Los maestros piden paralizar el Plan de Ajuste de la Deuda

De cara a la entrada en vigor del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) el 15 de marzo, tres asociaciones de maestros notificaron a la jueza de quiebra Laura Taylor Swain sus intenciones de retar la confirmación del acuerdo ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y las organizaciones magisteriales Educamos y Únete solicitaron que se paralice el PAD en lo que se atiende la apelación en el primer circuito de Boston. Ayer, la jueza Swain autorizó atender de forma urgente la solicitud de paralizar el PAD, pautando la fecha del 9 de febrero como límite para recibir respuestas y el 15 de febrero para réplicas. Posteriormente, tomará una decisión respecto a la solicitud, sin descartar la posibilidad de celebrar una vista. En su escrito solicitando la paralización, los maestros plantean que la corte aplicó erróneamente la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) en cuanto a las leyes locales invalidadas y que el PAD incumple con el requisito de contar con legislación que habilite todos los componentes del mismo. Específicamente, sostienen que la ley Promesa no se puede emplear para invalidar las leyes de retiro sin contar con legislación que reemplace esos estatutos. “Ahora, en el borde del sexto año de existencia de la Junta (de Control Fiscal), ellos esperan que esta corte pase por alto ese hecho innegable y mirar a otro lado mientras intentan crear un nuevo sistema de retiro de la nada, sin legislación habilitadora y una lista de deseos de provisiones específicas”, reza la moción. El escrito advierte que los maestros sufrirán daño irreparable de entrar en vigor el PAD pues se exponen a perder, en algunos casos, hasta miles de dólares en beneficios mensuales bajo el nuevo sistema de aportaciones definidas que impone el plan de ajuste, lo que podría desatar un éxodo masivo de educadores antes del 15 de marzo. “Al congelar las pensiones de los maestros, establecer el concepto de aportaciones definidas, y aumentar la edad de retiro a 63 años, como establece el PAD, tiene el efecto de aplicar un recorte de entre 35% y 40% a las pensiones futuras de los maestros. Es decir, si un maestro se retira hoy su pensión sería de $1,875 por mes (sin seguro social, sin plan médico, sin bono de Navidad, sin bono de medicamentos)”, plantearon en el escrito. Además, establecieron que “si se implementa el plan confirmado, ese mismo maestro mañana tendría una pensión de $1,000 al mes (un recorte mensual de $875), con el agravante añadido que al retirarse a la edad de 63 años el costo de vida será mucho más alto que lo es ahora”. El escrito fue elaborado por los abogados Jessica Méndez Colberg y Rolando Emmanuelli Jiménez. Desde que se aprobó el PAD el pasado 18 de enero, los gremios magisteriales del sistema de educación pública han reiterado sus objeciones y desde esta semana algunos han iniciado manifestaciones a través de ausencias concertadas, denominadas el “teacher flu”, con 4,429 ausencias el martes y ayer se reportaron más ausencias. El secretario interino de Educación, Eliezer Tramos Parés, dijo ayer que reconoce los reclamos que están haciendo los maestros de un mejor salario, pero les pidió que prioricen la educación a los estudiantes. “Reitero el llamado a que hagan su reclamo, que es válido, pero que, a su vez, prioricen la educación de nuestros niños, son ellos quienes más se afectan tras las ausencias en las salas de clases lo que podría atrasar los adelantos que hemos alcanzado desde que iniciamos clases presenciales”, manifestó Ramos Parés, y los convidó a “auscultar otras estrategias para alzar su voz, pero no afectar a la razón de ser del sistema”. En cuanto al retiro de maestros –el principal reclamo ante la jueza Swain- también reconoció que la situación tras la aprobación del PAD “podría representar un número significativo de retirados”. “Una de las alternativas que estamos considerando es contratar a maestros jubilados para garantizar que hayan educadores en cada escuela del sistema. Seguiremos evaluando alternativas para atender esta situación de forma responsable”, indicó el funcionario. Reclamó que el nivel de ausencia ayer fue menor y que hubo 89% de presencia de los maestros en las aulas, que son 20,117. Educación cuenta con 22,909 educadores. A presentar información contratistas de la junta Mientras tanto, en la vista ómnibus celebrada ayer en relación a la quiebra del gobierno de Puerto Rico, la jueza Swain atendió planteamientos hechos por la junta fiscal, el examinador de tarifas - representado por el bufete Godfrey & Kahn - y el Síndico de los Estados Unidos con relación a una moción conjunta informativa sobre la aplicación de la recién aprobada Ley de Exactitud en las Divulgaciones para la Recuperación de Puerto Rico (Prrada, en inglés). En una orden emitida posterior a la vista, la jueza ordenó a todos los profesionales que someten solicitudes de compensación de honorarios a la junta fiscal a no presentar más reclamos de pago hasta tanto radiquen las divulgaciones requeridas por Prrada. Por ley federal, esas divulgaciones deben indicar aquellas conexiones que tengan los profesionales y asesores con aquellas partes que tengan un interés sustancial sobre el caso de quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La junta fiscal, en cambio, tendrá hasta el 22 de febrero para someter el listado de Partes Sustancialmente Interesadas (MIP en inglés), escrito que deberá incluir los deudores, acreedores y otras partes con interés en el caso, al igual que sus respectivos abogados y asesores. También incluye a los empleados de la junta y de la Oficina del Síndico de Estados Unidos.