La familia de Andrea Ruiz Costas asegura que falta camino por recorrer para fiscalizar a la rama judicial

Para la familia de Andrea Ruiz Costas todavía queda “mucho camino por recorrer para fiscalizar a la rama judicial” pese a la renuncia de la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Ingrid Alvarado Rodríguez. El anuncio de la dimisión de la magistrado, quien fue una de dos juezas que vio el caso de la joven, solo ofreció un poco de sosiego al dolor generado por el asesinato de Ruiz Costas, alegadamente a manos su expareja Miguel Ocasio Santiago. “La renuncia de Ingrid Alvarado no nos consuela, pero sí alivia un poco el sufrimiento que hemos vivido a raíz del vil asesinato de Andrea”, manifestaron los familiares hoy, jueves, en declaraciones escritas. La renuncia de Alvarado Rodríguez se produjo en momentos en que la Alianza Pro Trasparencia llevó el caso de acceso a los audios de las vistas de Ruiz Costas con las juezas hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Varias instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, denegaron el pedido para que se dieran a conocer los audios de las vistas que resultaron en que no se le otorgara a Andrea la orden de protección que solicitaba en contra de su expareja. “Falta mucho camino por recorrer para fiscalizar a la rama judicial como lo hacemos con las otras ramas del gobierno. De hecho, esto fue una decisión personal de la jueza y no una rendición de cuentas del sistema como debió ser”, señalaron los familiares, quienes expresaron que Alvarado Rodríguez no “continúe trabajando en ningún puesto público”. Solicitan renuncia de la jueza Sonya Nieves Cordero Por otro lado, los familiares de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado parcialmente quemado en Cayey, opinaron que la jueza Sonya Nieves Cordero, quien fue la primera magistrada en atender el caso de Andrea, también debe seguir los pasos de su correligionaria. “Sonya Nieves debe seguir el ejemplo y renunciar”, reclamaron los familiares que aseguraron que “este país (Puerto Rico) necesita jueces y juezas sensibles y empáticos al dolor ajeno”. La Oficina de Administración de Tribunales hizo una investigación sobre la actuación de las juezas, sin embargo, la pesquisa terminó archivada sin consecuencias para las magistradas. Se concluyó que no se cumplió con el estándar de prueba legal que se requiere para instar un procedimiento disciplinario contra las juezas. “La familia seguirá apoyando la lucha de las mujeres y de los más vulnerables por acceso a la justicia. Los acusados tienen sus derechos pero las víctimas y sus familias también. Nuestra lucha sigue por un país que educa para erradicar estos patrones de violencia, por la transparencia y por el acceso a la información en todos los procesos. No olviden su nombre: Andrea Cristina Ruiz Costas”, concluyeron.