Legislatura cede su poder para reducir las agencias de gobierno

La Asamblea Legislativa le cederá su poder al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que haga, como mejor le parezca, la prometida consolidación y reducción de agencias. El proyecto de administración a esos fines se presentaría hoy en ambos cuerpos cuando arranca la sesión legislativa interrumpida por el paso del huracán María. El gobernador hizo el anuncio ayer en una mesa redonda con periodistas, pero pidió embargo hasta que se presentara la medida de la que no se le dio copia a la prensa. Según detalló el mandatario, la idea de ceder la facultad de hacer cambios en las agencias provino del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz como una medida para agilizar el proceso y no se negoció ni se pidió nada a cambio. “Va a ser una ley que va a facultar al gobernador, que le hace una delegación de poderes al gobernador para que mediante orden ejecutiva haga los cambios a la rama ejecutiva... hasta tanto y en cuanto en algún momento en el futuro, cuando digamos que pase el tiempo en que esta ley tenga vigencia, se haga otro cambio o algún otro ejecutivo haga otro cambio”, dijo Rosselló Nevares. De esta manera cumple con su plan de reducir el tamaño del gobierno de 131 agencias que existen actualmente a entre 35 a 40 como máximo. A su juicio lo que cambia es “el mecanismo para hacerlo de manera más eficiente dentro de la emergencia”. “El objetivo siempre fue ir rompiendo (sic) lo que eran los programas del gobierno, de los distintos servicios que se daban y preguntarnos cuáles eran duplicados para integrarlos, cuáles de esos servicios se podían externalizar, cuáles no eran necesarios (e) incluir alguno que fuera necesario de cara al futuro”, declaró. El proyecto dispondrá que un total de 15 agencias no se pueden modificar ya sea por disposición constitucional o porque cuentan con autonomía propia o son entes fiscalizadores. Las agencias que están protegidas por la Constitución son los departamentos de Estado, Justicia, Hacienda, Educación, Trabajo, Transportación y Obras Públicas, Desarrollo Económico, Salud y Agricultura. Las otras que no se cambiarán son el Panel del Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina del Contralor Electoral y la Universidad de Puerto Rico. Adicional a esas, tampoco se harán cambios en las corporaciones públicas que ya tienen un Plan Fiscal aprobado o están acogidas al Capítulo III de Quiebras dentro de la Ley federal Promesa, ya que esas tienen encaminados sus procesos de reconstrucción, dijo el gobernador. Todas las procuradurías estarán bajo evaluación y Rosselló Nevares no descartó que se consoliden sus respectivas funciones con las de otras agencias. Mientras, los proyectos que estaban bajo consideración de la legislatura -como la consolidación del Departamento de la Familia y el de Seguridad Pública- se dejan sin efecto para que los cambios se hagan mediante orden ejecutiva. De hecho, el único estimado de ahorros con los ajustes en las agencias es el de unos $50 millones que ya se había difundido con esos dos proyectos de ley. Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, dijo que la idea es que se reduzcan gastos, se mantengan los servicios públicos, a la vez que se promueve la economía. El funcionario aseguró, además, que no se afectarán programas que reciban fondos federales y que tampoco implica el despido de empleados públicos. Mientras, Rosselló Nevares indicó que habrá programas que se deleguen a Alianzas Público Privadas, pero no adelantó cuáles serían más allá de lo que anunció en conferencia separada relacionado a la generación de energía eléctrica y de transportación marítima. Proyecto de emergencia Por otro lado, Rosselló Nevares también presentará hoy otro proyecto de administración de respuesta en caso de emergencia La medida incluirá muchas de las órdenes ejecutivas que el mandatario aprobó desde el paso del Huracán María para que se activen de forma inmediata en caso de que ocurra una nueva catástrofe incluyendo la activación de un comité de respuesta preestablecido con anticipación. “La idea de todo esto… (es) coger todas las lecciones aprendidas, todas las órdenes ejecutivas y lo que habíamos visto sobre este proceso y aprender de estas mejores prácticas que se implementaron, como en Katrina, y hacer una ley de emergencia para que, en caso de que esto vuelva a ocurrir, tengamos una hoja de ruta para ejecutar”, declaró el gobernador. Del mismo modo, la ley incluiría cancelación de convenios colectivos durante el periodo de emergencia, la flexibilización de compras gubernamentales y se extendería seis meses el periodo para poder tomar vacaciones. “Algunas veces los convenios tienen horarios establecidos, tienen funciones establecidas y en la emergencia todo el mundo tiene que hacer de todo y esas regulaciones, incluso la paga adicional y el pago por hora o compensatorio, dejarlo sin efecto... sería en favor del trabajador y del servicio”, dijo Rosario. La medida, cuyo texto tampoco se distribuyó, establecería un cuerpo de auditores que velen por la entrega adecuada de suministros. También se le exigiría a los hospitales, égidas y otras instituciones que tengan un plan de contingencia listo que incluya por obligación equipos de generación de energía y sus respectivas reservas de combustible por hasta siete días para que no haya que hacerles entrega cada dos días, como sucede ahora. En términos de contribuciones se autorizaría al secretario de Hacienda a establecer cambios temporeros en los códigos, tales como eliminar o reducir tasas de intereses o penalidades en el retiro de cuentas IRA “para fomentar la recuperación de los individuos”, según explicó el mandatario. En el área de telecomunicaciones se dispondrá que un funcionario podrá entrar a cualquier lugar privado para reparar una línea que esté rota y se le releva la responsabilidad. Rosselló Nevares dijo que se establecerá una reciprocidad en servicios de salud con quienes ayuden en la emergencia y se facilitará la entrada de cuerpos de paz, entre otras medidas. El primer ejecutivo enfatizó que busca tener listas las medidas “de antemano”.