La cancelación del contrato de LUMA Energy tendría un costo millonario, advierten expertos

La cancelación del contrato suplementario bajo el que LUMA Energy ha operado por los pasados 18 meses acarrearía un impacto económico de, al menos, $282.8 millones por concepto de cargos que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendría que pagar, y el dinero saldría del bolsillo de los clientes. Como único los abonados no asumirían el costo de la cancelación sería si el gobierno asignara fondos a la AEE, reconoció el director ejecutivo de la corporación pública, Josué Colón. “Todo lo que se le paga a LUMA sale de unas cuentas de la Autoridad. Hay unas cuentas operacionales, que tengo que rellenar mensualmente, y eso sale del cobro de la luz. Si llegara el escenario de alguna cancelación y conllevara algún tipo de pago, eso saldría de nosotros. Si, finalmente, el gobierno transfiere chavos a la Autoridad, sería otra cosa. De lo contrario, saldría de las arcas de la Autoridad”, dijo Colón a El Nuevo Día. El contrato o acuerdo suplementario que le permite a LUMA operar y mantener la red de transmisión y distribución vence automáticamente el 30 de noviembre, según su Sección 7.1(a). Cuando entró en vigor, el 1 de junio de 2021, su término se condicionó a que se lograra la reestructuración de la deuda de la AEE, un trámite que se ha retrasado y no se vislumbra, al menos, hasta verano de 2023. Por lo tanto, corresponde al Ejecutivo decidir si solicitará una extensión, algo que el gobernador Pedro Pierluisi favorece, aunque LUMA pudiera no aceptar nuevos términos y condiciones, lo que obligaría a buscarle un sustituto. El Centro para una Nueva Economía ha estudiado el impacto de la cancelación y, según su director de Política Pública, Sergio Marxuach, el contrato contiene disposiciones que, si el Ejecutivo no pide una extensión o LUMA no la acepta, tendrían un costo millonario. Por ejemplo, la Sección 7.2(c)(i) establece que la AEE le pagaría a LUMA un “cargo de terminación” equivalente a la tarifa de servicio del período interino. Este año fiscal, la tarifa de LUMA subió de $115 millones a $122 millones debido a la inflación. Además, el vencimiento del acuerdo “activaría el reloj” para la búsqueda –que duraría hasta 12 meses– de un nuevo operador, sea público o privado. La AEE también sería responsable del pago de un cargo de transición de cierre o “back-end” para cubrir el costo de las operaciones de LUMA durante ese período. La transición entre la AEE y LUMA, que se extendió de junio de 2020 a mayo de 2021, costó $160.8 millones, según la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP). Para Marxuach, esa cifra sería “parecida” a la que se desembolsaría en esta ocasión, “ya que habría que pagar por los trabajadores que LUMA traiga y las acciones que emprendan para traspasar sus operaciones de la red”. Marxuarch alertó, sin embargo, que “el costo principal” de la cancelación –incalculable al momento– sería que “va a causar un atraso” en los proyectos de restauración y modernización de la red, encaminados tras el paso del huracán María hace poco más de cinco años. “No hay manera que eso se evite si se saca a LUMA. Sería un problema grande, cuando lo que queremos es que se fortalezca el sistema. Cuantificar ese impacto es difícil, porque hay varios proyectos corriendo… todo depende a quién se le pregunte”, dijo, en referencia a que la AEE, AAPP, LUMA, el Negociado de Energía de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) “tienen números diferentes”. “¿El contrato puede ser mejor? Sí, lo hemos dicho desde el principio”, agregó Marxuarch, tras coincidir con Colón en que “todo lo que haya que pagar (por cancelación) saldrá de nosotros”.