El Ejecutivo confía en que los argumentos que presentará en el tribunal federal -como parte de los litigios bajo el Título III de la ley PROMESA- alejan la posibilidad de un cierre gubernamental.
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La Fortaleza apuesta a que no habrá un cierre de gobierno
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, reiteró ayer que la decisión del gobierno de acogerse al Título III, tras no lograr un acuerdo con los acreedores, es evitar cualquier paralización en los servicios públicos.
“Precisamente, el vehículo del Título III se está utilizando para que el gobierno siga operando y rindiéndole servicios al pueblo puertorriqueño, a los que lo necesitan. En ese sentido, el Título III nos permite reestructurar la deuda y el plan fiscal determinará cuánto de la deuda se puede pagar al servicio público. Se le recortó cerca del 80% a los acreedores. Hay unos acreedores que se han sentado en la mesa de buena fe y han llegado a unos acuerdos y hay otros que han entendido que el gobernador (Ricardo Rosselló) debe separar más dinero para pagarles a ellos. El gobernador ha dicho que separar más dinero implica reducirle servicios a los más vulnerables y él no lo va a hacer”, puntualizó el funcionario.
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