La Junta de Supervisión Fiscal pacta con los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) enmendó nuevamente el octavo Plan de Ajuste (PDA) para traer al redil al único grupo de bonistas que todavía cuestionaba la modificación de deudas propuesta para el gobierno central: los acreedores del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF). En la noche del domingo, el organismo fiscal presentó a Swain un segundo borrador de la orden que la jueza de distrito federal a cargo de los Casos de Título III emitiría en caso de que concluya que el PDA es conveniente para los bonistas y para Puerto Rico. Como parte de las enmiendas, la JSF modificó el texto de la orden para reflejar las observaciones de varios acreedores, así como para incluir a los bonistas de la Autoridad para la Recuperación de la Deuda (DRA, en inglés), la entidad que se creó para gestionar las deudas por cobrar del fallido BGF y a su vez, pagar a los acreedores. El acuerdo con los bonistas de DRA prácticamente dejaría a un lado las objeciones más significativas que quedaban en torno al PDA. “La JSF ha trabajado durante más de cuatro años para negociar acuerdos consensuados con diversos grupos de inversores, a fin de de reducir la deuda del gobierno a un nivel que sea sostenible para Puerto Rico, y así resolver los reclamos de los acreedores y eliminar una enorme carga para las futuras generaciones”, indicó en declaraciones escritas la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko. “El apoyo de las partes interesadas es esencial para dar fin a la quiebra de Puerto Rico. Cuantas más clases de acreedores apoyen el (PDA) propuesto, más manejable será nuestro camino hacia la confirmación y Puerto Rico podrá pasar la página más rápido”, agregó la ejecutiva. Luego de que la JSF consiguiera el práctico respaldo de la mayoría de los bonistas, los acreedores del DRA planteaban que el PDA perjudicaría sus intereses, en especial, porque el pago de estos depende de que agencias y municipios continúen pagando los préstamos que tenían ante el BGF, entre éstos, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Según el organismo, con el nuevo pacto, la DRA recibirá distribuciones que pondrían fin a sus reclamaciones contra el gobierno central. Como parte de dicho acuerdo, los bonistas de la DRA también recibirán como pago, parte de los bonos que emita la ACT, cuando posteriormente, se reestructure la deuda de dicha corporación pública. Estos acreedores también recibirán $15 millones de compensación por respaldar el PDA. Al igual que los demás abogados, asesores, bancos de inversión y oficiales de gobierno que intervinieron e intervienen en el proceso de reestructuración de los gobierno central, las figuras que ejercen tales funciones para el DRA también quedan exculpados de cualquier acción. Además, en cuanto a un futuro Plan de Ajuste de la ACT, la ARD recibirá una partida correspondiente a los bonos que posee, así como una recuperación contingente basada en los reclamos de reembolso presentados y, tras la confirmación y consumación de dicho Plan de Ajuste de la ACT, una cuota de restricción de $15 millones por haber aceptado apoyar dicho Plan.