La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) adoptó un protocolo para investigar la emisión y compraventa de los bonos emitidos por el gobierno. Pero los puertorriqueños, que pagan los gastos de ese organismo no conocerán el saldo de esas pesquisas a menos que el ente federal así lo decida.
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La Junta fiscal tiene un método para investigar las emisiones de bonos
El ente federal referirá hallazgos de conducta impropia a las autoridades correspondientes o buscará otros remedios para resarcir el daño
Por años, El Nuevo Día ha reportado sobre la venta de bonos de la Isla a individuos y compañías de inversión en Puerto Rico que, a su vez, vendían participaciones a individuos que no tenían conocimiento suficiente acerca de los riesgos de la deuda del País. En 2013, una vez los problemas fiscales se hicieron más que evidentes, el valor de los bonos de la Isla se desplomó provocando miles de millones de dólares en pérdidas a inversionistas locales y de Estados Unidos.
Los eventos han resultado en querellas y multas millonarias de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, por sus siglas en inglés). En paralelo, en diversas instancias, desde el año 2008, la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha investigado diversas emisiones de bonos del Gobierno, entre ellas, los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Energía Eléctrica y recientemente indaga sobre las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y las Obligaciones Generales de 2014.
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