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23 de noviembre de 2022
Justicia

La exfiscal Janet Parra alega que renunció por obstáculos en caso de "Macho" Camacho

Exfiscal Parra dice llevó al FBI su preocupación en torno a otro crimen

23 de noviembre de 2022 - 14:22

La exfiscal Janet Parra aseguró que una serie de “piedras de tropiezo” que enfrentó a la hora de radicar cargos criminales por el asesinato del exboxeador Héctor “Macho” Camacho y su amigo Adrián Alberto “Yamil” Mojica Moreno la llevaron a tomar la determinación de presentar su renuncia como funcionaria del Departamento de Justicia.

Fue en marzo de este año cuando Parra tuvo a su cargo la acusación formal a cinco individuos por el doble asesinato escenificado en noviembre de 2012 en Bayamón, a poco menos de un año de asumir la dirección de la División de Crimen Organizado.

“El caso estuvo asignado a la actual Jefa de Fiscales, Jessika Correa González, hace varios años. En ese tiempo ella no hizo nada por ese caso. No entrevistó al testigo, ni se reunió con el agente investigador. Nada. Tanto fue así que uno de los informes forenses tenía un error y nadie se dio cuenta hasta que yo tuve ese expediente en mis manos”, relató Parra a EL VOCERO.

Al evaluar el caso, la licenciada se percató de que el testigo, William Ojeda Ramos, estuvo dispuesto a hablar de los hechos con las autoridades locales, pero que se encontraba recluido en una institución carcelaria en el estado de Florida. Al solicitarle a Justicia costear el viaje para entrevistar al individuo, la dependencia se negó, por lo que fue el hijo de Parra quien tuvo que pagar por la gestión.

“No solamente fueron las piedras de tropiezo como no pagar el viaje, sino que fueron muchas otras circunstancias donde pude ver que era bien difícil tener el apoyo de mi supervisora inmediata (Correa González). Obviamente, se trataba de un caso que ella tuvo guardado por mucho tiempo en una gaveta de su oficina”, sentenció.

Jefa de Fiscales refuta señalamientos

Por su parte, la Jefa de Fiscales refutó las expresiones de Parra al explicar que el caso se le asignó en 2019 y que en ese momento ella solicitó que fuera movido de la División de Homicidios a Crímenes Mayores para que pudiera ser revisado con “nuevos ojos”.

“Realicé varias gestiones. Se enviaron cartas al Instituto de Ciencias Forenses, se realizaron subpoena a compañías de celular que no se había hecho y el agente (investigador) comenzó a realizar entrevistas, pero ahí entró la pandemia y, como el testigo estaba confinado, una vez cierran las cárceles no me permiten excarcelarlo”, detalló Correa González.

No fue hasta 2021 que el sistema carcelario flexibilizó las medidas relacionadas al covid-19. Para ese entonces Correa González ya era ayudante especial del secretario de Justicia, por lo que se tuvo que reasignar el caso a otro fiscal, pero justo en ese momento se decidió pasarlo a la División de Crimen Organizado, que para ese entonces, era dirigido por Parra.

“Se dio apoyo con el testigo quien, por razones de seguridad, se movió a Florida. Estos gastos de transportación son deber de mi oficina y se realizaron. Le dimos todo el apoyo que pidió”, agregó la Jefa de Fiscales.

En cuanto el señalamiento de Parra de que se le negó el pago del viaje a Florida para entrevistar al testigo, Correa González rebatió esto asegurando que se había llegado a un acuerdo con la exfiscal para que el gasto le fuera reembolsado ya que cuando presentó la solicitud no cumplía con el término requerido por el procedimiento establecido para el pago de viajes oficiales fuera de Puerto Rico.

“Se hizo el procedimiento y cuando se envía la documentación se percatan que el viaje oficial tenían una fecha, pero la exfiscal se quedó unos días extras así que se nos solicitó que diferenciáramos qué era oficial y qué era personal ya que se iba a pagar con fondos públicos”, narró Correa González, quien sostuvo que el reembolso se aprobó y se notificó a Parra el 21 de abril de 2022. “Se envió un email y ella respondió que fue recibido”.

A finales de abril, Parra presentó su renuncia, por lo que el caso tuvo que ser reasignado a los fiscales Héctor Siaca, Edwin Ortiz y Gabriel Redondo, quienes eventualmente tuvieron que explicarle al juez Elmer Rodríguez Díaz durante una vista preliminar celebrada en junio que el testigo estrella del caso había salido del País.

Tras varios intentos, el caso no prosperó y en octubre de 2022, a menos de un mes de que se cumplieran diez años del crimen que estremeció al mundo del boxeo, el juez Rafael Villafañe Rivera determinó en una vista preliminar en alzada que no existía causa para juicio contra los cinco imputados.

“El caso ya se murió y ya no se puede radicar nuevamente. Entendí que se trataba de un buen caso y que se podía probar más allá de duda razonable, pero cuando tienes un caso en el que la prueba principal es el testimonio de un testigo tienes que tratar a esa persona con respeto, ganarte su confianza y lograr que se sienta protegido. Hay que preguntarle a la jefa de Fiscales por qué una vez yo renuncié, el testigo decidió irse del País”, destacó la abogada.

Aunque no adjudicó el inesperado desenlace a manipulaciones, por no contar con una manera para probarlo, Parra reiteró que se le “hizo bien difícil y que le pusieron muchas piedras en el camino”.

“Eso, sumado a muchísimas otras cosas que estaban pasando en el Departamento (de Justicia), me llevaron a tomar la determinación de irme”, sentenció Parra.

Otros casos al detalle

Al salir de la División de Crimen Organizado, Parra notificó a través de una misiva tanto al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, como al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, de 15 casos que estaban prestos para la radicación.

De acuerdo con la licenciada, todos los casos son de asesinatos y los más antiguos se remontan a 2012, el mismo año de la muerte del “Macho” Camacho, y corresponden a distintas jurisdicciones del País.

Parra, además, afirmó que algunos de estos casos están vinculados a una organización criminal. Sin embargo, indicó que no puede entrar en detalles debido a que estas investigaciones están en curso y cualquier declaración específica podría afectarlas.

Esta razón fue la misma que la abogada utilizó para mantener privada la carta que les entregó al secretario y al primer ejecutivo, quienes en los pasados días le han restado importancia a las denuncias públicas de la exfiscal.

En cuanto a la reacción del gobernador, Parra dijo estar sorprendida, ya que esperaba que el “primer mandatario mostrara un poco más de preocupación” ante señalamientos de inacción por parte de Justicia.

Lleva reclamo al FBI

Por otro lado, Parra confirmó a EL VOCERO que llevó ante el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) unas preocupaciones sobre la posibilidad de conducta impropia incurrida por el único integrante del jurado que votó en contra del veredicto de culpabilidad contra Pablo Casellas Toro en el caso por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón.

Antes de recurrir a las autoridades federales, Parra le planteó estos señalamientos al secretario de Justicia, quien, según la exfiscal, los minimizó.

Casellas Toro había sido sentenciado a 109 años de prisión por el asesinato de su esposa, pero el 27 de mayo de 2020 el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ordenó la celebración de un nuevo juicio tras la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos de invalidar los veredictos criminales sin unanimidad.

A preguntas de este medio, Parra aseveró que no conoce de irregularidades en otros casos de alto perfil, como el del asesinato del niño Lorenzo González Cacho.

“Mentiras y medias verdades”

Mientras, el secretario Emanuelli catalogó las expresiones de la licenciada Parra de “mentiras y medias verdades”.

“Nuestra meta es limpiar la imagen del departamento. Ella (Parra) está tratando de ensuciarla y tirar lodo”, manifestó el titular durante una entrevista radial en la que aseguró sentir “coraje” ya que la abogada “ha puesto sobre la picota a sobre 300 de sus excompañeros de trabajo”.

Según el secretario, la renuncia de Parra corresponde a que no fue nombrada como fiscal de distrito y que el departamento presentó una moción para descalificarla en un caso del cual tuvo acceso a información cuando dirigió la División de Crimen Organizado.

“De ser fiscal de las víctimas se convirtió en abogada de los traficantes y gatilleros”, tronó Emanuelli Hernández, quien hizo un llamado a la ciudadanía a que “confíen en el Departamento de Justicia y aprendan a diferenciar entre gente seria y aquellos que son charlatanes”.

FUENTE: elvocero.com

23 de noviembre de 2022 - 14:22

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