La Cámara derrota la resolución que autorizaba el pago a bonistas

La Cámara de Representantes derrotó pasada la medianoche de hoy, viernes, la resolución conjunta que autoriza el pago a bonistas y otros acreedores del gobierno como parte de la negociación del Plan de Ajuste de Deuda (PDA). El segundo informe de la pieza legislativo no contó con la mayoría de votos (26). El resultado fue: 25 votos a favor y 21 en contra. Durante la votación, estuvieron excusados: el popular José “Conny” Varela, así como los novoprogresistas José Torres Zamora, Wanda del Valle Correa y Wilson J. Román López. La representante María de Lourdes Ramos Rivera. Horas antes, el cuerpo pausó la discusión de la resolución tras una discrepancia entre la versión que tenían ante sí los legisladores y la que fue aprobada durante la mañana en una vista de consideración final. La medida, entre otras cosas, crea un barril de $50 millones a ser repartido entre todos los legisladores. Transcurridos unos 40 minutos del debate y luego de que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, finalizara la presentación de la medida, la representante de Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, advirtió que la versión de la Resolución Conjunta de la Cámara 278 en discusión no era la misma que fue aprobada en la mañana en una vista de consideración final. El cuerpo legislativo retomó labores cerca de las 8:30 p.m. La diferencia estriba en que la versión en discusión no establece que el barril a ser creado de $50 millones sería repartido mediante una resolución conjunta. La versión aprobada en la mañana tenía dicha cláusula. Cada cuerpo legislativo tendrá acceso a $25 millones. El lenguaje de la medida, que sufrió múltiples enmiendas –fueron seis versiones- desde que fuera radicada el lunes, dispone en el contexto del barril que el dinero se utilizará para “proyectos, equipos, y servicios esenciales para los municipios y comunidades”. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha defendido la creación del fondo, que no le llama barril, utilizando el argumento que se trata de dinero que no llegaría a las comunidades ni a través del gobierno central ni a través del gobierno federal. “Los que critican eso son los turistas políticos que van a una comunidad una vez o cuando hay un issue grande”, dijo Santa Rodríguez. “¿Por qué el legislador no puede ayudar? Y caen en el ridículo de criticarnos por asignar eso. ¿Qué rayos hacemos cuando trabajamos el presupuesto?”, cuestionó. “Los que dicen eso (críticas a los legisladores) difaman e insultan a los legisladores de distrito”. La pieza legislativa cruzaría al Senado, donde su presidente, José Luis Dalmau Santiago, indicó que espera llevarla a votación el sábado. Aseguró desconocer si tiene los 14 votos requeridos, pero El Nuevo Día supo que hay penepés que favorecen el proyecto, que es prioridad del gobierno de Pedro Pierluisi. La medida, entre otras cosas, permite el pago de $1,376 millones para reponer en las cuentas de contribuyentes el dinero no destinado por el gobierno al Sistema de Retiro 2000, asigna $1,420 millones para crear la reserva del Fideicomiso de Pensiones y un total de $269.3 millones para el retiro de la Policía. “Esto no es todo para los bonistas. Son gente de carne y hueso que están en nuestro gobierno”, dijo Santa Rodríguez. Igualmente da paso a pagos ascendentes a $10,906 millones por sentencias e indemnizaciones, pagos a bonistas del gobierno central, al Sistema de Retiro de Empleados, Corporación del Distrito de Convenciones, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Autoridad de Edificios Públicos y pagos a aseguradoras como Ambas Assurance, Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee. También hay pagos para trabajadores afiliados a la unión AFCSME, a los Centros 330 ($146 millones), a pagar reclamaciones de Productores Lácteos ($31.1 millones), $100 millones a ciertos empleados a los que les cobija las leyes 1-1990 y 447-1951. Además, $344 millones para pagar expropiaciones realizadas por el gobierno. “Esto es un dinero que ha sido guardado desde antes de caer en Título III (de la ley Promesa)”, dijo Santa Rodríguez. “En cuatro días, sin discusión pública (hubo una vista pública) vamos a aprobar el pago y los adelantos en efectivo por el pago de la deuda. Esto en momentos en que empleados públicos han reclamado mejore salarios”, dijo la representante Mariana Nogales Molinelli, de Movimiento Victoria Ciudadana. La pieza legislativa autoriza una serie de modificaciones al presupuesto, como por ejemplo la reducción en el dinero para operar Plan Vital de $1,522 millones a $696.9 millones. Así, además de la creación del fondo de $50 millones, incluye una asignación adicional de $5.8 millones a los municipios a ser asignados siguiendo los parámetros de la Ley del Fondo de Administración Municipal y una asignación de $22.1 millones para cubrir la nómina hasta el 30 de junio de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que se quedaron en el gobierno y declinaron trabajar para LUMA Energy. El representante popular Luis Raúl Torres logró que se eliminara un lenguaje propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que supuestamente colocaba en peligro el Sistema de Retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya que establecía que la transferencia para lo que queda del año fiscal de $14.1 millones solo será liberado a favor del sistema de retiro de la corporación pública después de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) proporcionara, a satisfacción de la JSF, una opinión legal que identificara la base legal sobre la cual los exempleados de la AEE transferidos al gobierno central pueden continuar participando en el Sistema de Retiro de Empleados de la AEE. Esto, en lugar de estar inscritos en el plan de Contribución Definida.