La junta impone su receta

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se apresta a aprobar, al final de esta semana, un plan fiscal que implementaría de manera inmediata más cambios a las leyes laborales y el ajuste para los planes de pensiones propuesto hace un año, al tiempo que exigirá mayores recortes en los gastos operacionales del gobierno central, supo El Nuevo Día. Ayer, según fuentes de este diario, los asesores y directivos de la JSF daban los toques finales al plan fiscal del gobierno central, que, entre otras cosas, incorpora otros $120 millones en recortes en los gastos del gobierno y pide recortar las pensiones de sobre 100,000 jubilados, así como eliminar, entre otras cosas, el bono de Navidad y las protecciones a los trabajadores del sector privado que sean despedidos injustificadamente. De igual forma, el organismo creado por la ley federal Promesa, completaba la revisión o hacía modificaciones a los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec). A pesar de que fuentes de la Junta habían asegurado que los planes se divulgarían ayer, tarde en la noche se supo que el organismo federal decidió que lo hará durante el día de hoy. Según las fuentes, los planes fiscales que divulgará la JSF serán los documentos preparados por ese organismo. Sin embargo, las fuentes explicaron que, en el caso del gobierno central, “todavía sigue siendo un plan que, en su mayoría, se basa en las propuestas del gobernador”. El Nuevo Día supo que el plan fiscal de la AAA quedó prácticamente inalterado, debido a “la colaboración” que la JSF pudo establecer con la gerencia de esa corporación pública. Una situación similar se habría dado con los planes del BGF y Cossec. “El objetivo de la junta y del gobierno es que la AAA pueda continuar su curso a través del Título VI de Promesa”, dijo la fuente, al agregar que, “en este momento”, no se contempla invocar las protecciones del Título III para esa corporación pública. El Título VI de Promesa permite que el deudor y los acreedores puedan llegar a acuerdos voluntarios. “Las metas del plan siguen siendo las mismas”, reiteró una de las fuentes en referencia al plan del gobierno central. La receta de la JSF De acuerdo con la fuente que conoce de cerca los trabajos del organismo federal y quien solicitó anonimato, la JSF continúa apegada a su receta fiscal y económica por entender que ayudaría a restaurar el crecimiento y la disciplina presupuestaria. Llevar el plan del papel a la acción con un documento certificado según la ley federal Promesa, sentaría las bases para llegar a un entendido con los bonistas, dijo la fuente. La semana pasada, la JSF informó que sesionará por dos días -el próximo jueves y viernes- con el objetivo de certificar los planes fiscales. Según las fuentes, dicha agenda de trabajo continúa inalterada. En la sesión del jueves, se discutirían y certificarían los planes del gobierno central, la AEE y la AAA. Los planes del BGF, UPR, ACT y Cossec serían certificados el viernes. “En el plan de la AEE, una de las diferencias más grandes (con el plan que presentó el gobernador) es que se establece como objetivo una tarifa menor de 20 centavos el kilovatio-hora (kvh)”, agregó una de las fuentes. Reducir la tarifa de electricidad supondría un golpe particular para los bonistas, porque, según la fuente, la cifra de 20 centavos por kvh debe incluir lo que se destinará al pago de la deuda de la AEE, una vez ajustada en la corte. Por lo tanto, el único camino para la AEE sería reducir considerablemente su gasto de generación y distribución mediante fuentes de energía más baratas que el uso de fósiles. Según una de las fuentes, la JSF mantiene como pauta que haya una entidad regulatoria independiente en materia energética y, a esos efectos, reveló que el organismo federal ha entablado conversaciones con líderes legislativos. El diálogo ha ido dirigido a que el proyecto de ley que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió a la Legislatura para crear una nueva junta reglamentadora de servicios públicos establezca que las decisiones de los comisionados de energía no podrán ser revisadas por otros comisionados. “Habrá un proceso de transición para que esa comisión pueda regular ese nuevo sector, no solo para regular a la AEE”, se explicó. De igual forma, supo este diario, el plan fiscal de la AEE requerirá que la corporación adopte un nuevo Plan Integrado de Recursos (PIR), una tarea que requiere del aval de la Comisión de Energía. Inamovible Rosselló Mientras la JSF pulía los documentos ayer, el gobernador reiteraba que no dará paso a ninguna propuesta que suponga una determinación de política pública, en especial, si se trata de ajustar las pensiones. Aunque Rosselló Nevares dijo estar disponible para buscar ahorros adicionales que eviten un recorte que afecte a “los más vulnerables”, indicó que la discusión con la JSF “no está en ese nivel”. “Mi expectativa es que seamos razonables, (que) podamos entender cuáles son los poderes que tiene la JSF y los que tiene el gobierno, y que siempre el objetivo principal sea el bienestar del pueblo de Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares. El gasto público De otra parte, el ajuste adicional de $120 millones en gastos operacionales por parte de la JSF se anticipaba. Si bien, en las pasadas semanas, la JSF y Rosselló Nevares quedaron encontrados por la reforma laboral y el ajuste a las pensiones, el organismo había señalado, en dos cartas de violación a los procesos provistos en Promesa, múltiples deficiencias en los planes de la administración, incluidos los estimados de ahorros que dejarían la consolidación de agencias y los planes de reducción de plazas a medida que se retiran o renuncian los trabajadores (attrition) y por renuncias incentivadas de empleados públicos y el impacto de la reforma contributiva. El problema con impulsar mayores recortes en la operación del gobierno, así como reducir las pensiones, es que se trata de un curso de acción que podría repercutir adversamente en la actividad económica y, por ende, en todas las proyecciones de los planes fiscales. Inicialmente, según el plan de Rosselló Nevares, las reformas estructurales contribuirían a mejorar el producto bruto en aproximadamente 1.5%. Ese supuesto beneficio al agregado económico se haría sal y agua, porque la inyección de fondos federales para la recuperación no tendría efectos duraderos. La ficha de negociación Para la JSF, según las fuentes, hay pocas opciones. Por un lado, aunque el plan contempla la inyección de fondos federales que llegará a la isla en los próximos años, en especial, al programa Mi Salud, esas asignaciones no servirán para desaparecer el déficit presupuestario luego del tercer año del plan fiscal. De igual forma, según las fuentes, si Puerto Rico se presenta en el tribunal sin viabilizar un recorte de las pensiones, se corre “el riesgo” de que, en el proceso de ajuste de deudas con los bonistas, se adopte un ajuste mayor al que se ha propuesto. La deuda con los bonistas ronda los $30,000 millones y la mayoría posee algún tipo de garantía de pago por ley. En cambio, la deuda con los pensionados ronda $50,000 millones y, según las leyes vigentes, no está asegurada y su prioridad es secundaria a la deuda pública. “En ese cuadro, la situación no juega a favor de Puerto Rico”, indicó una de las fuentes.