoc-AEE y se negoció y aprobó cuando Puerto Rico no contaba con un mecanismo legal para renegociar su deuda. En marzo pasado, la administración de Ricardo Rosselló Nevares renegoció el acuerdo logrando ahorros adicionales en los primeros años del pacto. De no extenderse el RSA, la AEE estaría expuesta a demandas de sus acreedores. Además, el próximo 1 de julio, la AEE tendrá que pagar a sus bonistas $455 millones, sin tener dinero para ello. En precario la AEE Si la AEE incumple con dicho pago y la JSF no invoca el Título III para la utilidad pública, el contrato de bonos permite que un mínimo de acreedores acuda a la corte y pida el nombramiento de un síndico o solicite un alza automática en la tarifa de electricidad para que se les pague. Según el informe operacional más reciente de la AEE, a pesar del cargo de transición y de contar con menos empleados y de los cambios impulsados por la firma de reorganización Alix Partners, su déficit es mayor. Hasta abril pasado, la posición neta de la AEE rondaba $4,146 millones versus $3,941 millones a junio del año pasado. Entre julio del 2016 y abril pasado, la AEE apenas ha dedicado la mitad del dinero que presupuestó para mejoras capitales, un asunto que resultó en una exigencia de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). En ese mismo período, las cuentas por cobrar de la AEE aumentaron en unos $114 millones, de $1,845 millones a $1,959 millones. Aunque los acreedores y algunos legisladores federales arremeten contra la JSF por no haber tomado una postura en torno al acuerdo, El Nuevo Día supo que aún la AEE no había entregado las enmiendas que pidió la JSF, incluyendo cómo lograr una tarifa promedio de 21 centavos kvh para el 2023. El martes, El Nuevo Día citó a Rosselló Nevares, quien reconoció que el RSA no cumpliría con ese requisito de la JSF, por lo que el acuerdo tendría que modificarse o la JSF tendría que desistir de la tarifa objetivo. El plan fiscal de la AEE contempla la generación de energía por entes privados mediante alianzas público privadas. Mientras, la semana pasada, El Nuevo Día reveló que el RSA no solo es objeto de controversias en la capital federal sino desde el lado de empresas de energía interesadas en establecer operaciones en la Isla y de organizaciones empresariales que aseguran que el acuerdo encarecería aún más el coste de hacer negocios en Puerto Rico. EE.UU. y los territorios De otra parte, a juicio de Fabian, la estrategia de la JSF para reestructurar la deuda de la Isla a través de la corte tiende a colocar los bonos emitidos por la Isla en el mismo plano que los valores emitidos por los gobiernos de las tribus indígenas, cuyo acceso a capital se restringió considerablemente una vez estos retuvieron la capacidad unilateral de cambiar los términos de los valores que emitían o reajustar sus flujos de efectivo sin tener en consideración los acuerdos contractuales que dieron paso a tales bonos. “Una vez ese riesgo quedó documentado por las cortes y, por ende, comprendido por los bonistas, los nuevos financiamientos a las tribus se redujeron a un mínimo”, dijo Fabian haciendo referencia al caso de los bonos Lago de las Antorchas. En 2010, una tribu en el norte de Wisconsin incumplió con el pago de estos bonos garantizados con el casino de un complejo turístico en la zona. En ese sentido, aunque las controversias con los bonos de las tribus indígenas no tuvieron gran impacto en el mercado tradicional de bonos municipales, para Fabian no es irrazonable concluir que los territorios estadounidenses puedan perder acceso a capital si la JSF prevalece en sus estrategias para renegociar la deuda de Puerto Rico. “Estados Unidos no está capacitado para tener territorios”, dijo Fabian, al plantear que, en parte, los problemas de Puerto Rico son hechura del gobierno federal. Para el analista, la triple exención contributiva que poseen los bonos de Puerto Rico facilitó el endeudamiento de la Isla, pues dicho privilegio, junto al hecho de que se ofrecían tasas de interés mucho más altas que otros emisores municipales, supuso niveles de rendimiento mucho más altos al tiempo que podían ser adquirido por fondos mutuos o inversionistas de cualquier estado de los Estados Unidos. Mientras, el gobierno puertorriqueño continuó a lo largo de los años, creando estructuras complejas para endeudarse. “Nosotros no sabemos qué hacer con ellos”, dijo Fabian al indicar que Estados Unidos no sabe cómo articular políticas económicas para los territorios que posee, incluyendo a Puerto Rico. “Necesitamos ser más creativos”, agregó Fabian al señalar que aunque la firma no posee una postura en torno al estatus político de Puerto Rico, de no tomarse acción, la situación que encara la Isla continuará siendo “terrible”.