Legislan más ayudas para los servidores públicos

Mientras miles de empleados del sector privado, cientos de empresarios y trabajadores por cuenta propia no han recibido un centavo para hacer frente a las órdenes de distanciamiento físico y cierre de negocios para atajar el coronavirus, un proyecto de ley permitiría a los empleados públicos retirar sus ahorros de la Asociación deEmpleados del ELA (Aeela). La medida, que lleva la firma de cinco representantes, propone que los empleados públicos puedan retirar hasta el 20% de sus ahorros para hacer frente a las peripecias económicas que habría causado la pandemia. La pieza fue radicada por los representantes José Orlando González Mercado, Lourdes Ramos Rivera, Jackeline Rodríguez Hernández, Urayoán Hernández Alvarado y José A. Banchs Alemán y está ante la consideración de la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano, que preside Ramos Rivera. Según la exposición de motivos del proyecto cameral 2511, la medida es cónsona “con nuestro deber de proveer soluciones a los problemas que enfrentan nuestros servicios públicos” y permitiría a los empleados del gobierno acceder a sus ahorros en Aeela en caso de que se decrete “una pandemia”. Para ello, dice el proyecto de ley radicado el pasado 11 de mayo, la asamblea de delegados de Aeela redactaría una determinación administrativa “expedita” y el retiro que haga el empleado no tendrá cargos por intereses y tampoco estará sujeto a “cualquier tipo descuento por concepto de deudas, excepto las relacionadas a la obligación de alimentar a hijos y parientes”. La legislación surge a pesar de que, en principio, los empleados públicos no habrían experimentado la pérdida de su sustento por causa del coronavirus. Desde el pasado 15 de marzo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó el cierre forzoso de negocios no esenciales y un toque de queda, la mandataria también ha autorizado que los empleados públicos continúen recibiendo su salario y acumulando sus licencias o tiempo compensatorio aunque no hay evidencia de que estos -salvo el personal de primera respuesta- estén cumpliendo con sus funciones. Hace poco más de una semana, el senador William Villafañe propuso que los empleados públicos que hayan acudido a trabajar a sus centros de trabajo durante el período de encierro y que no hayan recibido los bonos otorgados al personal de primera respuesta también reciban un bono de $500. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tronó contra esa pieza al insistir en que miles de empleados del sector privado ni siquiera han recibido los beneficios por desempleo a los que tienen derecho. Una medida \"innecesaria\" En esta ocasión, la oposición al proyecto cameral 2511 surge desde la propia Aeela. La presidenta de la asamblea de delegados de AEELA, Mirthia Cruz Cabrera, señaló que la medida sería contraproducente al servidor público, pues al presente, AEELA representa el único vehículo de ahorro constante que tienen estos trabajadores para su jubilación. La servidora pública destacó que el año pasado, la asociación -que se apresta a cumplir 100 años de existencia-pagó un dividendo de 4.7% a sus socios, un rendimiento que dista de las tasas de interés decimales que paga la banca comercial y las cooperativas de ahorro y crédito. “Esto es completamente innecesario”, dijo Cruz Cabrera. “Todos los empleados públicos están cobrando”. Cruz Cabrera sostuvo que tan pronto surgió la pandemia del coronavirus, la asamblea de delegados aprobó un préstamo de emergencia, además de otros financiamientos de este tipo ya vigentes, para que aquellos socios que se vieran afectados económicamente por la crisis de salud pudieran acceder a efectivo. La servidora pública recalcó que -a la fecha- no conoce de ningún caso donde un socio haya acudido a AEELA por haber perdido su sustento como resultado del período de encierro que ya marca casi 10 semanas. Agregó que como resultado de la crisis sanitaria, AEELA ha concedido moratorias para hipotecas y tarjetas de crédito, lo que supone otro alivio para el empleado público. Ello, porque al suspender el descuento quincenal correspondiente a tales préstamos, el empleadopúblico ve un aumentoen su cheque mientras dure la suspensión de pagos. A preguntas de El Nuevo Día en torno a las motivaciones detrás del proyecto, Cruz Cabrera sostuvo que este podría ser otro intento del gobierno para “meter las manos” en AEELA, por tratarse de una organización en manos de empleados públicos que se encuentra solvente. “Siempre el gobierno ha querido meter las manos en el dinero de los socios de AEELA. Ese dinero no es de más nadie. Creo que esto viene de una parte política o de gente que quiere trastocar AEELA, metiendo personas que no elegidas por los propios socios como hicieron antes”, dijo Cruz Cabrera, quien hizo un llamado a los legisladores a no dar paso a la medida.

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