Las finanzas de la CEE se ven impactadas por los recientes actos de corrupción

Desde marzo del año pasado, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ha gastado aproximadamente $72,496.92 en cinco elecciones para llenar vacantes de funcionarios que fueron arrestados o convictos por corrupción. La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, dijo que, en cada uno de esos eventos, el ente electoral ha trabajado con recursos internos, aunque reconoce que ha habido erogación de gastos públicos. En marzo del 2021, solo tres meses después de las elecciones generales, la CEE realizó una elección especial para llenar la vacante del exrepresentante Néstor Alonso, quien fue hallado culpable de corrupción, el lunes, por un jurado federal. En este caso, por tratarse de un representante por acumulación a nivel isla, los gastos fueron mayores que los de otras elecciones y ascendieron a $56,075.90, informó la CEE. Luego, en diciembre del 2021, la CEE comenzó a prepararse para la elección en la que se buscaría un sustituto para exalcalde de Cataño Félix “El Cano” Delgado. La elección quedó anulada luego de que solo quedase un candidato y no se cuantificaron los gastos, contó Padilla Rivera. Le siguió la elección para llenar la vacante del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero, que tuvo un costo de $4,484. Después, la CEE se vio obligada a celebrar dos elecciones adicionales para escoger a los respectivos alcaldes de Hatillo y Guayama. En este último pueblo, el exalcalde Eduardo Cintrón fue convicto de participar en un esquema de sobornos y comisiones ilegales. En el caso de Hatillo, el alcalde se retiró por razones de salud. Ambas elecciones costaron a la CEE $7,937.02. Ahora, el próximo domingo, la CEE debe llevar a cabo dos elecciones adicionales tras la salida de Reinaldo Vargas, como alcalde de Humacao; y de Javier García Pérez, como alcalde de Aguas Buenas, tras ser acusados de corrupción. En estas elecciones, la CEE ya ha gastado $4,000. Sin embargo, la presidenta alterna de la CEE destacó que el impacto de la corrupción no solo es económico, sino “moral”, cuando se trata de funcionarios que deben ser sustituidos en sus cargos tras fallarle al pueblo. “Más que un impacto económico, yo lamento que tenga principalmente un impacto moral porque, ciertamente, cuando un elector emite un derecho tan importante, como lo es el derecho al voto, es una confianza ciega que le damos a un funcionario público para que trabaje conforme a los más altos estándares éticos que esperamos de él”, sostuvo. Recordó que, en la medida que la CEE trabaje con elecciones o eventos más allá de los que se producen cada cuatro años, hay un impacto “porque son recursos económicos y humanos que hay que emplear con relación a esa elección”. “Pero yo, como jueza y como presidenta alterna de la Comisión, entiendo que, más que un impacto económico, el detrimento es el impacto moral que tenemos en nuestros funcionarios públicos, donde los electores hemos depositado una confianza ciega esperando que esas funciones se lleven a cabo o se desarrollen con el más alto estándar ético”, recalcó. La corrupción toca a las JIP Además, reveló que los cambios de alcaldes a causa de actos de corrupción, la frágiles finanzas de los municipios y la burocracia del gobierno han incidido en la tarea de reducir a 12 las juntas de inscripción permanente (JIP) y reubicarlas en lo que se denomina como Centros de Servicios Integrados (CESI). Hasta el momento, y cuando solo quedan días para que venza el plazo que otorga el Código Electoral para reducir las JIP, la CEE aún no ha hallado, de manera oficial, un local para establecer las JIP que deben estar en Aibonito, Guayama y Humacao. En estos últimos dos pueblos, los exalcaldes Eduardo Cintrón y Reinaldo “Rey” Vargas, respectivamente, se vieron obligados a renunciar tras enfrentar cargos federales por corrupción. “Yo confío, en el mejor escenario, que, para el 30 de junio, podamos tener identificados los 12 locales para las 12 regiones”, apuntó la funcionaria. Padilla Rivera indicó que, en Humacao, ya habían identificado una oficina para ubicar la JIP que daría servicio a parte de los electores de la región este. Sin embargo, contó la jueza, “por la situación que hubo con el alcalde de Humacao no pudo concretizarse”. Precisó que habían acordado con Vargas ubicar la JIP en el centro cultural de Humacao, pero no llegaron a formalizar el acuerdo. La vacante de Vargas será llenada este próximo domingo mediante una elección especial que efectuará el Partido Nuevo Progresista (PNP). Ese mismo día, también se elegirá al nuevo alcalde de Aguas Buenas, que sustituirá a García Pérez, quien también enfrenta acusaciones por corrupción. “No sabemos si el nuevo alcalde (de Humacao) que se elija nos ofrezca el mismo local o esté de acuerdo con que podamos materializar el acuerdo que hubo con el alcalde anterior”, sostuvo Padilla Rivera. En el caso de la JIP a ubicarse en Guayama, hubo acuerdos con el alcalde interino, dijo Padilla Rivera. Pero el lugar seleccionado, un centro comunal, no resultaba muy accesible para los electores. “Ahora, lo estamos tramitando con el alcalde electo, un lugar más céntrico para los electores no solo de Guayama sino los que comprenden la región”, afirmó la presidenta alterna de la CEE. En cuanto a Aibonito, dijo que seleccionaron un lugar que pertenece a la Autoridad de Edificios Públicos. “Estamos a la espera de que Edificios Públicos nos conteste -toda vez que ellos son una junta de gobierno- que ese local puede ser usado por la CEE libre de costo. Si no, tenemos identificado un lugar que la CEE ya lo visitó”, sostuvo. Las finanzas de los municipios también han estado presente al momento de seleccionar locales para reducir a 12 las 94 JIP establecidas en 81 locales. A tono con el mandato del Código Electoral, la CEE adoptó el modelo de la Administración de Tribunales para reducir las JIP. Decidieron colocarlas en Aguadilla, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Aibonito, Bayamón, San Juan, Caguas, Humacao, Guayama, Utuado y Ceiba. Padilla Rivera dijo que, en el caso de Utuado, hubo un “tranque” por el impacto que habría en el presupuesto de ese pueblo. “Toda vez que estamos pidiendo locales libres de costo, eso no es poca monta. Ellos (los alcaldes) tienen que identificar presupuesto en sus municipios”, indicó. Asimismo, señaló que los municipios de Mayagüez, Bayamón y Caguas han aportado fondos para acondicionar lugares en donde ubicarán las JIP. “Son municipios que, aunque hemos tardado en la identificación de los locales, es porque están comprometidos con la CEE y con sus electores para que sea un buen local”, dijo Padilla Rivera. El Código Electoral establece la reducción a las 12 JIP para este próximo 30 de junio y tener listo un Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI), así como un registro electoral electrónico para no más tarde del 1 de julio de este año, lo que ya el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer ha dicho que no cumplirán con los términos que son “muy ambiciosos”. Padilla Rivera destacó que, al conseguir locales, buscan dos oficinas: una para la JIP y otra para lo que será el CESI. Para consolidar oficinas de la JIP, toman en consideración la cantidad de transacciones diarias y los gastos en agua, luz y telefonía. Padilla Rivera reveló que hay JIP -como las de Loíza, Canóvanas y Trujillo Alto- que, en promedio, realizan dos transacciones diarias. “Tenemos meses que las transacciones son cero”, afirmó. Una vez sean una realidad la reducción de las JIP a 12, una de las tareas de sus empleados será culminar con el proceso para digitalizar más de seis millones de tarjetas electorales. “Y esto tiene una fecha cierta. Tenemos que terminar con ese proyecto antes de junio del 2023 y es mucho lo que resta de trabajo por digitalizar”, puntualizó Padilla Rivera.