La Junta de Supervisión Fiscal pacta con acreedores de la AEE

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) llegó a un entendido con los dueños de las líneas de crédito de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el grupo de acreedores que había objetado repetidamente el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) que tenían los bonistas de la corporación pública. Tal y como reseñó este diario en septiembre pasado, el acuerdo con los prestamistas (”fuel lenders”) que financiaron la compra de combustible por parte de la AEE conllevará “un cargo de conexión” y otro cargo que dependerá del consumo de los hogares y las empresas. Ambos cargos se incluirán en la factura de electricidad para pagar los bonos que recibirían estos acreedores, instrumentos que serán libres del pago de impuestos. Sobre todo, los “fuel lenders” preservarían su prioridad de pago, es decir, que cobrarían su parte antes que otros bonistas de la AEE. El acuerdo entre la JSF y los “fuel lenders” supone que el organismo habría logrado pactar con uno de los principales grupos de acreedores reconocidos por el tribunal como partes en el proceso de mediación ordenado por la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain. A su vez, el acuerdo implica que la JSF tendría el respaldo de una clase crítica entre los acreedores para presentar el Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE). Hasta ahora y que se sepa, la JSF solo tenía el respaldo de Vitol Inc., un suplidor de la AEE, que se considera no asegurado y que habría aceptado modificar su reclamación que ronda unos $40 millones. “Los miembros de la (JSF) y nuestros líderes de mediación desean agradecer al equipo de mediación bajo el liderazgo de la jueza Shelley C. Chapman, por su ayuda”, expresó el presidente de la JSF, David Skeel, quien describió el acuerdo como “un gran paso para sacar a la AEE de la quiebra”. “Los prestamistas de combustible proporcionaron a la AEE fondos críticos para comprar combustible y se han sentado a la mesa como un grupo acreedor separado para llegar a un acuerdo asequible que ayude a resolver la quiebra de la AEE”, reza la declaración escrita de Skeel. “Con el apoyo de los (”fuel lenders”), continuaremos negociando con otros acreedores para llegar a un (PDA) que permita a la AEE avanzar y continuar la transformación hacia un sistema energético moderno y confiable”, agregó. El acuerdo entre la JSF y los “fuel lenders” se dio a conocer pasadas las diez de la noche del jueves, apenas horas después de que la jueza Swain concediera otros siete días para que el organismo, las aseguradoras municipales y el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) intercambien la información necesaria que les permitiría llegar a otro acuerdo y que también sería parte del PDA-AEE. De acuerdo con la JSF, los términos precisos del RSA de los “fuel lenders” se afinarían dentro del PDA-AEE, que ahora debe presentarse el próximo 8 de diciembre. Recorte de 16% Según la JSF, los “fuel lenders” habrían aceptado un recorte de unos 16 centavos de dólar en su acreencia, estimada en unos $700 millones. De acuerdo con la JSF, la AEE pagaría la deuda modificada con bonos exentos con una tasa de interés del 6%, aunque no se informó el tiempo de vencimiento. De igual forma, los “fuel lenders” cobrarían unos $15 millones por haberse sentado a la mesa de negociación y los abogados y asesores de estos recibirían hasta $11 millones en honorarios. La tasa de interés que la AEE pagaría en los bonos de los “fuel lenders” sería unos 50 puntos base más baja que la tasa que la JSF ofreció a este grupo de acreedores en junio pasado, según documentos divulgados por el gobierno. Empero, partiendo de la declaración de la JSF, no está claro si la AEE tendría que hacer otros pagos o concesiones como parte de la modificación pactada con los “fuel lenders”. Hasta junio pasado, según las ofertas y contraofertas divulgadas por el gobierno, el principal adeudado a los “fuel lenders” rondaba $698 millones. Pero estos también reclamaban otros $289 millones en intereses acumulados. Entonces, los “fuel lenders” proponían que se les pagara en bonos y también con un Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés) parecido al mecanismo empleado en el PDA del gobierno central. Según aquella propuesta, que consideraba lo pactado por la JSF en el 2019, el PDA-AEE habría resultado en un aumento de 5.21 centavos por kilovatio hora (kvh) en la tarifa eléctrica solo para pagar a los bonistas de la AEE y “fuel lenders”. De ese total, 0.44 centavos kvh iría a los “fuel lenders”. Aparte de ese aumento, quedaba en el tintero lo que tendría que pagarse a acreedores no asegurados y las pensiones de la AEE. Las ofertas y contraofertas del proceso de negociación de la AEE que se divulgaron en septiembre pasado y que no necesariamente serán parte del PDA-AEE que se concrete ahora, contemplaban entonces, pagos a bonistas y “fuel lenders” que se extenderían hasta 50 años. Asimismo, la AEE tendría que crear diversas reservas para garantizar los pagos a estos acreedores. Entre estas, se requería una reserva para acumular hasta 1.2 veces los pagos anuales del servicio a la deuda. De regreso al principio En cierto modo, el acuerdo entre la JSF y los “fuel lenders” evoca las movidas que el gobierno y la AEE utilizaron en el 2015, cuando Alix Partners y su ejecutiva Lisa Donahue, intentaron reestructurar las obligaciones de la corporación pública. Entonces, cuando no existía la ley Promesa, Donahue consiguió que bonistas y “fuel lenders” entraran en un mismo acuerdo, que posteriormente fue anulado. En aquel momento, se hablaba de que los bonistas estaban dispuestos a recortar el 16% de su acreencia. De hecho, el primer incumplimiento de la AEE se produjo en marzo de 2014, cuando la corporación pública no pudo pagar tales líneas de crédito a los bancos locales que le apoyaban entonces, entiéndase Scotiabank de Puerto Rico, Banco Popular, First Bank y Oriental. En el 2019, la JSF consiguió pactar con un grupo mayoritario de bonistas de la AEE y una de las aseguradoras municipales que garantiza dicha deuda, pero los “fuel lenders” quedaron fuera de ese entendido. Dicho acuerdo fue canceladopor el gobernador Pedro Pierluisi en marzo pasado, evento que resultó en la ronda de negociaciones en curso. La jueza Swain ha expresado su interés de que el PDA-AEE sea confirmado para junio de 2023.