La contralora pone el ojo en las contrataciones tras María

Aunque el registro de sobre 16,000 transacciones contractuales en el período de la emergencia provocada por el huracán María podría levantar asombro, para la contralora de Puerto Rico (OCPR), Yesmín Valdivieso, la cifra no es atípica, porque, cada año, las diversas ramas de gobierno informan sobre 100,000 contratos, enmiendas o cancelaciones a esa dependencia. De acuerdo con Valdivieso, en la pasada década y a pesar de que se habla consistentemente de una crisis fiscal y económica, las agencias de gobierno, el Senado y la Cámara de Representantes y también los municipios suscriben, en conjunto, miles de acuerdos contractuales, lo que denota un cambio en la forma en que funciona el aparato público. En los pasados ocho años, la OCPR ha registrado 663,686 contratos con sobre 211,000 enmiendas, dijo Valdivieso. En promedio, entre los años 2014 y 2015, el Registro de Contratos que custodia la dependencia ha recibido 115,000 acuerdos contractuales por año. No toda la contratación anual implica acuerdos de erogación de fondos o contratación de individuos. Según el análisis de El Nuevo Día, entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado, período en que transcurrió la emergencia ocasionada por el huracán María, se registraron sobre 16,000 transacciones contractuales que totalizaron $2,140 millones. No obstante, durante ese período se registraron cientos de contratos para informar las transferencias de fondos federales, legislativos y otros entre agencias y organizaciones sin fines de lucro. También, se registran contratos por otorgamiento de becas y préstamos, alquileres, auspicios, compras de equipo de oficina, combustible, vehículos y relacionados. El rastro de la emergencia A preguntas de El Nuevo Día en torno a los contratos que se otorgaron durante la emergencia, Valdivieso sostuvo que, mientras el gobierno respondía a la emergencia desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), pudo atestiguar la llegada de múltiples consultores y firmas externas para prestar servicios. “Cada agencia llegaba con sus propios asesores”, relató Valdivieso, al agregar que también la oficina que dirige supo de múltiples instancias con el recogido de escombros y distribución de bienes tras el huracán. Tras percatarse de la dinámica en el COE y como parte del personal de la OCPR no podía llegar a trabajar físicamente a San Juan por la falta de electricidad y obstrucciones en las vías de rodaje, Valdivieso reveló que, durante la emergencia, los auditores de la agencia estuvieron destacados en diversos puntos de la isla, y acudieron a depósitos de escombros, almacenes y verificaron el funcionamiento de los ayuntamientos y otras agencias. “De esa forma, no van a poder venir con cuentos cuando hagamos las auditorías”, dijo Valdivieso, quien agregó que la OCPR publicará un informe de las gestiones realizadas durante la emergencia en las próximas semanas. El mecanismo del RFP De otra parte, a preguntas de este diario, Valdivieso sostuvo que parte del alza en contratos se explica porque las entidades públicas han recurrido al mecanismo de solicitud de propuesta (Request for Proposal o RFP, en inglés), mientras las presiones presupuestarias que experimentan el gobierno y, particularmente, los municipios, han resultado en la contratación de personas como asesores o empleados temporeros. “Para la contratación de servicios, no se necesitan subastas. La contratación de servicios profesionales y de consultoría es discrecional”, explicó Valdivieso. Según la funcionaria, a excepción de los servicios de vigilancia y mantenimiento, que suelen ir a subasta, la amplia mayoría de los contratos que pacta el gobierno responden a la administración que rige la entidad pública, y que, para justificar la contratación, se recurre al RFP. ¿Ha habido un abuso del mecanismo de contratación por RFP? “Sí, lo ha habido, pero es un asunto de política pública y no podemos entrar”, dijo Valdivieso. Al presente, no se conoce de ninguna dependencia que lleve cuenta de las contrataciones por RFP y tampoco del mecanismo de subasta que realizan las ramas de gobierno. Valdivieso celebra como una buena práctica la decisión de la rama judicial de incorporar un representante de los ciudadanos en el proceso de subastas, una medida que es ley en los municipios, pero que no se cumple al pie de la letra. Por otro lado, Valdivieso sostuvo que, ante las presiones presupuestarias, también se ha vuelto frecuente recurrir a empleos mediante contrato. En síntesis, dijo la funcionaria, se prefiere emplear mediante contrato para evitar el pago de aportaciones patronales al plan de pensiones del trabajador por un plazo de 40 años.