La Junta de Control Fiscal tiene hasta el viernes para cambios en el Plan de Ajuste de Deuda

La confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central es inminente luego de que la jueza Laura Taylor Swain emitiera una orden en la tarde del lunes identificando las discrepancias con el octavo documento que la Junta de Control Fiscal (JCF) necesita corregir para que se pueda confirmar. Junto a esa orden, la jueza incluyó dos escritos adicionales y necesarios para la confirmación del plan: uno de hallazgos de hecho y conclusiones en derecho y el otro, una propuesta de confirmación del documento. Swain le dio a la junta hasta el viernes 14 de enero para someter las revisiones requeridas, por lo que quedaría como la sexta revisión al octavo PAD. Para el abogado de quiebras, Rolando Emmanuelli, la presentación por Swain de estos documentos finales implica que ya ella está satisfecha con el contenido del PAD. “Lo que pasa es que no hay congruencia entre lo que ella sacó con el PAD. Por eso dio hasta el 14 para que la junta someta”, explicó Emmanuelli. Entre las direcciones que dio la jueza en su orden, fue modificar el propuesto tratamiento que provee el PAD para los acreedores con reclamos de condena inversa y dominio eminente para que tengan el derecho a recibir el 100% de su reclamo. De paso pidió se clarifique que los reclamos por condena inversa y dominio eminente no recibirán el mismo tratamiento que reclamos no asegurados para propósitos de distribución. En segundo lugar, la jueza ordenó a la junta a revisar el listado de leyes a invalidar para tornar viable la ejecución del PAD. Aunque esto responde parcialmente al hecho de que el octavo PAD incluyó en ese listado las leyes de retiro 80, 81 y 82, las cuales fueron invalidadas mediante una estipulación con el gobierno. Swain indica en sus conclusiones en derecho, que el mecanismo de invalidación de leyes se justifica para dejar sin efecto aquellas que mantienen obligaciones de pago que el PAD persigue eliminar. Uno de los asesores de la Junta, Gaurav Malhotra, de la firma Ernst & Young, había advertido durante el proceso de confirmación que ciertas leyes fueron invalidadas por requerir más de $3,000 millones adicionales en recaudos este año para pagar. Del mismo modo, Malhotra señaló que las leyes de retiro que cobijan a los empleados públicos, los maestros y los jueces requerirían una inyección adicional de $984 millones para cumplir con los beneficios otorgados. Finalmente, la jueza Swain pidió a la junta que revisara el lenguaje empleado para detallar el proceder de las exculpaciones con relación a la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME), uno de los sindicatos que negoció su apoyo al PAD. Swain concluyó su orden indicando que las objeciones anuladas en el caso y la posición de la junta en cuanto al alcance apropiado del mecanismo de invalidación de leyes y el tratamiento propio de los reclamos de condena inversa y dominio eminente quedarán preservadas para propósitos de apelación. Así las cosas, Emmanuelli anticipó que la participación del Departamento de Justicia Federal (DOJ, en inglés) para defender la constitucionalidad de la ley Promesa (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), se torna académica, pues en su análisis legal, Swain ya determinó que el estatuto es constitucional. “Lo que ocurriría sería que si alguien apela, pues entonces esos planteamientos constitucionales se discutirán en el Primer Circuito y ahí el DOJ interviene en la apelación”, explicó Emmanuelli, cuya oficina legal representa al Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) en el caso de Título III. Insiste en legislación A juicio de Emmanuelli, aún con las correcciones solicitadas por la jueza Swain, el PAD no es confirmable en la medida que impulse cambios a los sistemas de retiro sin una base en ley. De hecho, de las conclusiones en derecho que establece Swain, reconoce la invalidación de las leyes orgánicas del Sistema de Retiro de Maestros (Ley 91 del 2004) y del Sistema de Retiro de la Judicatura (Ley 12 del 1954). Según Emmanuelli, la invalidación de esas leyes es contraria a los requisitos de confirmación que establece la Ley Promesa, que incluye tener legislación habilitadora para llevar a cabo las disposiciones del PAD. “¿Cómo tú habilitas que unos empleados que tenían un plan de beneficio definido pasen a un plan de aportaciones definidas sin que la legislatura lo haya hecho? Ah, porque lo dice el PAD, pero el PAD no es una ley. Si tú dices que el plan es una ley, estás anulando la sección 314 (B)5 que dice que tiene que haber legislación habilitadora”, cuestionó el abogado.