La representante Lisie Burgos guarda silencio tras querella en su contra por la Comisión de Ética

La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, no quiso emitir comentarios ayer sobre la querella que tendrá que enfrentar ante la Comisión de Ética de la Cámara tras mantener como directora de su oficina legislativa a una persona que a su vez fungía como directora de un colegio educativo en Carolina. Tras salir de una reunión de la Comisión de Ética de la Cámara y al ser abordada por la prensa, Burgos Muñiz se limitó a decir que “no voy a hacer declaraciones de absolutamente nada en este momento”. “Con mucho gusto, luego de este proceso haré todas las declaraciones”, afirmó quien resultó elegida como representante en las elecciones generales de noviembre de 2020. Mientras, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, informó durante los trabajos de la sesión ordinaria que radicó la querella formalmente ante la Comisión de Ética. Sin embargo, esta no incluye a la exdirectora de la oficina legislativa de Burgos Muñiz y directora del colegio Kid’s Kingdom & James Christian, Janise Santiago, quien renunció a su puesto en la Legislatura el 27 de enero. El líder cameral explicó a la prensa que al Santiago Ramos renunciar, ya no tiene jurisdicción sobre la ahora exfuncionaria. “Ahora comienza el proceso de investigación. La Comisión de Ética determina si más allá de lo que nosotros hemos solicitado, hay otro tipo de elementos que ellos puedan identificar. Esto acaba de comenzar”, advirtió Hernández. “La falta es que Santiago esté trabajando en los dos lados, que esté facturando al erario mientras está haciendo alguna actividad desde un punto de vista privado, en una nueva versión de empleados fantasmas”, afirmó el legislador, al señalar que también incurriría en una falta “cualquier persona que trate de levantar las causas personales de alguna empresa o institución a la que pertenece, pero obviamente, eso se tiene que probar”. El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, aseguró que Hernández tomó una decisión correcta en cuanto a Burgos Muñiz. “La comisión tendrá que atenderlo adecuadamente, según sus criterios y determinaciones”, afirmó. Hernández anunció que se aprobaron dos nuevas órdenes administrativas para evitar que situaciones como estas se repitan. Una de ellas es para establecer requisitos mínimos de divulgación por parte de personal de la Cámara sobre actividades extralegislativas, mientras que la otra busca establecer un reglamento sobre los trabajos de manera remota. “Esta Cámara de Representantes ha demostrado con acciones que no hay doble vara, que se hacen las cosas bien y que se atienden. No se están desviando, se están atendiendo. Algunas tendrán sanciones y algunas obviamente -Dios quiera y no ocurra- requerirán la expulsión (del cuerpo legislativo). Esperamos no sea el caso en este cuatrienio, pero no nos va a temblar la mano si hay una decisión final por parte de los foros correspondientes como la Comisión de Ética”, indicó el presidente de la Cámara. Lo próximo Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García, indicó que la querella contra Burgos Muñiz será atendida en una reunión pautada para el próximo 15 de febrero. Ese mismo día se tomará la decisión sobre la sanción aplicable contra la representante Wanda del Valle por radicar de manera tardía su informe financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). “Hemos encontrado causa y hemos determinado sancionar a la compañera (Del Valle). La sanción será preparada en estas próximas dos semanas para ser votada en comisión y ser llevada al pleno”, mencionó Matos García. De igual manera, el legislador mencionó que las dos querellas que quedaban pendientes contra la representante Mariana Nogales, representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), fueron desestimadas. Una se relacionaba a su participación en una protesta en el Capitolio y la otra a su informe financiero. También fue desestimada una querella presentada por el secretario de la Cámara, Javier Gómez Cruz, en contra del superintendente del Capitolio, César Hernández Alfonzo, por radicación tardía de su informe financiero ante la OEG. “Para los ojos de Ética radicó 21 días tarde, pero radicó. Analizada la prueba, hemos determinado desestimar la misma porque fue una radicación de tres semanas más tarde y fue llenada en orden”, mencionó el representante Matos García. En cuanto a la querella presentada al representante novoprogresista por el Distrito 9 -que comprende los municipios de Bayamón y Toa Alta-, Er Jazzer Morales, por no radicar el informe financiero de 2019, también se desestimó por falta de jurisdicción. “Eso fue del pasado cuatrienio”, aseveró el presidente de la Comisión de Ética.