La Autoridad de Tierras presenta demandas para recuperar dinero otorgado a instituciones sin fines de lucro

La Autoridad de Tierras radicó sendas demandas de cobro de dinero contra dos instituciones, por el presunto mal uso del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) incluyendo una organización a la cual el representante popular Luis “Narmito” Ortiz Lugo le donó $100,000. La Autoridad de Tierras es la custodia del FMM y, según la demanda de cobro de dinero presentada ayer, lunes, en el Tribunal de Guayama, la propia dependencia reconoce que violó la ley que establece claramente los usos delimitados para el FMM, que se nutre de una aportación minúscula del Impuesto de Ventas y Uso para que los legisladores lo repartan. En el documento del tribunal se indica que en Diciembre de 2021, Ortiz Lugo asignó $100,000 a Festival de los Cayos Bahía de Jobos (FCBJ), en Salinas. Si bien el agente residente de FCBJ figura como Héctor Velázquez Surén, el único individuo identificado en el recurso legal lo es Carlos F. González, quien se presentó como director operacional y quien compareció ante la Autoridad de Tierras para firmar el acuerdo de subvención. FCBJ y Ortiz Lugo, en el año 2015 organizaron un festival playero que provocó contaminación en lo que se conoce como Cayo Barco, que se encuentra en la Reserva Estaurina Bahía de Jobos. En el 2019 la corporación perdió su certificación y la recuperó en el 2021 bajo la categoría de servicios ambientales. En el escrito legal de la Autoridad de Tierras se sostiene que el contrato con la FMM dispuso que el dinero se utilizaría, según se dispone en el Código de Rentas Internas, para mejoras a escuelas, obras y mejoras permanentes en comunidades de escasos recursos, obras mejoras permanentes en residenciales, obras y mejoras permanentes en instalaciones recreativas o deportivas y obras de rehabilitación o construcción de viviendas. Hasta el 15% del total asignado al legislador podrá destinarse a lo que se conoce como “servicios directos” a ciudadanos, entiéndase a niños, jóvenes y envejecientes, Según la demanda, la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, autorizó el desembolso ilegal y los recipientes del dinero no informaron cómo se usó el dinero. En el contrato suscrito entre la Autoridad de Tierras y FCBJ se indica que los $100,000 se utilizarían para “obras y mejoras permanentes y otros servicios directos a la ciudadanía”. “Los demandados tenían conocimiento antes, durante y después de la firma del acuerdo que los fondos no se iban a destinar para los propósitos que establecen las leyes aplicables”, lee la demanda donde se le imputa a González y otros codemandados no identificados de beneficiarse de forma individual, colectiva y/o institucional El Nuevo Día supo que la Autoridad de Tierras envió dos comunicaciones escritas a FCBJ para solicitar la devolución del dinero, pero no fueron contestadas. La segunda demanda de cobro de dinero incoada por la Autoridad de Tierras, en esta ocasión en el Tribunal de Bayamón, fue dirigida al Centro Comunitario de Servicios a la Familia (CCSF). La Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día reportó que el dinero que se busca recobrar y que asciende a $1.140,000 fue asignado por el expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez a petición del exrepresentante Antonio “Tony” Soto, para obras y mejora permanente a la Quebrada Margarita, que discurre entre la avenida Roosevelt, en San Juan hasta la carretera PR-119. Reza la demanda de cobro de dinero que el 14 de junio Humberto Andújar Otero, en calidad de presidente de CCSF, suscribió con Rivera Martínez el acuerdo de transferencia de fondos, pero “a pesar de haberse desembolsado la cantidad antes mencionada, la obra objeto del acuerdo no se completó”, lee la demanda. “Al momento de la firma del acuerdo, los demandados tenían conocimiento de no tener los recursos técnicos para realizar el trabajo pactado, hecho que no informaron a la Autoridad de Tierras”, se sostiene en el recurso donde se concluye que los demandados utilizaron el dinero para fines distintos a los acordados. El 1 de marzo del 2022, Andújar Otero notificó a la Autoridad de Tierras que no se habían utilizado “ninguna cantidad” de los $1,140,000, que la organización estaba en la etapa de cotizaciones e incluyó un documentos con los costos estimados de las obras. “La Autoridad de Tierras se ha comunicado con CCSF para que los fondos le sean devueltos y esta fecha no ha devuelto cantidad alguna”, reza la demanda. El 18 de mayo Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día publicó que la Autoridad de Tierras asignó $1.5 millones a la CCSF. La diferencia consiste en una primera asignación en el 2020 de $380,000 para la remoción de un tramo de tubería de alcantarillado sanitario para que fuera sustituido por un sifón. Reacciona Narmito Ortiz Lugo indicó a El Nuevo Día que él tiene evidencia de que FCBJ ha utilizado el dinero asignado, específicamente la construcción de un baño adicional en una escuela abandonada que ahora se utiliza como hospedaje en el barrio Barranca, de Guayama, y para la reparación de una oficina en el parque de pelota Natalio Gual. El representante indicó que se enteró por la demanda a través de este diario y reconoció que el agente fiscal de FCBJ es su primo, Ismael Ortiz. “Ellos llevan mucho tiempo y es verdad hicieron el festival”, dijo Ortiz Lugo al sostener que no necesitaba una dispensa para asignar dinero a una organización cuya directiva incluye a un pariente suyo. “Hasta ahora todo ha caminado como Dios manda”, dijo. “Las construcciones se están haciendo y los materiales se están usando”. Preguntado sobre qué criterios utilizó para asignar el dinero, Ortiz Lugo respondió que FCBJ está “ayudando a los necesitados”. “Ellos se reúnen, tienen oficinas en las facilidades... están trabajando con las necesidades de los residentes”, dijo.