La Cámara vive en la incertidumbre por falta de cifras oficiales

No será hasta el próximo viernes que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, determine si el recorte millonario impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la Asamblea Legislativa implicará el despido de empleados en dicho cuerpo. “Esta semana nosotros tenemos que tomar una decisión, porque ya se estaría corriendo básicamente la primera quincena de julio y tendríamos que ver cuál es el impacto”, puntualizó. Méndez explicó que, hasta ayer, no tenía el detalle de qué porción del recorte de $13 millones impuesto por el organismo federal a ambos cuerpos legislativos le aplicaría a la Cámara. Esta información es la que le permitirá tener un cuadro exacto sobre el posible impacto a la nómina. Estimó, sin embargo, que el impacto a la Cámara sería mayor en comparación con el Senado, ya que cuenta con un presupuesto mayor debido a su composición de 51 representantes. Dijo que ya le solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) una copia del documento certificado. “Primero, vamos a estar recortando gastos administrativos y mirando de cerca todo lo que tiene que ver con compras y control de gasto de gasolina. Viendo a ver qué más podemos recortar para entonces después mirar la nómina de gastos administrativos y, entonces, pasaríamos luego a hacer recortes en el presupuesto de las oficinas legislativas, si es necesario”, expresó el entrevista con este rotativo. Sostuvo que el ambiente entre empleados y representantes es de preocupación. La JSF le impuso a la Asamblea Legislativa un recorte de $13 millones en sus gastos operacionales. Inicialmente, Méndez habló del despido de unos 500 a 600 empleados. Ayer, sin embargo, le dio otra mirada a la situación. “Desde ya las instrucciones son, en términos administrativos, que tiene que haber un mayor control de gastos. Ya no se van a utilizar tantas compras, específicamente, de las oficinas legislativas. Vamos a ser más cuidadosos”, dijo. El presupuesto presentado para la Cámara de Representantes para este año fiscal 2017-2018 era de $47 millones. Sin embargo, debido a la falta de una certificación, dijo desconocer cuál es el resultado final. “La gran mayoría de los recortes adicionales son a las comisiones conjuntas y a las oficinas que le sirven tanto a Cámara como a Senado, así que, de entrada, yo creo que el recorte a la Oficina de Servicios Legislativos sería de $3 millones”, sentenció, al agregar que esta división tiene 134 empleados. Sostuvo que ya habían reducido en $11.1 millones el presupuesto operacional presentado, en comparación con el del pasado año fiscal. La mayoría de los contratos que vencieron en junio aún no han sido renovados en espera de definir el impacto del recorte, agregó. “Nosotros estamos manteniendo lo que son contratos esenciales para el funcionamiento de la Cámara, pero algunos de ellos los estamos negociando para bajar costo”, señaló. A los legisladoresles ha dado la directriz de ser más cuidadosos en las negociaciones de contratos. Dijo que analiza la posibilidad de enviar una comunicación solicitando que las reducciones en los contratos profesionales sea, específicamente, de un 10%.