La EPA impone sanciones al gobierno de Puerto Rico por no entregar el plan de cumplimiento de calidad del aire

Puerto Rico amanece hoy sancionado por el gobierno federal por fallar en la entrega del plan de cumplimiento con los estándares de calidad de aire para dióxido de azufre, y con la advertencia de que las penalidades recrudecerán si el documento no se somete y es aprobado en o antes del 3 de diciembre. La administración de Pedro Pierluisi debía conseguir, en o antes del 3 de junio, el aval de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) al Plan Estatal de Implantación (SIP, en inglés), cuya fecha original de entrega era el 9 de octubre de 2019. En entrevista con El Nuevo Día, la administradora de la Región 2 y la directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, Lisa García y Carmen Guerrero, respectivamente, confirmaron –el miércoles– que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como agencia con jurisdicción primaria, no había sometido el plan final. Reconocieron que, aun con la hipotética entrega entre ayer y hoy, las sanciones entrarían en vigor, ya que la revisión y aprobación del documento toman tiempo. “No sabemos cuándo se va a recibir, no tenemos la certeza, y se necesitarán unos días para poder revisar y asegurar que el plan está completo. Una vez se reciba, la EPA lo estaría evaluando para asegurar que es aprobable y estaríamos emitiendo una determinación”, dijo Guerrero. “La regla es muy estricta y tenemos que imponer las primeras sanciones, pero seguimos trabajando con el Departamento (de Recursos Naturales y Ambientales) porque la fecha más importante llega en diciembre”, agregó García, tras resaltar que las penalidades son dictadas por el Congreso en virtud de la Ley federal de Aire Limpio y, por lo tanto, no son discrecionales ni prorrogables. Así, a partir de hoy, cualquier permiso de aire, nuevo o renovación, que el DRNA tenga que dar para algunas partes del área metropolitana y la zona sur será más restrictivo y, por lo tanto, más costoso. Específicamente, la agencia deberá exigir una reducción, de 2 a 1, en las emisiones de dióxido de azufre, un gas incoloro cuya exposición a largo plazo puede afectar la función pulmonar y que, a niveles muy altos, puede ser letal. En diciembre de 2017, la EPA modeló las emisiones de dióxido de azufre en la isla y designó las cuencas aéreas de San Juan (constituida por Cataño en su totalidad y segmentos de Toa Baja, San Juan, Guaynabo y Bayamón) y Guayama-Salinas (constituida por partes de Salinas) como zonas de “no logro” o no cumplimiento. Las centrales San Juan, Palo Seco y Aguirre, de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), fueron identificadas como las principales fuentes de emisión del contaminante. Las designaciones de “no logro” cobraron vigencia en abril de 2018 y, desde entonces, la Junta de Calidad Ambiental –ahora adscrita al DRNA– tenía 18 meses para elaborar el SIP y someterlo a la EPA para aprobación final. La AEE debía asistir en la redacción del plan, que recogería las estrategias del gobierno estatal para reducir las emisiones de dióxido de azufre, uno de los seis “contaminantes criterio” que la EPA regula a través de los Estándares Nacionales para la Calidad de Aire Ambiental (NAAQS, en inglés). García y Guerrero coincidieron en que, a corto plazo, no se vislumbran nuevos proyectos o expansiones que requieran permiso de aire en las zonas de “no logro”, por lo que el impacto de la sanción recién impuesta sería mínimo. Alertaron, no obstante, que el impacto sería significativo si el SIP no se entrega en diciembre, pues la sanción que se activaría sería la congelación de fondos federales para mejoras a carreteras en las zonas de “no logro”. Estimados de la EPA apuntan a que pudieran dejar de accederse hasta $30 millones. “Lo que nos ha manifestado el gobierno de Puerto Rico es que van a someter el plan lo antes posible para evitar la segunda sanción en diciembre”, dijo Guerrero. En esa línea, García resaltó la reunión de anteayer entre el gobernador Pierluisi y el administrador de la EPA, Michael Regan, en Washington, para “hablar de que lo más importante es tener un plan adecuado, que proteja la salud en estas zonas de no cumplimiento”. Reparos de la Junta y el Negociado En enero pasado, El Nuevo Día reportó sobre el incumplimiento con la entrega del SIP y la imposición de sanciones. El entonces secretario del DRNA, Rafael Machargo, aseguró que trabajaban en el borrador final del plan, con la idea de someterlo a comentarios públicos, entregarlo y obtener el aval de la EPA en o antes de hoy. Machargo renunció el 31 de marzo. García y Guerrero contaron que el borrador se discutió públicamente, en abril, y se recibieron múltiples comentarios para enmendarlo. Según Guerrero, “dos de los comentarios principales”, vertidos por la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) y el Negociado de Energía de Puerto Rico, establecían que el SIP no cumplía con el Plan Integrado de Recursos, que procura el desarrollo ordenado de la red eléctrica. “Había que modificar ciertos modelajes y análisis, y Recursos Naturales nos dijo que estaban a punto de someter el plan revisado”, dijo Guerrero. Por escrito, la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez, expresó ayer que la agencia “desarrolla y presentará” un SIP “adecuado”. “En este momento, hemos sometido un borrador revisado para los comentarios e insumo de la EPA. Estamos trabajando vigorosamente y, asimismo, estamos incluyendo todas las previsiones altamente técnicas necesarias para la aprobación del plan”, indicó. Para que la EPA considere el SIP como final, debe incluir un inventario de emisiones, reglamentación para permisos de aire en las zonas de “no logro”, una demostración del modelaje que se está llevando a cabo para determinar las expectativas de cumplimiento y medidas de control permanente, entre otros elementos. La AEE pide más tiempo Independientemente de las acciones del gobierno estatal, el 9 de abril de 2023 sigue como la fecha límite de cumplimiento con los NAAQS a nivel nacional. En diciembre y en ausencia de un SIP aprobado, la EPA haría un Plan Federal de Implantación (FIP, en inglés) con las disposiciones de cumplimiento para dióxido de azufre. En entrevista separada, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, admitió –al igual que en enero– que la ejecución de las acciones en agenda para cumplir con los NAAQS excederá el vencimiento de 2023. Dichas acciones incluyen aumentar la generación con fuentes renovables y, en el caso de las unidades de combustible fósil que sigan en la red, operarlas con gas natural, en vez de petróleo o carbón. Con las renovables, la meta es añadir 3,750 megavatios en producción y otros 1,500 en almacenamiento por medio de baterías, con miras a llegar al 40% de generación con estas fuentes en 2025, como ordena la Ley 17-2019. Mientras, el plan con la gasificación es empezar con las unidades #7, #8, #9 y #10 de la central San Juan, aprovechando el terminal que ya existe para el suplido a las unidades #5 y #6. De ser necesario, la AEE encaminaría, a largo plazo, la gasificación de Palo Seco y Aguirre. “Ni la integración de renovables ni las conversiones a gas natural van a estar dentro del término del plan. Por eso, le solicitamos a la EPA que autorizara un tiempo adicional para poder llevar a cabo estos proyectos. Pedimos ocho años para poder cumplir, pero no creo que la EPA lo conceda”, aceptó Colón, quien cree que la renuncia de Machargo “afectó todo el proceso que (el DRNA) estaba llevando a cabo”. Mencionó, por último, que el borrador del SIP contempla la instalación de 12 estaciones de monitoreo de calidad de aire en las zonas de “no logro”, para lo cual la AEE destinó $4.6 millones. También, dispone que la AEE cambiará el diésel que quema en sus centrales a uno de contenido “ultrabajo” de azufre, de .5% a .0015%.